Los parientes de las detenidas contaron que también deben pagar por los traslados hasta los tribunales. El costo va desde dos hasta tres dólares. Según Una Ventana a la Libertad, en la PNB de El Valle hay 200 mujeres privadas de libertad.
Caracas. Gloria*, familiar de una reclusa, denunció la falta de traslados por emergencias médicas en el centro de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en El Valle.
La falta de unidades ha obligado a los familiares a buscar los medios de traslado, que van desde una ambulancia hasta usar Yummy Rides o Ridery, servicios de transporte privado que se solicitan a través de una aplicación móvil.
Aunque el pago por el transporte no solo aplica para ir a un centro asistencial, sino también para las visitas a los tribunales. Gloria manifestó que, en caso de que en ese calabozo policial tengan unidades operativas, les pueden cobrar a las detenidas desde dos hasta cinco dólares.
La PNB de El Valle es el único centro de detención para mujeres en Caracas. De acuerdo con la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), allí se encuentran 200 mujeres privadas de libertad.
Salud en riesgo
A las detenidas en El Valle solo las sacan a un centro asistencial cuando están verdaderamente graves. Gloria contó que hace algunas semanas llevaron a una mujer al hospital luego de que se desmayara y quedara inconsciente.
Hace tres años, Fanny* –quien estuvo recluida en ese mismo centro–, atestiguó cuando una compañera, que padecía cáncer, murió en agonía en su celda en la PNB de El Valle.
La falta de traslado a los hospitales afecta directamente la salud de las privadas de libertad, como es caso de Emirlendris Benítez, presa política desde 2018 que padece múltiples afecciones y que se encuentra en silla de ruedas.
La mujer, de 42 años de edad, perdió al menos 12 citas médicas desde 2022 por falta de una boleta de traslado desde el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) para algún centro asistencial y por la falta de vehículo o ambulancias.
Pérdida de peso
Cuando Fanny ingresó en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en el antiguo Internado Judicial de Los Teques, en el sector El Retén, perdió al menos 12 kilos de masa corporal. En cada visita luce más pálida y con la piel amarilla.
Un familiar cercano a esta reclusa mencionó con preocupación que la atención médica en ese centro penitenciario es nula, donde a veces hay enfermeras, pero no hay médicos y tampoco medicinas. El último operativo de salud fue hace un año y fue para despistaje de enfermedades venéreas.
Angélica Lugo, investigadora para Una Ventana a la Libertad en Caracas, expresó que en los calabozos policiales las mujeres detenidas no reciben atención médica y ginecológica. Hay algunos operativos que hace el Estado, algunas organizaciones no gubernamentales e incluso las iglesias, pero solo es atención médica primaria.
Un informe de UVL para 2022 detalló que las enfermedades más comunes en las mujeres en los centros de detención preventiva son las respiratorias, la gripe, la escabiosis y la desnutrición.
Mientras que en las cárceles, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las patologías más comunes son: tuberculosis, hepatitis, escabiosis, alteraciones cardíacas y problemas gastrointestinales. A esto se le suma que se les niega el chequeo médico y el acceso a tratamiento y atención especializada.
En el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), publicado el 4 de julio, expresó preocupación por las condiciones de salud de muchas personas detenidas, la espera de respuestas a solicitudes de medidas humanitarias y los traslados médicos.
El Acnudh también señaló los riesgos y consecuencias asociados con el acceso limitado a los servicios de salud en mujeres, las personas LGBTIQ+ y las personas con discapacidad.
Olvido de las familias
A juicio de Lugo, la mayor problemática que enfrentan las mujeres privadas de libertad es el olvido de su familia. En años de estudios ha visto cómo esto puede ser más común en mujeres que en hombres presos.
“Son olvidadas por sus familiares, menos visitadas y atendidas por su gente”. Alegó que, por lo general, la responsabilidad de tener un pariente detenido recae en las familias, pero particularmente sobre las madres. Sin embargo, éstas le brindan menos atención a ellas en comparación con sus hijos hombres.
“Cuando hay mujeres detenidas la madre no hace tanto esfuerzo por la hija como puede pasar con el hijo, lo he visto”.
Madres separadas de sus hijos
Sobre la maternidad en mujeres privadas de libertad, Lugo acotó que una vez que nacen los bebés, estas mujeres son separadas de ellos, pese a que la legislación venezolana sostiene que hasta los tres años las madres deberían estar con sus hijos por el período de lactancia.
A diferencia de los calabozos policiales, en el INOF existe un área de maternidad donde pueden estar las mujeres lactantes con sus bebés.
También dijo que las mujeres que dan a luz en los calabozos suelen dejar a sus bebés al cuidado de los abuelos. La investigadora ha visto casos en los que ambos padres están detenidos, ya sea en calabozos o en prisión. Y que en caso de los calabozos, los bebés tienen la oportunidad de estar unos minutos con sus madres en las visitas de los sábados.
A principios del mes de julio, familiares de la detenida Desiré Márquez Heredia, de ocho meses de embarazo, denunciaron que le fue otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad el 31 de marzo, pero que seguía recluida a pesar de tener la orden.
No obstante, fuentes extraoficiales desmintieron a UVL haber recibido alguna orden judicial. UVL informó que luego de un chequeo médico, a la mujer se le practicó una cesárea, pero se desconoce si obtuvo arresto domiciliario.
Los calabozos policiales son responsabilidad del Estado
Lugo alegó que los centros de detención preventiva son competencia del Estado y que las policías municipales, regionales y la PNB no tienen los recursos para atender a la población reclusa.
“Y esa no es su función, las policías son preventivas, para hacer procedimientos y mantener a las personas detenidas por 48 horas mientras los presentan en tribunales y se decide si tienen privativa de libertad o tiene libertad”.
Recordó una entrevista de Iris Varela, entonces ministra del Ministerio para el Servicio Penitenciario, en la que dijo que la población que le compete a este organismo era la que ya estaba condenada.
“No voy a recibir a una persona que no tenga ni siquiera una audiencia preliminar. No voy a recibir en las cárceles nacionales a una persona que no tenga un juicio. Tiene que tener su tribunal de juicio ya designado porque hay un derecho humano que nosotros respetamos, que es el debido proceso. Que es el derecho a ser juzgados en libertad y que es la presunción de inocencia”, dijo Varela en una rueda de prensa en 2016.
(*) Se modificaron algunos nombres como medida de protección de la fuente.
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