Fama de América y Agropatria (exAgroisleña) redujeron drásticamente su producción tras ser expropiadas; Abastos Bicentenario desapareció y Corpoelec brilla por su ineficiencia. De todas las promesas de Chávez, el Sambil La Candelaria solo logró ser un refugio de damnificados por cuatro años.
Caracas. La devolución del centro comercial Sambil La Candelaria a sus dueños originales, ocupado forzosamente por el Gobierno tras el decreto de expropiación de Hugo Chávez en 2010, además de enviar un mensaje alentador a miles de víctimas de invasiones, confiscaciones y expropiaciones en los últimos 20 años, evidencia el fracaso de un modelo que lastró el crecimiento económico del país.
Entre los años 2000 y 2015, según una investigación conjunta de Cedice Libertad, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Monteávila, hubo al menos 113 “adquisiciones forzadas” decretadas por el Gobierno y publicadas en Gaceta Oficial. Sin embargo, conteos extraoficiales ubicaban en cerca de 5500 las empresas expropiadas hasta 2019, de acuerdo con la investigación.
Para hacer uso de sus atribuciones constitucionales, delimitadas a expropiar derechos y bienes de particulares por causa de utilidad pública o interés social, Chávez se amparó en el control partidista que tuvo de la Asamblea Nacional (AN) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo sus dos mandatos para expropiar y confiscar sin limitaciones.
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Las “intervenciones preventivas” tras la reforma agraria
El primer gobierno de Chávez no estuvo exento de polémica desde su inicio y una de las causas fue la cuestionada reforma de la Ley de Tierras que, entre otros aspectos, catalogaba como de utilidad pública o interés social las tierras aptas para producción agraria establecidas en su artículo 21.
Chávez criticaba abiertamente la concentración de tierras en un número “reducido” de familias y buscó “democratizar” la propiedad rural mediante la ley, discursos que –en parte– avalaban la invasión de fincas, viviendas desocupadas y terrenos bajo la mirada cómplice de las autoridades, situación que aún persiste.
Cedice ubica en 2002 las primeras intervenciones de tierras, específicamente al sur del lago de Maracaibo, con invasiones de grupos de campesinos en terrenos productivos avalados por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). Ya entre 2004 y 2005 los gobernadores oficialistas de varias entidades ejecutaron “intervenciones” preventivas en hatos (como Hato Piñero) y fincas que, además, iban acompañadas por invasiones.
La expropiación como política (fallida) de Estado
Con su reelección en 2006 Chávez orientó su discurso político a pregonar el “socialismo del siglo XXI” como modelo socioeconómico. En paralelo, los ataques a la propiedad privada se intensificaron con un gobierno que alentaba a trabajadores afectos a tomar las industrias paralizadas.
Los controles de precios y del tipo de cambio ya hacían estragos en la productividad de empresas como Cargill y Fama de América, entre otras, a las que Chávez acusaba de propiciar la escasez de productos básicos. Frutícola Caripe, Lácteos Los Andes y Agroisleña se sumaron a la lista de víctimas de la política expropiatoria gubernamental, que buscaba solucionar un problema que el mismo Gobierno había generado.
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El fracaso de la política fue notorio. En cinco años la expropiada Agroisleña (desde 2010 llamada Agropatria) pasó de abastecer 40 % del mercado nacional de agroquímicos a tan solo 5 %; en 2016 la empresa Fama de América producía menos de 10 % de su capacidad instalada y actualmente funciona en alianza con inversionistas privados presuntamente vinculados al Gobierno.
Corpoelec, Pdvsa Gas Comunal (que asumió el control de las empresas privadas de llenado y distribución de gas natural expropiadas en 2007) y la Red de Abastos Bicentenario (tras expropiar Hipermercados Éxito y pasar a tener el control de la cadena CADA) destacan en una larga lista de empresas que son ineficientes, desaparecieron o pasaron –bajo cuerda– a manos privadas.
Fracasos y deudas pendientes
En varias oportunidades los representantes de Constructora Sambil han afirmado que ni el gobierno de Chávez ni el de Maduro llegaron a acordar la indemnización correspondiente por la expropiación del centro comercial Sambil La Candelaria.
Aun así, el espacio de más de 61.000 metros cuadrados de locales comerciales –si bien no llegó a convertirse en clínica o escuela, como propuso Chávez– se sumó al grupo de promesas y fracasos económicos del Gobierno.
En 2010 el lugar fue refugio temporal de más de 3000 damnificados por lluvias en la carretera Caracas-La Guaira hasta 2014. Ni “centro de convenciones” ni “plan de comercio pa’ montar tienditas socialistas”, en 2017 llegó a ser depósito del programa “Mi Casa Bien Equipada” y, en paralelo, la Constructora Sambil afirmaba que habían desaparecido transformadores, motores, bombas de agua, aires acondicionados, entre otros implementos.
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De acuerdo con la investigación de Cedice Libertad, entre 2007 y 2010 (período en el que se acentuó la política expropiadora) el Estado desembolsilló, al menos, 23.276 millones de dólares por la expropiación o compra de empresas como Electricidad de Caracas, Cantv, Sidor, Banco de Venezuela, compañías contratistas de Pdvsa, entre otras.
Se estima que la república acumula deudas por el orden de los 30 millardos de dólares como consecuencia de demandas ante centros de arbitraje en respuesta a expropiaciones, confiscaciones y vulneraciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros de distintos sectores productivos.
- Expropiación: privar a una persona de la titularidad de un bien o de un derecho, dándole a cambio una indemnización (Real Academia Española). el artículo 115 de la Constitución establece que “solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización”, se puede declarar una expropiación.
- Confiscación: pena o sanción consistente en la apropiación por el Estado de la totalidad del patrimonio de un sujeto (RAE). La Constitución establece que solo se pueden confiscar bienes de personas responsables de delitos contra el patrimonio público, que se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y bienes provenientes de actividades vinculadas a tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.
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