La UCV aclaró que mecanismos de ingreso como el programa Samuel Robinson y convenios diplomáticos se mantienen, a excepción del sistema Simadi que está por definirse una vez que salga publicada la resolución en Gaceta Oficial. Sesionarán el 2 de julio para tomar decisiones.
Caracas. En medio de tensiones por la autonomía universitaria, la Universidad Central de Venezuela (UCV) se prepara para debatir una medida que podría transformar el acceso a la educación superior. El próximo miércoles, 2 de julio, sus autoridades académicas fijarán posición ante la eliminación de las pruebas diagnósticas y otros mecanismos de ingreso, decisión tomada por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 26 de junio pasado.
Tras una reunión con el viceministro de Educación Universitaria, Ryan Rojas, representantes de la UCV aclararon que la medida solo prohíbe las “pruebas técnicas o diagnósticas”.
Se mantienen mecanismos como el programa Samuel Robinson, los artículos 25 y 26 —que contemplan ingresos especiales por méritos deportivos o culturales— y los convenios diplomáticos.
Corina Aristimuño, secretaria de la UCV, explicó que, aunque la resolución afectaría el sistema de ingreso por mérito académico y diagnóstico integral conocido como Simadi, su alcance aún no está del todo claro. El destino de los aspirantes que ya se registraron bajo esta modalidad se definirá el miércoles.
“Estamos a la espera de que salga la resolución en Gaceta Oficial para evaluar los escenarios y tomar decisiones. Tampoco tenemos definido si nos apegaremos o no a la decisión de eliminar las pruebas internas”,
recalcó.
Contradicción legal
En esa sesión del 26 de junio, el CNU ratificó que la asignación de cupos será mediante el Sistema Nacional de Ingreso (SNI), gestionado por la OPSU, como único mecanismo de ingreso a las universidades públicas.
Esto dejó sin efecto la aplicación de pruebas diagnósticas como criterio de admisión. Según el Ministerio de Educación Universitaria (MEU), la nueva política busca reconocer el mérito académico de los bachilleres con promedios de 19 y 20 puntos, quienes ahora podrán acceder a cualquier carrera de su elección en las universidades nacionales.
No obstante, fuentes consultadas por Crónica Uno advirtieron que el anuncio contradice la Constitución y la Ley de Universidades. En ambas, se garantiza la autonomía académica de las casas de estudio, incluidos sus procesos de admisión.
También coincidieron en que la eliminación de estos mecanismos representa un riesgo para la calidad académica. Alertaron que, sin criterios adecuados de selección y nivelación, podría aumentar la tasa de deserción universitaria.
Una medida cuestionada
José Gregorio Alfonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), indicó que el Consejo Universitario prevé ratificar la vigencia de sus mecanismos internos de ingreso. En paralelo, solicitarán un proceso de diálogo con el MEU.
“El objetivo nuestro es tratar la situación con ´criterios reales` y fundamentados en datos, en lugar de medidas ´arbitrarias` que no contribuyen a la mejora de la educación universitaria”, señaló.
Alfonso denunció que la eliminación de las pruebas internas fue una decisión inconsulta. Fue aprobada tras una propuesta presentada por la Asociación de Rectores de Universidades Bolivarianas (ARBOL).
El académico explicó que, durante la deliberación, no hubo una votación equitativa debido a la desproporción entre universidades autónomas y bolivarianas en el CNU. Además, cuestionó la falta de fundamentos jurídicos, financieros y académicos que respalden la medida.
A juicio de Alfonso la anulación de las pruebas de ingreso proyecta un sombrío panorama para la permanencia y el éxito estudiantil. Advirtió que sin mecanismos de selección y nivelación adecuados, la tasa de deserción en las universidades podría aumentar.
Aunque la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) asigna el 85 % de los cupos, persiste una alta tasa de deserción y bajo rendimiento en las universidades públicas.
Alfonso citó un estudio de la Facultad de Ciencias de la UCV que reveló que solo el 64 % de los estudiantes de primer semestre aprobaron todas sus materias en 2024. “La inclusión, si no es total, es falsa. De nada sirve ingresar a la universidad si el estudiante no cuenta con los elementos para proseguir y obtener el grado”, reflexionó.
Bachilleres con futuro incierto
En la Universidad Simón Bolívar, la medida afecta directamente al Mecanismo para el Empoderamiento de las Competencias Educativas (Mece), un curso propedéutico que funciona como herramienta de nivelación y selección. Su eliminación también está prevista.
William Anseume, secretario de la Asociación de Profesores de la USB, advirtió que la eliminación del Mece y de las pruebas de ingreso constituye un “fraude académico”, pues ignora el esfuerzo y la preparación de los estudiantes.
«Acabar con el Mece es un perjuicio no solamente para los bachilleres que lo cursan en este momento , sino para aquellos que pudieran cursarlo más adelante. Los deja por fuera, sin un futuro académico seguro”, lamentó.
La decisión generó rechazo entre la comunidad estudiantil de la USB, especialmente por la posible eliminación de los aranceles. Anseume aseguró que esta medida afectaría aún más la precaria situación financiera de la universidad.
“Si no pagan los aranceles, ¿quién les va a dar clases?. Queda claro que esta decisión es arbitraria y lesiva para los estudiantes y la institución” recalcó.
Comunidad estudiantil en resistencia
Este lunes, 30 de junio, el movimiento estudiantil de la UCV protestó frente al Ministerio de Educación Universitaria. En la manifestación exigieron un pronunciamiento del ministro Ricardo Sánchez y pedir la revisión de la política que elimina las pruebas internas.
“Estamos acompañando a las autoridades universitarias que hoy vinieron a discutir la medida unilateral tomada por el CNU de captar el 100 % de los cupos para la Opsu, cercenando de esta manera la autonomía universitaria”, expresó Miguelangel Suarez presidente de la Federación de Centro Universitarios de la UCV
La manifestación estuvo respaldada por 21 federaciones estudiantiles de universidades públicas. Los estudiantes, además, se pronunciaron a través de un comunicado difundido por la red social X.
«No se trata únicamente de una acción administrativa, sino de una agresión directa contra las tradiciones académicas, la diversidad de criterios y la libertad universitaria que han sido pilares del pensamiento crítico y la democracia en Venezuela”, se lee en el documento.
Los voceros estudiantiles hicieron un llamado a la comunidad universitaria y a la sociedad civil a unirse en defensa de la autonomía académica. Reiteraron su rechazo a lo que califican como una medida arbitraria y un atentado contra el pensamiento crítico.
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