Algunos transportistas confiesan que no han denunciado por temor a ser detenidos. Lamentan que no han recibido “ayuda de nadie” y que algunos de ellos no han terminado de pagar las cuotas de préstamos que pidieron para adquirir las unidades ahora confiscadas.
Caracas. Ni las cartas ni la conversación directa con el fiscal general – designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) – Tarek William Saab, en la que le explicó sus problemas de salud, le sirvieron a Amanda* para recuperar la unidad de transporte que le pertenece y que lleva un año retenida por las autoridades.
Durante un acto público realizado en Parque Carabobo en abril de 2025, la mujer le relató al fiscal que es paciente oncológica y que tanto su tratamiento médico como el sustento de su hija y los gastos diarios dependen de ese vehículo.
Asegura que esa misma noche recibió una llamada desde la fiscalía. Sin embargo, no se concretó ninguna atención a su caso. Aunque ya cuenta con una boleta que autoriza el retiro de su vehículo, aún no se lo han devuelto.
“En octubre tuve una recaída. He tenido que dedicarme a distintas cosas como venta de comida, hielo, pero por mi enfermedad no se me hace fácil”,
expone.
A su unidad la retuvieron funcionarios de seguridad mientras prestaba servicio en Guarenas. Los pasajeros se dirigían a un acto del excandidato presidencial Edmundo González Urrutia en esa ciudad.
“Detuvieron la camioneta por una hora y luego se la llevaron. Eso fue el 31 de mayo del año pasado”, recuerda.
Sin respuesta
Como Amanda, casi 50 transportistas se han visto afectados. En muchos casos insisten en que sus vehículos ni siquiera estaban en circulación al momento de la retención.
En abril de 2025 se les pidió a quienes formalizaron la denuncia que entregaran todos los documentos necesarios para evaluar los casos y devolver las unidades.
“Al principio teníamos conocimiento de 48, pero regresaron 28. La mayoría de los que queda los han querido meter en casos políticos”, asegura la abogada que lleva el caso quien a su vez recalca que esta acción vulnera los derechos de los dueños de los transportistas cuyo sustento se ve perjudicado al quitarles su medio de trabajo.
Subraya que estas detenciones atentan contra el derecho a la propiedad, al trabajo y al debido proceso.
Del rebusque
Trabajar como taxistas, vender comida o manejar en rutas ajenas son algunas de las alternativas que han buscado los dueños de los vehículos, que llevan entre 11 meses y un año retenidos en Maripérez.
“Yo tengo ocho hijos”, explica Jonas, quien desde hace 11 meses espera que le regresen su vehículo que le fue retenido por estar “fuera de ruta”.
Insiste en que la acusación es falsa, pues su unidad estaba guardada cuando los funcionarios llegaron a llevársela.
En este sentido, aclara que, de estar fuera de ruta, lo que correspondería sería una sanción administrativa por parte del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y no la retención del vehículo, lo cual califica como un procedimiento irregular.
Además, esta situación afecta también a los “avances”, como se les llama a los conductores y colectores que operan estas camionetas.
Miedo a la denuncia
“Yo no he denunciado porque me da miedo quedar preso. Imaginate, afectado y preso. Prefiero quedar en la calle y solventar de otro modo”, sostiene Ander* uno de los transportistas.
Asegura que muchos de sus compañeros tienen órdenes de entrega desde agosto de 2024, pero los vehículos siguen sin ser devueltos.
“Uno queda con la idea. En estos días le presté un servicio a una estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Cuando me dijo casi la bajo porque me dio miedo por lo que podía significar”, relató.
Su temor tiene origen en lo que ocurrió durante las elecciones presidenciales de julio de 2028, cuando perjudicaron a algunos transportistas por trasladar —sin saberlo— a estudiantes de la UCV.
Los entrevistados por Crónica Uno, quienes pidieron mantener su anonimato por temor a represalias, denuncian que sus vehículos han sido utilizados en distintas rutas sin su consentimiento.
“La mía ha sido llevada hasta la cárcel de El Rodeo”, dice uno de los dueños cuya unidad cubría la ruta de El Llanito.
También expresan su preocupación por el deterioro de sus unidades y el riesgo de que les falten piezas cuando finalmente se las devuelvan.
“Ya uno no sabe qué hacer, a dónde ir, ni nada. Es increíble. De paso al principio no decían ni dónde los tenían”.
Lamentan no haber recibido “ayuda de nadie” y que algunos aún no han terminado de pagar los préstamos que solicitaron para adquirir las camionetas ahora retenidas.
(*) Se modificaron los nombres de las fuentes por medidas de protección.
Lea también:
Transportistas exigen devolución de 50 autobuses retenidos durante campaña electoral