Aunque el gobierno de Nicolás Maduro no ha dado cifras oficiales, varios planteles del país han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que sus directores han suspendido actividades como medida de prevención para frenar otros posibles casos. Padres aseguraron sentir temor de enviar a sus muchachos a clases.
Regiones. A 15 días del reinicio de clases presenciales anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro, varios plantes del país han registrado casos positivos de la COVID-19 tanto en estudiantes, profesores y familiares de los alumnos, por lo que sus autoridades internas han decidido suspender las actividades para evitar un brote mayor.
Dirigentes sindicales aseguraron que en planteles públicos de los estados Sucre y Zulia también se han registrado casos de coronavirus. Sin embargo, sostuvieron que los docentes sienten temor de denunciar, pues alegan recibir amenazas de los directores de dichas instituciones.
Temor en padres de Guayana
Primero fue el colegio Cristóbal Mendoza, en Ciudad Guayana, el que comunicó una suspensión de sus actividades por reportarse casos de COVID-19. Las actividades se reanudaron el pasado 3 de noviembre después de que la institución pasó por un proceso de desinfección en sus instalaciones.
Seguidamente fue el colegio Los Próceres el que suspendió clases presenciales por dos días. El motivo fue el resultado positivo de COVID-19 de la directora y el plantel también pasó por la desinfección de sus áreas. Aunque sus autoridades no lo comunicaron oficialmente, padres y representantes hicieron eco de otros posibles casos en otras escuelas.
La autoridad única en salud en Bolívar, Betzi Palma, declaró a un medio regional que se trata de «casos comunitarios» y no de contagios originados en la institución. También informó sobre otros contagios detectados por pruebas que hicieron en la Escuela Bicentenaria Rizos de Oro y las unidades educativas Mereyal, Jesús Soto, entre otras. Sin embargo, no precisó en cuál de ellas se confirmaron los contagios. Crónica Uno intentó comunicarse vía telefónica con Palma, pero no hubo respuesta.
La aparición de casos positivos de COVID-19 en las escuelas aumentó el temor que ya existía en padres y representantes guyaneses por enviar a sus hijos a clases presenciales.
Yo quiero que mi hijo tenga sus clases presenciales porque es bueno tener a la maestra cerca para que lo pueda orientar. Pero también me da el temor de un contagio por medio de algún compañero, un docente o alguna otra persona que trabaje en la institución», señaló Cristina Mujica, madre de un niño de 10 años.
El hijo de Oriana Silva es asmático, una razón para dudar de enviarlo a clases.
Tiene 13 años y la primera dosis de la vacuna. Estoy esperando a la segunda dosis para ver si lo mando a las clases, porque viene una tercera ola de contagios y todos estamos expuestos», comentó.
En ambos casos, sus hijos estudian en colegios privados, en los que hay más oportunidad de control con las medidas de bioseguridad. En las escuelas públicas, en cambio, el riesgo de contagio por COVID-19 es mayor, al no haber un servicio regular de agua potable o dotación de jabón y alcohol.
Más contagios, menos asistencia
La secretaria general del Colegio de Profesores en Bolívar, Aida González, señaló que desde que se retomaron las clases presenciales la asistencia se mantiene baja.
A través de supervisores y directores de las escuelas públicas, se les está exigiendo a los docentes que se hagan la prueba de COVID-19 y la lleven a la institución para poder asistir. Pero no les garantizan la bioseguridad en el plantel y tampoco tienen para hacerse una prueba porque el salario no les alcanza», denunció.
Estimó que la asistencia promedio de alumnos sea de cinco a seis por salón.
El pasado 25 de octubre, de acuerdo con el reporte de corresponsales de Crónica Uno, el ausentismo escolar en el reintegro oficial a clases presenciales osciló entre 70 % y 90 %.
Hay instituciones en Vista al Sol y en Chirica con focos de contaminación por COVID-19 y pueden aumentar. Tienen que suspender las clases presenciales y seguir de manera virtual hasta donde se pueda, porque los docentes no tienen computadoras, buenos teléfonos ni internet, y los alumnos tampoco», agregó.
En octubre del año pasado, la ONG promotora y defensora de los derechos humanos de la niñez y adolescencia Cecodap, publicó un informe en el que precisa que el 85 % de las familias encuestadas opinó que no hay condiciones en los centros educativos para actividades escolares presenciales o semipresenciales. Asimismo, una encuesta del Ministerio de Educación, citada por el Clúster de Educación de la OCHA, indica que solo 31,3 % de los consultados tiene buena conexión a internet o de calidad media.
También hay positivos en Cumaná y Carúpano
En Sucre también empezaron a cerrar puertas por contagios por COVID-19, a solo 15 días del inicio de clases.
Representantes sindicales del magisterio, docentes, padres y representantes han confirmado el cierre de algunas escuelas en las ciudades de Cumaná y Carúpano. El pasado martes 9 de noviembre, el colegio Alberto Sanabria, en la comunidad de Cascajal de Cumaná , fue una de los que cerró sus puertas por un caso positivo en uno de los docentes de la institución.
Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores de Carúpano, informó que tres planteles de la zona decidieron cerrar sus puertas ante la aparición de casos positivos por la COVID-19.
Con este escenario docentes, padres y representantes alertaron en grupos de redes sociales su preocupación por el riesgo al que están sometidos alumnos, profesores y toda la comunidad educativa porque «no han recibido material de bioseguridad».
Si no garantizan la desinfección de las áreas, ni las mínimas medidas de bioseguridad, no deben asistir a los planteles. Nadie les garantiza servicio médico a los muchachos y docentes, y muchos menos medicinas», comentaron los padres.
Sin embargo, pese a que el lineamiento nacional desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación era que las actividades académicas comenzarían con la incorporación progresiva a clases presenciales sin el esquema 7+7, representantes sindicales afirman que «hay directores y supervisores que se empeñan que todo el personal debe asistir a sus planteles».
Tanto en Cumaná como en Carúpano, los dirigentes gremiales registran denuncias de amenazas y amedrentamiento por parte de directores y supervisores contra docentes que no se incorporen a las actividades. «De lo contrario les suspenden los sueldos y hasta los han sacado de nómina», señalaron.
Sobre el cierre de algunos planteles en el municipio Bermúdez, el presidente del colegio de profesores de Carúpano, Mario Bellorín, asegura que ya han recibido denuncias de supervisores que alegan que «la orden para cerrar algún plantel es que debe registrarse un 50% de contagios y apenas se contabiliza un 16% de casos positivos, por lo cual no es razón suficiente para cerrar las escuelas».
Bellorín sostuvo que es un acto irresponsable mantener el llamado a clases presenciales cuando no hay garantía de condiciones sanitarias mínimas que aseguren la salud de alumnos, docentes y representantes.
En ese sentido, el representante sindical ratificó la denuncia del magisterio sucrense sobre las condiciones de las escuelas en el municipio Bermúdez .
«En Carúpano el 95% de las escuelas no tiene agua, recurso indispensable para el lavado de manos», agregó.
A las precarias condiciones de la infraestructura de los planteles en Carúpano se suma la resistencia de padres y representantes de que a sus hijos los inmunicen contra la COVID-19 con las vacunas Abdala ni Soberana.
Sospechas en Lara
En el estado Lara se han contabilizado hasta ahora siete colegios sin actividades académicas tras la presencia de casos positivos de la COVID-19.
Algunas instituciones privadas han tomado la decisión de suspender una sección por algún caso sospechoso o confirmado de COVID-19, pero sin cerrar las puertas de toda la institución. En la localidad de Carora, en un colegio perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), se habrían detectado 16 presuntos casos de COVID-19 en estudiantes del nivel media y diversificado, profesores y directivos.
Fuentes cercanas a la institución detallan que estos casos no han sido confirmados debido a la falta de pruebas PCR en Carora, por lo que son diagnosticados como «sospecha de Covid, por presentar algunos síntomas asociados a la enfermedad».
Aunque estas instituciones han cuidado el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, en las mismas se han presentado casos de cuadros gripales que al final deben aislar preventivamente, sin conocer a ciencia cierta si se trata de contagios coronavirus, ya que no todos tienen acceso a una prueba PCR o molecular en un laboratorio privado, cuyo costo supera los 20 dólares.
Aumentan cierres en el Zulia
Los planteles educativos zulianos han sido protagonistas en los últimos días de nuevos brotes de COVID-19. Según Gualberto Mas y Rubí, presidente del Sindicato Único del Magisterio (SUMA) Zulia, la mayor cantidad de contagiados se ha presentado en los colegios privados de la región, con mayor énfasis en la zona norte de Maracaibo. Hasta la fecha, siete colegios privados en Maracaibo y cinco en el municipio San Francisco han reportado casos, de los cuales cinco planteles ya entraron en cuarentena.
En el caso de los centros educativos públicos informó que el brote ha sido menor gracias a la baja matrícula.
Mientras los colegios privados están abarrotados, los públicos apenas registran una asistencia de 25% en toda la región, lo que quiere decir que por cada 10 muchachos que deberían asistir, apenas tres o cuatro se presentan», sostuvo el gremialista.
En el caso de los colegios públicos, siete han reportado casos y solo dos han suspendido actividades. Mas y Rubí precisó que hasta el último corte hecho por su despacho el 9 de noviembre son 12 planteles privados y siete públicos los que han reportado brotes.
En Zulia hay 2028 planteles educativos entre estatales y nacionales, por lo que SUMA continúa recabando información sobre la situación actual en los municipios foráneos con relación al coronavirus.
«Este panorama se contradice mucho lo que dicen las autoridades de que el regreso a clases fue un éxito. Deberíamos estar preocupados todos, porque desde el año escolar 2018-2019 hasta la fecha, la pérdida de la matrícula está rondando el 40 % en la región y eso es gravísimo para el país, porque los muchachos se nos están perdiendo en actividades extraescolares, como la incorporación prematura al mercado laboral», alertó el presidente de SUMA Zulia.
Mas y Rubí añadió que en los planteles públicos existe temor a denunciar casos de COVID-19.
«Hay temor porque la jefe de la zona educativa dice que la única que tiene potestad de cerrar un plantel es la comisión presidencial. Lamentablemente hay un secretismo por parte del estado», señaló el sindicalista quien refirió que las cifras que manejan son producto de reportes internos de cada plantel.
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