Según la abogada Stefania Migliorini, Emirlendris Benítez fue condenada por la declaración de un funcionario actuante en su aprehensión, lo cual carece de validez jurídica. La juez Katherine Harrington ratificó ante la corte de apelación la condena de 30 años, la presa política.
Caracas. La juez Katherine Harrington ratificó ante la corte de apelación la condena en contra de Emirlendris Carolina Benítez Rosales, sentenciada a 30 años de prisión por los presuntos delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir e intento de magnicidio en contra del mandatario Nicolás Maduro.
Stefania Migliorini, abogada y miembro de Foro Penal, alegó que a Emirlendris se le atribuyen delitos que no concuerdan con sus acciones antes de su detención en agosto 2018.
“En ningún momento se demostró que efectivamente ella es traidora a la patria, de que estaba en un grupo delictivo. En ningún momento participó en los hechos del 4 de agosto, ni siquiera tenía conocimiento de lo que estaba pasando ese día”, manifestó Migliorini.
A Emirlendris y su pareja, Yolmer Escalona los aprehendieron el 5 de agosto de 2018, mientras le hacían un traslado a José Miguel Estrada González y Alberto José Bracho Rosques, al estado Barinas, quienes supuestamente estaban solicitados por el presunto atentado en contra de Maduro, con drones que cargaban explosivos, durante un acto conmemorativo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar,
Declaración de un funcionario
Migliorini enfatizó en que a Emirlendris la condenaron por la declaración de un funcionario actuante en el momento de su aprehensión, lo cual carece de validez jurídica.
“Los funcionarios actuantes no le dan validez a una acusación. Estos lo que dicen es el momento de la aprehensión de la ciudadana, pero eso no tiene validez para poderla condenar, porque es el entredicho de un funcionario con el acusado”.
Añadió que el próximo 9 de abril esperan la audiencia en la que darán a conocer la decisión de la ratificación de la condena. A partir de ese momento, la defensa tendrá 10 días para ejercer el recurso de casación.
En caso de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratifique nuevamente la decisión y la condena, tienen como última instancia el recurso constitucional de acudir a la Sala Constitucional.
Problemas de salud
De acuerdo con denuncias previas de familiares, Emirlendris comenzó a sufrir diversas patologías tras su detención, presuntamente por torturas y malos tratos por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Como consecuencia perdió a un bebé, cuando tenía cerca de cuatro meses de embarazo.
Ahora, tras las celdas del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, padece las consecuencias. Anda en silla de ruedas debido a infiltración de biopolímeros desde los glúteos hasta las piernas.
También, padece de insomnio, dolor agudo en las piernas, espalda, cabeza, tiene la mitad del rostro hinchado, el párpado del ojo derecho caído. A veces sufre desmayos y necesita una operación en la columna con urgencia.
Una fuente extraoficial informó a Crónica.Uno, que pese a tener todas estas afecciones, este año a Emirlendris solo la han llevado al neurocirujano. El especialista le indicó realizarse una resonancia magnética y rayos X. No le permiten hacerlo en una clínica privada.
En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar a favor de Emirlendris. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas pidió en 2022 su liberación inmediata por considerar arbitraria su detención.
El Foro Penal reportó que en Venezuela hay 268 presos políticos, 20 son mujeres. De acuerdo con la ONG Encuentro, Justicia y Perdón, algunas de estas mujeres fueron torturadas y alejadas de sus hijos, como es el caso de Emirlendris, quien tiene dos hijos.
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