La activista de DD. HH. y exmilitante del chavismo, Martha Lía Grajales, fue detenida luego de acompañar una protesta en favor de presos políticos. Estuvo sometida a más de 60 horas de desaparición antes de que se conociera su imputación por conspiración e incitación al odio.

Caracas. Martha Lía Grajales, identificada como activista de izquierda por el propio chavismo e integrante de la ONG SurGentes, es una nueva “presa política” de Venezuela. Así lo denuncian sus compañeros, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales quienes exigen su liberación. 

La joven fue detenida el 8 de agosto pasado por supuestos agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y trasladada a la sede de la División de Investigaciones Penales (DIP), en Maripérez, en Caracas. Ahora se encuentra en la cárcel para mujeres del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda.

Su esposo, Antonio González, confirmó que luego de cuatro días de incomunicación logró hablar con Martha vía telefónica. En la conversación la activista le confirmó a su esposo que se encontraba recluida en el INOF, “que fue tratada con respeto y que se encuentra bien”. 

“Mandó fuerza para la lucha, me pidió que transmitiera que tiene mucha fuerza, que está convencida de que la lucha por los derechos humanos en Venezuela es una lucha justa y correcta”,

relató González, a través de un video, este martes, 12 de agosto.

Más de 60 horas en desaparición forzada

A la vocera del colectivo Surgentes la detuvieron el 8 de agosto al salir de una actividad de protesta en el este de Caracas, en apoyo a madres de presos políticos poselectorales que fueron agredidas, el 5 de agosto, frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según testigos obligaron a la defensora a abordar una camioneta sin placa. Ella fue una de las más de 50 mujeres agredidas por civiles armados durante una vigilia frente al TSJ, en la que estas familias exigían la revisión de expedientes y la liberación de los detenidos tras las elecciones del 28 de julio de 2024. 

Este lunes, 11 de agosto, tres días después de la detención de Martha y sin que su familia tuviera información sobre su paradero, el Ministerio Público informó que “a dicha ciudadana se le ha dictado privativa de libertad por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”. 

El Ministerio Público aseguró que la presentación de la activista se dió “en el lapso de ley”. 

El anuncio se dió luego de que múltiples defensores de derechos humanos, entre ellos el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, exigieran la libertad de Martha y condenarán el patrón de desapariciones y detenciones en contra de la disidencia en Venezuela. 

De chavista a “infiltrada”

Aunque el colectivo Surgentes, dedicado a la “organización del poder popular” para la exigibilidad de DD.HH., se identifica como una organización social sin tendencia política, tanto Martha como su esposo fueron militantes del chavismo e incluso ocuparon cargos en organismos del Gobierno. 

Ahora son identificados con el “chavismo disidente”. Grupos y medios oficialistas tildan a Martha de “infiltrada”. 

Así es descrita por algunos medios afines al Estado: “Martha Lía Grajales, presentada durante años como activista de izquierda, ha quedado expuesta como pieza clave en una operación de infiltración y financiamiento político dirigida por la dirigente opositora María Corina Machado”.

Entretanto, Surgentes denuncia que se trata de “un montaje policial” que fue usado para detener a la activista que ha acompañado, desde las elecciones del 28 de julio de 2024, las protestas de los familiares de presos políticos. 

“El acta policial que sirve de sustento a la orden de captura contra Martha Lía consiste únicamente en la reseña y análisis que un funcionario de policía hace de una visita policial (“ciberpstrullaje”) al sitio web de Surgentes (www.surgentes.org.ve) en el que se reseñan movilizaciones populares por la exigencia de derechos. El Acta agrega una interpretación que señala que tales protestas forman parte de un intento de desestabilizar al Gobierno venezolano orquestado por intereses foráneos”, expone la organización en su portal web. 

La organización detalló que el caso de Grajales “acumula irregularidades”, entre las que enumera su desaparición por más de 60 horas, la negación de un recurso de habeas corpus que sus abogados intentaron introducir el 9 de agosto, dos día después de la detención, la imposibilidad de juramentar un abogado de su confianza y una audiencia privada y telemática. 

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