Tras el anuncio realizado por el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, sobre la realización en su jurisdicción de matrimonios entre parejas del mismo sexo, se desarrolló un debate. Activistas de la comunidad LGTBIQ+ aseguran que la inacción del Estado y la influencia de grupos religiosos, ha dado largas a una medida que ya ha sido aprobada en 80% de Latinoamérica.
Barcelona. El pasado 14 de febrero, el alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, anunció la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo en la jurisdicción. De inmediato, el debate sobre la legalidad y moralidad de la medida invadió las redes sociales y la cotidianidad del anzoatiguense.
Aunque la Constitución y el Código Civil venezolano sólo reconocen el matrimonio entre un hombre y una mujer, abogados y activistas de la comunidad LGTBIQ+ argumentan que no es necesario hacer un cambio en la carta magna para declarar su legalidad. Atribuyen a la falta de voluntad política y el carácter militarista del Gobierno nacional, el que Venezuela acompañe a Perú y Paraguay, como los únicos países de Suramérica en no legislar sobre la materia.
«¿Ese alcalde se volvió loco?», «¿por qué en El Tigre se anuncia una medida como esa?». Esas interrogantes y muchas otras, incluyendo las de carácter moral, surgieron tras el anuncio de Paraqueima en sus redes sociales. Sin embargo, para la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, activista por los derechos de las mujeres, de las minorías sexuales y las categorías denominadas LGTBIQ+, Tamara Adrián, la medida no es descabellada.
Adrián, primera diputada transgénero en la historia del Parlamento nacional, asegura que una medida como la de Paraqueima, fue la chispa que generó el debate, y posterior aprobación, del matrimonio igualitario en 80% de Latinoamérica.
En países como Argentina, Ecuador, Chile y Costa Rica, alguien, sea un juez u otro funcionario, se atrevió a realizar la unión de dos personas del mismo sexo como si fuesen un matrimonio común y dejó la mesa servida para el debate y su posterior aprobación. Hoy vemos como casi todo el continente ha reconocido los matrimonios igualitarios», dice.
Desigualdad
Para Adrián, un Estado que niega igualdad a parte de su población es un país injusto. En el ámbito social crea un sistema injusto en materia de Derechos Humanos. Al revertir esto, recalca, las minorías adquieren dignidad y hacen al país más digno.
Si se dice que todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales, entonces tenemos un problema. Venezuela fue el primer país en abolir la esclavitud. Estuvo entre los primeros en permitir el voto de la mujer, en conceder derechos a las parejas no casadas. En cada uno de esos aspectos hubo extremistas que se opusieron. Pero no pasó nada, unos ganaron más derechos y los que ya los tenían los siguieron conservando», analizó.
Tras el debate por la medida, el discurso de Paraqueima sobre las uniones cambió en un lapso de tres días. De considerarse como matrimonio, se transformaron a la celebración de un contrato. Para acceder a esta modalidad, los interesados tendrán que pagar entre 300 y 400 dólares a la municipalidad.
En una entrevista a un medio de la localidad, la máxima autoridad civil de Simón Rodríguez, sostuvo que «El Tigre no es una ciudad aislada del resto del país». En ese sentido admitió que «tenemos una sola y única Constitución. La Constitución expresa claramente que el matrimonio es de un solo hombre y una sola mujer».
Acto simbólico
Moisés Gálvez, presidente de la ONG Género Conciencia, y promotor de la medida, está consciente de que la ceremonia a realizarse en la alcaldía de El Tigre el próximo 17 de mayo no tendría efecto jurídico y más bien sería de carácter simbólico. Sin embargo, destacó que el acto sustentaría un proceso de demanda contra el Estado por discriminación con las minorías LGBTIQ+.
Con esta medida lo que buscamos es demandar al Estado por discriminación al no aceptar la celebración de estos matrimonios. Introducir estas demandas en el Poder Judicial y que las mismas se vayan acumulando. Estamos seguros que estas harán presión en el Poder judicial y así obligarán a la Asamblea Nacional a legislar al respecto, lo cual sería un efecto muy positivo», expuso.
Gálvez agrega que una de las motivaciones para desarrollar el proyecto es la sentencia 190/2008 emanada de la Sala Constitucional del TSJ. El fallo establece en uno de sus párrafos que «La Sala quiere destacar que la norma constitucional no prohíbe ni condena las uniones de hecho entre personas del mismo sexo, que encuentran cobertura constitucional en el derecho fundamental al libre desenvolvimiento de la personalidad (…)«. A juicio del activista, este argumento deja la puerta abierta a las celebración de uniones igualitarias.
Nosotros buscamos una interpretación del TSJ sobre el artículo 77 de la Constitución Nacional, el cual sería una de los alegatos para que la Asamblea Nacional no legisle sobre el matrimonio igualitario. El TSJ emitió la sentencia sobre que la Constitución no discrimina ni prohíbe las uniones igualitarias. Luego encontramos otro obstáculo por parte de la AN en el artículo 44 del Código Civil y se introdujo un recurso para declarar la inconstitucionalidad de ese artículo, porque según la pirámide de Kelsen, si la Constitución que es la máxima ley no discrimina, el Código Civil no tiene por qué hacerlo», dice Gálvez.
Para el abogado constitucionalista Jesús Rodríguez, más allá del debate que en algún momento se deba realizar en el país sobre estas uniones, en la actualidad el Estado considera a la familia como la célula fundamental de la sociedad. De ahí que la proteja, mediante la Constitución y el Código Civil.
Rodríguez sostiene que para el Estado, «el matrimonio es un asunto de orden público». Por eso lo regula con las normas vigentes. Lo que implica que ni el alcalde Ernesto Paraqueima, ni el Concejo Municipal de Simón Rodríguez, tienen potestad para legislar en esa materia. De hacerlo, de acuerdo con el abogado, cometerían «una estafa jurídica» y violarían la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
El artículo 44 del Código Civil es claro, y dice textualmente que el matrimonio sólo puede contraerse entre un hombre y una mujer y que no reconoce otro matrimonio, sino el que está reglamentado en la norma. Los municipios tienen competencias, pero no para legislar en lo que jurídicamente se conoce como <estado de capacidad de las personas>. De realizarse esto, estarían cometiendo abuso de autoridad y usurpación de funciones», advierte.
Aunque Paraqueima adelantó que no serán matrimonios como tal, sino la celebración de contratos privados, Rodríguez es tajante al señalar que eso sería otro delito. Pues, para el Estado el matrimonio es un contrato público donde se fijan carteles y con ello se contraen responsabilidades jurídicas.
La norma no pueden relegarse, con la celebración del matrimonio se adquieren efectos legales. Insisto, más allá de las consideraciones morales, que ese es otro tema a discutir, el alcalde puede realizar matrimonios, pero solo los que están contemplados en la ley», sostuvo Rodríguez.
Religión y ley
Además de los obstáculos legales que esgrime la Asamblea Nacional para debatir sobre el matrimonio igualitario, Adrián afirma que la influencia de personas practicantes de la religión evangélica en la estructura del Estado ha sido también un factor para darle largas a ese tema y otros.
Adrián pone como ejemplo su caso. La abogada nació como Tomás Adrián y tras su proceso de transición de hombre a mujer, en 2004 introdujo un recurso ante la Sala Constitucional del TSJ. En su demanda exigió el reconocimiento de su identidad de género. Han pasado 18 años desde que introdujo este recurso y aún no obtiene decisión.
En Venezuela hay una fuerte presencia de practicantes del evangelio en instituciones como el CNE, Asamblea Nacional y Fiscalía. En lo que va de año se han cometido 12 crímenes de odio y ninguno ha sido resuelto. El parlamento aprueba leyes exprés, como la Ley de Impuestos a las Grandes Transacciones Financieras. Pero no se legisla en materia de derechos de las minorías”, afirmó.
Para la también profesora universitaria, si el alcalde Ernesto Paraqueima tiene «la voluntad de ir más allá», puede efectuar el matrimonio sin ningún inconveniente.
No es necesario modificar la Constitución en este tema. Aquí habría un tema de conflicto intraconstitucional. Hay un choque de normas. Sí, todos somos iguales ante la ley, pero no somos iguales, como te dije antes, tenemos un problema. Aquí si el alcalde registra el matrimonio no hay vuelta atrás», añadió.
Rechazo
Jesús Yegüez, es diputado independiente al Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui y miembro de la iglesia evangélica. Yegüez expresó que en una sociedad tan convulsionada como la venezolana, sería una especie de irrespeto presentar ante la opinión pública a mujer con mujer y hombre con hombre besándose. Por eso mismo rechaza que se les dé carácter legal a sus uniones.
Para Yegüez, traer a la palestra este proyecto, es un irrespeto. Insistió en que en lugar de esa discusión, el debate debería centrarse en rescatar los valores, como base fundamental de la sociedad.
Consultado sobre lo expuesto por Adrián, respecto a que la aprobación del matrimonio igualitario llevaría a Venezuela a ser un Estado más respetuoso de los Derechos Humanos, en especial para las minorías, Yegüez fue tajante en adversar esa posición.
«Las minorías pueden tener el respeto como seres humanos. Pero de ahí a darles carácter legal, es la invitación a todo lo contrario que aborrece la biblia la cual es la palabra de Dios. Esta medida no puede ser apoyada y debe ser rechazada con todas las fuerzas de la sociedad decente y cristiana del país», dice el legislador anzoatiguense.
– A su juicio, ¿qué políticas debería implementar el Estado para asegurar los Derechos Humanos a estas minorías, sin la necesidad de darle carácter legal a proyectos como el matrimonio igualitario?
– Respetando el cómo cada quien decida llevar su vida. El Estado está en la obligación de proteger a las personas, fundamentado en los preceptos constitucionales. Esa es la realidad, pero el Estado también debe sopesar la realidad de su sociedad y las herramientas que le garantice a esa sociedad su fortalecimiento y crecimiento como base fundamental de la nación.
Gálvez afirma que el camino que tienen que recorrer no es fácil. Sobre todo en un país como Venezuela, en el cual los movimientos religiosos ejercen mucha influencia.
La resistencia en materia de Derechos Humanos a las minorías LGTBIQ+ se encuentra principalmente en los sectores antiderechos de las iglesias evangélicas que, además, tienen fuertes influencias en ciertos estados del país. Incluso, el Gobierno nacional ha venido mostrando un interés en ganarse a este grupo religioso como un aliado. Lo vemos con la creación de un día del pastor, la universidad pastoral, chamba juvenil cristiana y financiamientos constantes a estas iglesias. Entonces, aquí se juntan dos factores, uno social y otro político», alega.
Beneficios
En sus declaraciones a los medios locales, Paraqueima señaló que la aprobación del matrimonio igualitario en El Tigre tiene dos ejes. Ambos benefician tanto a la ciudad, como a la comunidad LGTBIQ+. Según Paraqueima, además de hacer justicia a este segmento de la sociedad, serviría para recaudar dinero. También ayudaría a promover a El Tigre como destino turístico.
Aunque suene a negocio, para Adrián la idea no es mala. La activista puso como ejemplo a países como España, México y Argentina, que se disputan el turismo LGTBIQ+ y ayuda generar empleo. Además, en esos países el gasto por concepto de turismo gracias a esta comunidad, se ha incrementado en 10%.
Pese a que el debate sobre el matrimonio igualitario aún no cesa, Gálvez afirma que la alianza lograda con Paraqueima, permitirá el avance. Esperan que este precedente marque una ruta que pronto se replique en otras alcaldías del país.
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