51 diputados electos en 2015, entre ellos el presidente de la Comisión de Contraloría Macario González y el integrante de la Comisión Especial sobre Monómeros, José Luis Pirela alertaron que el informe aprobado por la Comisión Delegada no muestra toda la verdad de lo que ocurre en Monómeros. El informe de 53 páginas no cuestiona la gestión de la actual gerencia encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea, pese a que la Comisión de Contraloría había encontrado evidencias de presuntos hechos irregulares.
Caracas. Integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional 2016-2021 y de la Comisión Especial designada el 12 de octubre para investigar la situación de Monómeros, coinciden en alertar que el informe presentado ayer por esta última ante la Comisión Delegada –y que resultó aprobado– no procuró mostrar la verdad de los hechos.
Este miércoles en la mañana, los diputados de la AN 2016-2021 Macario González (Voluntad Popular) y José Luis Pirela (16-J) hicieron públicas sus razones para rechazar el contenido del informe emitido por la Comisión Especial así como el acuerdo parlamentario sobre el mismo tema, ambos aprobados este martes por la Comisión Delegada con los votos de Primero Justicia y Acción Democrática.
En horas de la tarde, un total de 51 diputados electos en 2015 e integrantes de los partidos Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano, La Causa R, Proyecto Venezuela y Vente Venezuela, incluyendo a González y a Pirela, emitieron un comunicado público donde denuncian la falta de profundidad de la investigación realizada por la Comisión Especial, la necesidad de que la Comisión de Contraloría retome la investigación iniciada en septiembre y la urgencia de una auditoría y reestructuración de la empresa, elementos que se diluyen en el informe y acuerdo aprobados ayer.
La posición de Macario González y José Luis Pirela es particularmente relevante porque el primero preside la Comisión de Contraloría de la AN 2016-2021, instancia que a lo largo del mes de septiembre realizó una serie de interpelaciones a directivos y exdirectivos de Monómeros y a funcionarios del gobierno encargado que preside Juan Guaidó, y concluyó que había signos de corrupción y que era necesaria su reestructuración inmediata. Pirela, por su parte, además de ser integrante de la Comisión Especial que emitió el informe y que se rehusó a firmarlo, es una de las personas que desde Venezuela ha alertado de manera consistente sobre la situación administrativa y financiera de Monómeros.
Comisión de Contraloría seguirá con la investigación
En su comunicación pública, Macario González expresó su rechazo a la aprobación de ambos documentos, el informe y el acuerdo, por parte de la mayoría de los 18 diputados que integran la Comisión Delegada.
“Lamentablemente, el texto aprobado aleja al país de conocer a los verdaderos responsables de las malas prácticas en el seno de una empresa que es pilar del desarrollo de la nación”, dice el diputado y advierte que el informe y el acuerdo “encubren a los potenciales culpables de corrupción en Monómeros”, sostuvo González.
El diputado electo en 2015 también denuncia que la investigación que había iniciado la Comisión de Contraloría en septiembre y llegado a conclusiones preliminares sobre la existencia de hechos de corrupción en Monómeros, se vio “frenada para dar paso al grupo de diputados que emitieron el informe aprobado”.
En tal sentido, y a pesar de que el acuerdo parlamentario aprobado la víspera señala que la Comisión Especial o una nueva comisión designada para tal efecto continuará con las investigaciones del caso, Macario González anunció que la Comisión de Contraloría “reanudará sus investigaciones buscando encontrar a los responsables de hechos punibles hasta las ultimas consecuencias”.
El informe no cuestiona gestión de Rodríguez Laprea
Al leer el informe de 53 paginas aprobado por la Comisión Delegada ayer, lo primero que llama la atención es que el nombre del actual gerente general, Guillermo Rodríguez Laprea, solo aparece mencionado en cuatro ocasiones, en una se le señala de víctima de denuncias penales anónimas, en otra se indica que él era el gerente general para el 30 de abril de este año cuando se firmó el acuerdo de colaboración con Lionstreet y las otras dos aparece en sendos cuadros informativos sobre cargos directivos de Monómeros y documentos a los que tuvo acceso la comisión.
Y he aquí una de las primeras razones de Pirela para negarse a firmar el informe emitido por la Comisión Especial de la que él mismo fue parte: “El informe no emite valoración, juicio y evaluación sobre el desempeño en el ejercicio de sus funciones de la Junta Directiva de Monómeros” en la actualidad.
El parlamentario del partido Vente Venezuela e integrante de la Fracción 16-J recalca que la Comisión tenía suficientes elementos de prueba para indagar más a fondo sobre la conducta empresarial de Rodríguez Laprea.
Por ejemplo, dice Pirela y así lo denunciaron en abril de este año los trabajadores de Monómeros, fue este gerente quien firmó un contrato con la empresa panameña Lionstreet por un plazo de 15 años aunque los estatutos solo permiten hacerlo por hasta tres años y que dicho contrato cedía el 60 % del control de las operaciones y ganancias de la Monómeros a ese socio. El informe solo se limita a mencionar que se firmó un contrato el cual fue rescindido a los dos meses.
Señala Pirela que el informe tampoco recoge “la trama de corrupción con la empresa Insumos del Pacífico” de la cual Rodríguez Laprea fue representante ante Monómeros en el año 2020, antes de ser nombrado gerente general de la empresa colombo-venezolana, tal como lo confirmó su predecesor en el cargo, Gustavo Sol, durante la interpelación ante la Comisión de Contraloría. Es llamativo que a la Comisión Especial no le hubiera causado interés ese hecho.
El informe, continúa Pirela, tampoco refleja la presunta existencia de un contrato con la empresa paraguaya Acepalma, que forma parte del Grupo Daabon, a pesar de que la prensa colombiana reflejó dicho convenio: “La junta directiva negó la suscripción del mismo y solo presentó un documento denominado extracto de las bases del contrato con Grupo Daabon”. De hecho, estando la Comisión Especial en Barranquilla, tuvieron información de que Monómeros “recibió un cargamento de materia prima de ese aliado comercial”.
La toma hostil de Monómeros
El informe de la Comisión Especial (que puede leer completo al final de este texto) se enfoca principalmente en un presunto complot del grupo empresarial Nitron para lograr la inviabilidad financiera de Monómeros, convertirse en su principal accionista y por esa vía apropiarse de la empresa. El informe se refiere a ese complot como un “intento de toma hostil”.
El documento señala que parte de los directivos de Monómeros, así como una plantilla de más de 30 trabajadores de la compañía, fueron contratados por Nitron Group solo en el mes de septiembre pasado, como parte del mencionado complot, que además incluía:
- “Divulgación no autorizada de información de reserva por parte de Carmen Elisa Hernández en medios colombianos”;
- “Filtración sistemática de información de Monómeros para causar pánico en el mercado”;
- “Actos desleales de desorganización, engaño, descrédito e inducción a la ruptura contractual perpetrados por Nitron Group directamente” y a través de personas como Grace Noguera, Jorge Luis Pacheco y William Otero Gracia.
- “Coordinación con políticos venezolanos para remover a los administradores y dejar acéfala a Monómeros Colombo-Venezolanos S. A., con el fin de causar pánico entre los proveedores y aliados de la compañía”.
Es pertinente acotar que el informe de la Comisión Especial al que han tenido acceso los medios de comunicación, entre ellos este portal, consta de 53 páginas en formato .pdf y en él se menciona una lista anexos conformada por 33 documentos, los cuales no han sido divulgados como parte del informe. Sin embargo, en el documento debatido y aprobado por la Delegada no parece haber elementos concretos que sustenten esos señalamientos.
De hecho, en su razonamiento escrito para sustentar su negativa a firmar el informe, Pirela señala que al momento de elaborar el documento no existía una resolución de Supersociedades, ni una decisión sobre el recurso de reposición o alguna prueba documental que sustentara los señalamientos contra Hernández, Pacheco y Otero.
“Ninguna (de esas decisiones) han sido presentadas ante esta Comisión y en el caso del recurso de reposición que fue ejercido por la empresa Monómeros, considero pertinente indicar que el mismo fue retirado por cuanto no existía resolución al respecto”, señaló Pirela.
La palabra del bufete por delante
Otro elemento que destaca del informe en su versión pública es que solo se recoge la opinión del bufete de abogados DLA Pipper, representante legal de Monómeros contratada por la gestión de Rodríguez Laprea, pero no hay referencias a entrevistas con las empresas auditoras o con el revisor fiscal, funcionario que consignó información relevante a Supersociedades.
Al respecto, durante el debate realizado la víspera por la Comisión Delegada, el diputado Ismael García (VP) integrante de la Comisión de Contraloría reclamó: “Mucho de lo que fue planteado por el diputado Pirela no aparece en el informe. Tenían 10 días (para presentar el informe) y lo primero que debieron hacer fue reunirse por lo menos con el revisor fiscal. ¿Cómo se va a decir que unos abogados contratados por Guillermo Rodríguez Laprea para que lo defendieran, son los que aparecen en el informe? Ahora entiendo por qué fuimos arrebatados de la Comisión de Contraloría después de 20 horas de interpelaciones”.
Pirela agrega: “El informe, en gran parte de su contenido, toma como base para sus fundamentos lo esgrimido por el bufete de Abogados DLA Pipper, dando como cierto lo planteado y asumiendo esta comisión de manera impropia la valoración de todo lo recopilado en la investigación, utilizando incluso el lenguaje del bufete en toda su redacción, inclusive en sus conclusiones y sugerencias. Dicho bufete fue contratado por la junta directiva actual de Monómeros con dinero del peculio venezolano”.
Directivos con vinculaciones partidistas
En la página 46 del informe, la Comisión Especial cita una “carta de octubre del año 2021” firmada por “exgerentes de Monómeros” (ni la carta ni las firmas están incluidas en el informe divulgado), donde estos supuestamente señalan lo siguiente:
“La Presidenta de la Junta así́ como Jorge Pacheco de manera constante y pública manifestaban de forma periódica que el grueso sus acciones y decisiones eran comunicadas y contaban con el apoyo de Leopoldo López y Yon Goicoechea. Estos comentarios se llegaron a hacer en reuniones con el propio sindicato de la empresa, lo que puede ser validado con su directiva. La Presidenta de la Junta de manera informal con los directores, insistía muchas veces en que ella debía, antes de decidir sobre algún tema, conversar con Leopoldo López o Yon Goicoechea. Por lo tanto es de presumir que sus acciones negativas hacia la empresa, al menos, fueron de su conocimiento”.
El informe incluye en la lista de anexos dos comunicaciones del sindicato de Monómeros (que no están incluidas en el informe público), pero en ninguna parte del texto dice si la Comisión pudo validar con el sindicato la información aportada por los “exgerentes de Monómeros” en su carta.
De acuerdo con las conclusiones del informe, los primeros responsables –ya que sugieren que se continúe con la investigación– son Carmen Elisa Hernández y Jorge Pacheco, a quienes la comisión vincula expresamente con “el partido Voluntad Popular”, pero no se hace mención a la vinculación política de ningún otro directivo, pese a que el eje de la conclusión (y de la presentación ante la Delegada de la diputada Bibiana Luca de PJ y presidenta de la Comisión Especial) se centró en afirmar que la principal causa de la crisis de Monómeros es la excesiva injerencia política.
En tal sentido, en su intervención ante la Delegada, Ismael García afirmó:
“Se nos dice que no seamos políticos, pero resulta que a Jean Paul Dugarte lo propuso Acción Democrática, que Fernando Paredes Niño es de Acción Democrática, que Guillermo Pérez es de Un Nuevo Tiempo y que el propio Ramón Crespo, a quien yo en una oportunidad hice un planteamiento, cuestionó las actividades de Guillermo Rodríguez Laprea quien ahora es el santo inmaculado. Y subió un suplente, Nelson Della Rocca que tengo entendido que es militante de un partido”.
En septiembre, el integrante de la Comisión de Contraloría, Ismael León (Alianza Lápiz), dijo que Rodríguez Laprea había sido propuesto y era defendido en el cargo por Acción Democrática. No obstante, en las interpelaciones virtuales donde estuvo presente Crónica.Uno todos los interpelados negaron tener relación de militancia con partidos políticos o conocer si algún partido político los había propuesto para el cargo.
Preliminar Monomeros Versió… by Crónica Uno
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