El Ministerio Público solicitó la aprehensión de Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial, por no asistir a citaciones relacionadas con la publicación de las actas que, según la oposición, demuestran un fraude electoral a favor de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de este año.
Caracas. El Ministerio Público ha solicitado una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, excandidato presidencial por la Plataforma Unitaria Democrática, tras su inasistencia a tres citaciones de la Fiscalía General de la República.
La petición, difundida a través de la cuenta en Instagram de la Fiscalía, se da en el marco de una investigación relacionada con la publicación de las copias fidedignas del 83,5 % de las actas de escrutinio de la elección presidencial celebrada el pasado 28 de julio.
Los cargos contra González Urrutia incluyen “forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia, conspiración, sabotaje a los sistemas electorales y asociación para delinquir”.
Estas acusaciones surgen después de que la oposición mayoritaria desconoció los resultados preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por la omisión de auditorías legales y el incumplimiento en la publicación de resultados desagregados, tal como exige la Ley Orgánica de Procesos Electorales.
Tras conocerse la solicitud de la Fiscalía, el juez Edward Briceño del Juzgado Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control y con competencia en Terrorismo aceptó la petición del Ministerio Público de emitir una orden de detención contra González Urrutia.
En una copia de la notificación judicial, a la que tuvo acceso Crónica Uno, se confirma que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) está a cargo de ejecutar la captura.
Tres intentos
González Urrutia, de 75 años, ha rechazado comparecer ante la Fiscalía en las tres ocasiones en que fue citado, desde el 25 de agosto pasado. El excandidato argumentó en todos los casos la falta de garantías de independencia y debido proceso.
En su lugar, González afirmó en un video publicado en sus redes sociales que solo “rinde declaración ante los venezolanos”, a quienes considera “garantes de la soberanía popular”. Del mismo modo, calificó al fiscal general, Tarek William Saab, de “acusador político”.
En su último llamado, realizado antes de que se emitiera la citación el viernes pasado, que coincidió con un apagón de más de 12 horas en una veintena de estados, Saab insistió en interrogar a González.
El pasado miércoles, 28 de julio el fiscal general, Saab advirtió a González Urrutia de las consencuencias si no acudía a la tercera citación.
“El Ministerio Público en su momento anunciará la acción correspondiente a que haya lugar con base en la ley”.
Con estas acciones, la institución buscaba insistir en hacer comparecer al dirigente opositor para declarar por los presuntos delitos relacionados con la publicación de documentos que dan cuenta de un supuesto fraude, denunciado por la oposición mayoritaria, en los comicios presidenciales.
Acta mata sentencia
La controversia se intensificó cuando la oposición publicó en una página web las actas de escrutinio que recolectó y digitalizó. Estos comprobantes electorales muestran resultados significativamente diferentes a los anunciados por el CNE.
Según estas actas, González habría ganado las elecciones con el 67 % de los votos. El dato contrasta con el 51 % atribuido a Nicolás Maduro por el organismo comicial. La discrepancia ha suscitado varias protestas en el último mes. La más reciente ocurrió el 28 de agosto pasado, a un mes de las elecciones, que se denominó “Acta mata sentencia”.
Previo a la investigación de la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “certificó” los resultados electorales que dan como ganador al oficialismo en las presidenciales de 2024. Para esto se valió de un inédito fallo de la Sala Electoral a un recurso contencioso que introdujo el mismo Maduro. Así, el TSJ “convalidó” los datos emitidos por el CNE la madrugada del 29 de julio.
En la misma sentencia, el TSJ pidió a la Fiscalía iniciar una investigación por la publicación de las actas que la oposición asegura obtuvo de sus miles de testigos agrupados en los llamados comanditos.
Persecusión sin límites
Desde entonces, el Ministerio Público ha ampliado su investigación para incluir a otros líderes opositores. La lista la encabeza María Corina Machado, a quien se acusa por presuntos delitos asociados con la publicación de estas actas. González, quien permanece a resguardo desde una semana después del anuncio de los resultados oficiales, insiste en la existencia de un fraude electoral y ha llamado a Maduro a facilitar una transición ordenada y pacífica.
Esta situación ha generado tensión en el país, con un aumento de la presencia policial en torno a la sede de la Fiscalía. Además, ONG han reportado desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias relacionadas con protestas contra los resultados electorales. El registro incluye más de 100 adolescentes detenidos, de los que fueron excarcelados 86 durante el fin de semana pasado.
La crisis política en Venezuela parece agudizarse, mientras la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Mientras, aumentan las dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y la estabilidad democrática del país en el corto y mediano plazo.
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