Entre enero y diciembre de 2024 Provea documentó 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, que involucraron a 2808 víctimas y al menos 2224 personas sufrieron tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes durante su detención.
Caracas. La ONG Provea, que defiende los derechos humanos, denunció este miércoles, 30 de abril, que el chavismo incrementó la represión en Venezuela durante 2024, año en que Nicolás Maduro, obtuvo un cuestionado tercer mandato consecutivo.
El informe, que lleva por nombre “el apagón democrático de Venezuela”, apunta que el Gobierno hirió “para callar” a la disidencia y violó los derechos humanos, en medio de una oleada de detenciones que se mantuvo todo el año 2024.
“Entre enero y diciembre de 2024 Provea documentó 209 denuncias de violaciones al derecho a la integridad personal, que involucraron a 2808 víctimas. Un aumento de 5,8 % respecto a 2023”, dice la investigación.
Durante ese lapso al menos 2224 personas sufrieron “tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes” durante su detención.
Provea, reconoce un “subregistro” de casos y afirma que son superiores, puesto que muchas veces no hay denuncias. El incremento con respecto a 2023 es de 88,1 %.
Además, continua el documento, la ONG recogió denuncias de al menos 72 allanamientos ilegales en todo el país durante 2024, un dato que eleva estos casos 300 % en comparación con 2023.
«A estas personas les impusieron abogados públicos y muchos de estos casos constituyen desapariciones forzosas», dijo la coordinadora de investigaciones de Provea, Lissette González, al presentar los datos.
El cuerpo de custodios penitenciarios, con 2097 víctimas, fue el mayor responsable de estos casos. Le siguieron el Cicpc, con 106 víctimas, y “actuaciones conjuntas de la GNB y la DGCIM”, con 100.
Sobre los presos políticos
Entre enero y agosto de 2024 las autoridades detuvieron a 1209 personas por motivos políticos, de acuerdo con el informe.
Las detenciones se incrementaron con fuerza después de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado, en las que los poderes del Estado respaldaron el triunfo electoral de Maduro en medio de las denuncias de un “enorme fraude” de la oposición.
“La represión durante 2024 dejó cifras alarmantes: 2635 violaciones a la libertad personal, un aumento de 1347,8 % con respecto a 2023. 94 % de los casos ocurrieron durante el ciclo de conflictividad postelectoral, dirigido principalmente contra sectores populares: más de 95 % de las personas detenidas eran habitantes de comunidades empobrecidas”, se lee en el informe.
Un dato arroja más luces sobre este turbulento período poselectoral: después de las presidenciales, el promedio de detenciones diarias se elevó hasta las 150 durante 16 días consecutivos, lo que superó con creces los picos anteriores de 28,8 (2014), 17 (2017) y 16 (2019).
Casi 80 % de estas detenciones (78,8 %) se produjeron contra hombres, mientras que el 5,8 % eran adolescentes.
Por otro lado, las denuncias de desapariciones forzadas se incrementaron un 671,42 % durante 2024. Al respecto, Provea apuntó que se volvió una práctica habitual “que las personas detenidas por los cuerpos de seguridad no sean presentadas oportunamente a tribunales y no se informe a familiares y abogados el lugar de reclusión” de estas.
La ONG también recomendó a la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Defensa Pública que garanticen “intervenciones inmediatas, con funcionarios de guardia las 24 horas, para resguardar los derechos de los detenidos”.
Asimismo, Provea exigió el levantamiento de un “registro detallado” de los casos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y “respetar el debido proceso y el derecho a la defensa con abogados de confianza” de los detenidos.
Piden “coherencia” al Ministerio Público
Durante la presentación del informe de Provea, el miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Diego Casanova, instó al Ministerio Público del fiscal general Tarek William Saab a obrar con “coherencia” al hablar de derechos humanos.
“Aprovechamos para exigirle al Ministerio Público que actúe con coherencia, de la misma manera que pide por los derechos humanos de los migrantes venezolanos en El Salvador, exigimos que respeten nuestras exigencias, que garanticen nuestros derechos y que protejan los derechos humanos en Venezuela”, dijo el joven.
Agregó que esta es la “responsabilidad constitucional” del jefe de la Fiscalía de Venezuela, y que estas exigencias no las hizo desde el rencor, sino desde un “profundo amor por la Justicia”.
Asimismo, informó que el movimiento Clippve protagonizará en los próximos días una serie de movilizaciones para exigir la libertad de todos los presos políticos de Venezuela y tratar de llamar la atención de actores internacionales.
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