El gobierno venezolano envió miles de documentos en español a la CPI y se quejó de 250 casos sólo se analizaron 62, por su parte, la Fiscalía lo catalogó como información irrelevante que complicaría el proceso.
Caracas. La Corte Penal Internacional (CPI) celebró este martes, 7 de noviembre, la primera de las dos audiencias sobre el recurso de apelación del Estado venezolano contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares. Esta autorizó la reanudación de la situación de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, que incluyen la tortura, la detención arbitraria y la violencia sexual.
En su cuenta de X, el especialista en Derecho Internacional Mariano de Alba, comentó: “En la audiencia, la representante de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, dijo que ‘la posición de las víctimas es que Venezuela no está investigando, ni investigará en el futuro, los crímenes”.
Asimismo, la representante, Paolina Massida, dijo también que el punto de vista de las víctimas es que los elementos contextuales son esenciales para definir la existencia de crímenes de lesa humanidad.
“Si no integran la investigación doméstica nacional no se puede decir que los crímenes de lesa humanidad están siendo objeto de investigación”, alegó Massida.
El gobierno de Nicolás Maduro niega las acusaciones de violaciones de los derechos humanos. En esta oportunidad dijo que no se respetó el principio de complementariedad y se quejó de no recibir información detallada sobre los incidentes y responsables.
La Fiscalía explicó que no es el momento de identificar los actos criminales específicos que se van a investigar.
Información “irrelevante”
El gobierno venezolano envió miles de documentos en idioma español a la CPI y se quejó que de 250 casos solo se analizaron 62. La Corte indicó que no era posible traducirlos todos al inglés.
Con anterioridad, el fiscal Karim Khan había acusado al gobierno de mandar “información irrelevante”, aproximadamente 30.000 páginas que complicarían el proceso.
La investigación de la CPI puede durar varios años y presentar cargos contra funcionarios sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Corte no tiene jurisdicción sobre los Estados, por lo que cualquier acción legal que se tome como resultado de la investigación se centrará en las personas responsables.
“Por ahora, el escenario más probable es que si la Corte llegara a emitir eventuales órdenes de captura contra altos responsables, sería en contra de funcionarios civiles o militares involucrados en la comisión de esos crímenes específicos”, explicó De Alba en sus redes sociales.
En 2018, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en el que se documentaban graves violaciones de los derechos humanos en el país, que incluían ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas.
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