El grupo de unas 100 personas, que se apostó este jueves ante el TSJ para buscar celeridad al proceso, señala que existe un retardo de más de tres años solo con respecto a la fijación de la fecha para la audiencia.
Caracas. Un grupo de personas estafadas por el Concesionario La Venezolana volvió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) este jueves 2 de diciembre para exigir celeridad en el proceso que mantienen desde 2014, cuando hicieron la demanda. Unos 100 afectados asistieron al organismo para lograr que se fije una fecha para la audiencia.
Los afectados llegaron a las 10 de la mañana a la sede del Tribunal Supremo de Justicia y a las tres de la tarde seguían en cola para entregar los recaudos que les pidió el organismo. Nayibe Ortiz miembro de la directiva de la Asociación Civil Pro Defensa de Compradores del Concesionario La Venezolana dijo a Crónica.Uno que el TSJ les pidió nuevos recaudos: imprimir los documentos que previamente habían enviado por correo, pues la dirección de correo habría colapsado, según les explicaron.
“Estamos aquí desde las 10 de la mañana vinimos a solicitar respuesta ante el TSJ, porque el 2 de noviembre la magistrada Lourdes Anderson dio instrucciones a la Sala Constitucional para que diera activación a nuestro caso, que está en etapa de juicio desde antes de la pandemia. Tenemos dos años esperando que se dé la audiencia del juicio”, explicó.
Los afectados consideran que el nuevo requisito del TSJ es “una traba más” a un caso, que desde 2015 no ha sido resuelto. El grupo hizo la demanda en el 2014 y fue admitida por la Justicia el 26 de julio de 2015, bajo el número de sentencia 16-694. Los voceros explican que usaban el correo oficial del TSJ para dirigir los reclamos, pero en vista de que son unas 6000 el correo colapsó, por lo que les pidieron a las 100 personas que asistieron este jueves a imprimir los documentos y entregarlos.
El grupo aboga por un impulso procesal porque hay un retardo de más de tres años solo con respecto a la audiencia. “En vista de que hemos cumplido con todos los requisitos y hemos hecho todo, esperamos que hoy haya un poquito más de compromiso con nosotros y el magistrado que lleva el caso, Arcadio Rosales, nos indique cuándo va a decidir la fecha de juicio para nosotros avanzar, si no se da la audiencia no podemos avanzar”, apunta Ortiz.
Hasta ahora no hemos obtenido avances. Han sido muy pocos. El proceso ha sido muy lento, sin embargo, la magistrada Lourdes Anderson fue quien solicitó que el magistrado del caso se ocupara y acelerara el proceso para fijar la fecha de la audiencia”, dice la Asociación Civil Pro Defensa de Compradores del Concesionario La Venezolana.
La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) señaló en un comunicado de 2018 que el Concesionario La Venezolana fue objeto de una medida de ocupación decretada por el Ejecutivo Nacional, “para el momento de esta medida la empresa contaba con gran cantidad de activos, entre ellos, dinero en bancos nacionales, dinero en divisas en bancos extranjeros, flotas de vehículos traídos ya al país para ser adjudicados a los compradores hoy víctimas, flotas de vehículos propiedad de los directivos de la empresa, inmuebles y lo que es más importante presuntos pagos cuantiosos en divisas a las empresas ensambladoras chinas, que de verificarse esto tendrían la obligación de ensamblar y enviar a Venezuela los vehículos que les fueron pagados”.
En la medida de ocupación el Ejecutivo designó funcionarios como administradores ad-hoc, para llevar adelante todas las acciones necesarias y lograr la reparación del daño a las víctimas, sin embargo; Anauco afirma que estas juntas administradoras recibieron todos los activos y pasados los años, no solo que no han cumplido el mandato del Ejecutivo Nacional, sino que tampoco rindieron cuentas a los afectados sobre el manejo de los activos y el avance de las actividades que debían realizar.
En mayo de 2014 el Gobierno ordenó abrir un procedimiento judicial a la compañía por presuntamente haber estafado a 5956 personas que habían dado la inicial para obtener un vehículo chino. Durante el proceso de fiscalización se detectó que los carros ofrecidos a estas personas, que ya habían pagado la inicial del 30 %, no tenían autorización ni crédito para ser comprados en China.
“Nosotros pagamos por unos vehículos y el dinero está en la fábrica china, hay una parte en dólares en Panamá, otra parte en la fábrica, lo que nos interesa es que haya un resarcimiento. También están los convenios entre China – Venezuela. Nuestra petición es que se rescate ese dinero a través de estos convenios”, exigen.
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