Al joven, de 24 años, le diagnosticaron pérdida parcial de la visión del ojo izquierdo, inflamación en el riñón izquierdo y lesiones en la pierna derecha, según el abogado Joel García.
Caracas. El estudiante John Álvarez no había tenido una visión deficiente antes de su detención. Pero tras una revisión en el servicio forense de la Fiscalía, el 26 de septiembre pasado, le diagnosticaron pérdida de la visión en el ojo izquierdo.
El abogado Joel García, informó a Crónica.Uno que hasta el momento el joven tiene pérdida parcial en un ojo, pero es bastante acentuada porque a escasos metros de distancia ve distorsionado.
Alegó que es “indudable” que esta patología sea consecuencia de los maltratos que denunció John, el 4 de septiembre pasado, por parte de funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
John Álvarez, de 24 años de edad, fue detenido por funcionarios no identificados, vestidos de civil, el 30 de agosto. La aprehensión ocurrió en la avenida Bolívar, adyacente a la estatua de Simón Bolívar, cercana al Palacio de Justicia.
El estudiante narró que, posterior a la detención, los efectivos lo golpearon en la cabeza, por el costado y que recibió descargas eléctricas en los testículos por negarse a incriminar en un vídeo a los defensores de derechos humanos, Carlos Salazar y Carlos Julio Rojas, de presunta conspiración en contra del Gobierno.
El cuarto informe de la Misión Internacional de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas, reveló que la DAET es la continuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), por su similitud en el modus operandi, estructura y organización.
La Misión detalló que las FAES estuvieron involucradas en violaciones de derechos humanos y fueron responsables de 65,5 % de las muertes documentadas en 2019.
Lesión en riñón y pierna derecha
A parte de la lesión en su ojo izquierdo, a John le diagnosticaron una inflamación en el riñón izquierdo y una lesión muscular que va desde el glúteo derecho hasta la rodilla.
Wendelin Peña, madre del estudiante, denunció que su hijo no padecía de patologías previas antes de que denunciara torturas tras su detención. Agregó que John tiene un solo testículo y ha sido operado dos veces en la zona genital. La última operación fue hace dos años.
En casi un mes no ha recibido atención médica de ningún tipo, motivo por el cual su madre debe darle analgésicos para aliviar los dolores en su cuerpo.
John Álvarez es estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Además, finalizaba su carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa (Ucsar). También, es miembro de la Comisión de Usuarios del comedor de la UCV, la cual rechazó este miércoles, 27 de septiembre, los abusos cometidos en contra del ucevista y exigió su liberación inmediata.
Actualmente, el estudiante se encuentra recluido en la sede de control y resguardo del detenido de la PNB, en La Yaguara.
En espera de investigaciones
Los padres del estudiante acudieron hace más de 15 días a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para exigir que se investiguen los actos de tortura.
En tal sentido, el abogado García informó que luego de dar a conocer el estado de salud de John, este 27 de septiembre recibieron una notificación de una entrevista con la Defensoría.
Resaltó que el Ministerio Público aún sigue sin entrevistar a John con relación a quiénes fueron los autores o partícipes de las lesiones, o sobre el robo de su moto y sus pertenencias posterior a la aprehensión.
El abogado recordó que el Estado es el responsable de todas las personas bajo su custodia y no solo de conservar la vida sino la salud, tal y como lo establece el artículo 43 de la Carta Marga.
“No en vano la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas manifiesta que en Venezuela se sigue torturando. Eso es producto de esas prácticas sistematizadas y generalizadas que los cuerpos policiales tienen en Venezuela”, dijo.
Torturas en Venezuela
La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) detalló en su último informe que los casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes investigados, dejan en evidencia una política de Estado destinada a “silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno”.
De acuerdo con la ONU se registraron 28 casos de personas privadas de libertad, en lugares de detención oficiales y clandestinos, que incluían a 22 hombres y seis mujeres, entre ellas una mujer transgénero.
Los actos documentados por la misión incluyen golpizas en la cabeza, costillas, glúteos, genitales, piernas y los dedos de las manos y los pies; la suspensión por las muñecas o los tobillos; asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida.
También exposición a bajas temperaturas y baños fríos; quemaduras con cigarrillos; gas lacrimógeno; privación del sueño, luz constante las 24 horas del día y música a alto volumen; además celdas de castigo, un espacio reducido en el que solo pueden estar de pie, y aislamiento extenso.
Igualmente, añadió el uso de tortura psicológica, que incluye amenazas de hacer daño a sus familiares, o imponerles mayores períodos o peores condiciones de reclusión. Debido a todo esto, la Misión expuso que las víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias.
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