De acuerdo con el balance de la Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia Región Los Llanos, el descongestionamiento de los Centros de Detención Preventiva de Apure (CDP) es de 20% desde que se designó el organismo, en junio de este año. En esta entidad, son cerca de 700 privados de libertad entre los que est[an en los CDP y los trasladados a Guárico, Barinas y Táchira.
San Fernando de Apure. La población reclusa actual del estado Apure ronda los 700 privados de libertad, de acuerdo con información que levantan organizaciones no gubernamentales dedicadas al monitoreo de las cárceles venezolanas.
Este número incluye a los presos que se encuentran en los Centros de Detención Preventiva de Apure, (CDP), así como a los trasladados a los centros penitenciarios de los estados Guárico, Barinas y Táchira, tras el cierre de la cárcel apureña.
En abril de 2018, estalló una huelga de hambre debido al colapso de los servicios carcelarios en el Internado Judicial de San Fernando de Apure (IJA). La toma de la instalación por parte de los reclusos duró más de 40 horas y provocó que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, cerrara el IJA.
Hasta la fecha no se ha reabierto este viejo penal construido en 1917 como cuartel militar y convertido en cárcel en 1956. Tampoco se ha conocido de la habilitación de otro espacio para tal fin.
De los 500 procesados del IJA, al menos 450 fueron trasladados al estado Guárico, la mayoría de ellos a la cárcel 26 de Julio de San Juan de Los Morros y la porción restante, al Internado Judicial de Barinas.
De estos privados de libertad, cerca de 150 fueron beneficiados, en 2020, con la medida de Régimen de Confianza Tutelado, según informaciones aportadas por algunos liberados.
En abril de este año, fueron trasladados al Pabellón de Procesados Militares del Centro Penitenciario de Occidente, estado Táchira, 31 detenidos en la frontera de Apure y Colombia.
De estos detenidos durante los enfrentamientos FARC-FANB en la población de La Victoria, del municipio fronterizo José Antonio Páez, al menos tres quedaron en libertad.
Sobre la cantidad de presos que tienen los 21 CDP de los comandos de Policía, GNB, Cicpc, Dgcim, Conas y Sebin, ubicados en todo el estado, no se conocen cifras oficiales.
La ONG Una Ventana a la Libertad, (UVL), da cuenta de aproximadamente 940 detenidos en los CDP de los estados llaneros Apure, Barinas, Cojedes y Portuguesa, antes de la instalación la Comisión Especial para la Reforma del Sistema Judicial (CERSJ), activada en junio de este año.
Esta misma ONG reporta que, de estos privados de libertad, la CERSJ ha liberado algo más 300 personas en la región apureña.
No obstante, Wiecza Santos Matiz, coordinadora en el estado Apure del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), calcula que todavía deben haber alrededor de 350 reclusos en estos calabozos, aunque recalca que el número es variable.
Estas liberaciones en algunos casos han sido por admisión de los hechos, pero lo que se ha visto de manera reiterada, son las medidas sustitutivas a la privativa de la libertad en virtud del grave irrespeto a los lapsos procesales y diferimientos de los traslados a las audiencias”, explica Santos Matiz.
Un defensor público regional, que reservó su identidad, indicó: “Las celdas del Cicpc y Policía de San Fernando, cuentan con normas mínimas acordes a un centro de prevención. Al contrario, la del Conas es una churuata. Todas tienen hacinamiento”.
Los datos revelan que la población penal de Apure no llega ni al 1% del total nacional que, según Carlos Nieto, director nacional de UVL, es aproximadamente de 55.000 personas en los CDP y 45.000 en las cárceles del país.
Sin embargo, tener una menor proporción de población penitenciaria, no hace la situación carcelaria de Apure menos gravosa ni menos calamitosa para los privados de libertad y sus familiares, de acuerdo con sus propios testimonios.
Retardo procesal y maltrato en los CDP de Apure
Crónica.Uno obtuvo el testimonio de 3 personas, que pidieron no ser identificadas por temor a empeorar su situación o la de sus familiares.
El primero un hombre en libertad condicional describe el tratamiento que recibió en un CDP de San Fernando de Apure.
Éramos como 50 en una celda pequeña y en mi primera noche no me llevaron al calabozo, sino que me esposaron a un tronco de un árbol que estaba en el comando. Todos los guardias pasaban, me gritaban improperios y me golpeaban. Pasé toda la noche abrazado al tronco y parando plaga”.
Este hombre permaneció detenido 20 días antes de su audiencia de presentación, tiempo en el cual pocas veces tuvo cambio de ropa, vio a su familia o consumió la comida que le llevaron.
“Le llevábamos comida y agua, pero solo le pasaban el agua porque la comida se la comían los guardias”, narró uno de sus familiares.
Ha trascurrido un año y continúa con régimen de presentación, prohibición de declarar públicamente y de salida del país, entre otras medidas y su situación judicial aún no ha sido resuelta por el juez de la causa.
Este hombre ha sido uno de los beneficiados debido a que, con libertad condicional, puede estar en su casa con su familia.
“No ha sucedido así con la mayoría de los que compartieron celda conmigo, varios de los cuales fueron trasladados a los calabozos del módulo policial de El Recreo y todavía permanecen allí”, comenta.
Una resolución de la ministra Iris Varela en 2011, ordena que el cuerpo de seguridad que detiene se tiene que quedar con el preso hasta que sea condenado y se ordene su traslado a un centro penitenciario.
Al existir un hacinamiento tan alto en los centros penitenciarios los detenidos continúan en los centros de detención preventiva hasta culminar su proceso y, de hecho, algunos condenados todavía permanecen allí”, asegura Santos Matiz.
El cierre de muchos centros penitenciarios como es el caso de Apure, agrava el hacinamiento, sostiene la coordinadora de OVP Apure.
“Aquí no hay donde tener a los condenados y se les traslada a otros estados lo que le ocasiona perjuicio a los familiares y a la cárcel que los recibe. El tema es complejo y vulnera los derechos fundamentales no solamente de los privados sino de sus familiares y eso es una gran cadena”, señala la activista de derechos humanos.
Olvidados por la distancia y la pobreza de su familia
El abandono obligado de más de 300 procesados trasladados a las cárceles de los estados Guárico y Táchira, es otro problema de los privados de libertad de Apure y sus familiares.
Carolina Girón, directora nacional del OVP, denunció el año pasado que más de 300 presos de Apure estaban enfermos e incomunicados en la cárcel 26 de Julio de San Juan de Los Morros, a 300 kilómetros de San Fernando, la capital apureña.
Girón detalló que algunos, no precisó número, tenían tuberculosis y recibían tratamiento médico, mientras que otros, aproximadamente 140, estaban con otras patologías y desnutridos, pero sin recibir atención médica.
Familiares de los detenidos en el enfrentamiento armado de La Victoria, frontera entre Apure y Colombia, también protestaron a mediados de este año por el traslado de estos apureños al Táchira, distante a 500 kilómetros del estado llanero, a donde no podían atenderlos.
A la fecha esta situación sigue igual, corrobora la coordinadora regional del OVP. La abogada ayuda a varias madres de San Fernando y resto del estado con trámites legales para agilizar las causas de sus hijos presos fuera de la entidad.
A estas madres que ya en Apure, se les hacía difícil acompañar diariamente a sus familiares detenidos debido a sus precarias condiciones económicas, se les imposibilita viajar a otros estados y se ven obligadas a abandonarlos.
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Tengo meses que no veo a mi hijo, antes hablaba con él por teléfono, pero ahora les prohibieron las llamadas. Lo último que supe es que estaba enfermo y estaba muy flaquito y yo estoy muy angustiada porque a otra vecina le trajeron su hijo, pero muerto”, narra con lágrimas una de las madres del sector El Bucare, uno de los más pobres de la capital apureña.
Descongestionamiento de 20% en CDP de Apure
La Comisión Presidencial para la Revolución del Sistema de Justicia Región los Llanos, logró un descongestionamiento de 20% de los CDP de Apure, aseguró Luz Chacón, diputada de la Asamblea Nacional, a cargo de esta comisión.
El sábado 9 de octubre, instaló el equipo que se encargará de la segunda fase del proceso: “revisión”.
En la primera fase denominada “abordaje”, la comisión entrevistó a cada uno de los reclusos y ejecutó excarcelaciones en casos de delitos menores que de acuerdo con la ley deben ser juzgados en libertad, así como realizó traslados a centros penitenciarios en casos de delitos mayores.
“Estamos en la fase de revisión de todos los procesos que iniciamos durante el abordaje. Vamos a estar en el circuito revisando los expedientes de los ciudadanos privados de libertad que se encuentran en todos los centros de prevención de este estado”.
La comisión ha encontrado que el hacinamiento y el retardo procesal son los problemas más graves en los CDP de Apure, reveló Chacón.
“El hacinamiento lo hemos abordado en trabajo junto con la Comisión Nacional, descongestionando primero a los centros penitenciarios y luego, coordinando los traslados de los privados de libertad hacia esos centros”, explicó la diputada.
El trabajo de la instancia se concentra en el apresurar los trámites en los CDP de acuerdo a lo que explicó Chacón, quien no mencionó ninguna actuación en las causas de los procesados trasladados de Apure a otros estados.
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En la segunda fase o revisión se consulta a los jueces que correspondan de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el caso y a partir de sus orientaciones se elabora un plan a ejecutar por cada causa”, detalló la diputada.
Chacón anunció que los recién detenidos también se beneficiarán del abordaje y las entrevistas. Asimismo, continuarán con las puertas abiertas para recibir denuncias del pueblo, atender abogados y familiares de reclusos.
Aclaró que no es un “Plan Cayapa” como se le llamó en el pasado a procesos similares, ni es una reforma, “es una comisión que se instaló permanentemente para crear un nuevo sistema de justicia”.
Explicó, además, que después del abordaje de cada caso, prosigue la elaboración y reformas de un conjunto de leyes conforme a las necesidades y, por último, la ejecución por parte del alto gobierno, de los cambios que se deriven de estas fases previas.
Detenciones arbitrarias
Este año, desde abril, las fronteras del estado Apure han sido escenario de reiterados enfrentamientos entre grupos irregulares disidentes de la guerrilla colombiana FARC y las fuerzas militares venezolanas.
Debido a estos combates armados, los cuerpos de seguridad venezolana han practicado más de 160 detenciones, las cuales, familiares y representantes de ONG de derechos humanos califican de “arbitrarias”.
Objetan el procedimiento de la captura sin orden judicial y de manera violenta, la desinformación sobre los centros de reclusión preventiva, la incomunicación y negación del derecho a la defensa privada, así como la dilación de las audiencias de presentación.
En el Alto Apure, el defensor de derechos humanos Walter Márquez, denunció en el primer semestre de este año la detención arbitraria de 31 personas señaladas de tener presuntos nexos con la guerrilla por los hechos de La Victoria.
Mientras que, en el Bajo Apure, Juan García, activista de Fundaredes, afirma que estas detenciones arbitrarias se han extendido a los municipios Pedro Camejo, Rómulo Gallegos, Achaguas y San Fernando donde hay 132 personas privadas de libertad y de sus derechos fundamentales.
ONG aguardan el arribo al estado Apure a partir del 20 de octubre, de una comisión de la oficina en Venezuela de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a la que aspiran poner al tanto de estos casos.
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