Familiares de detenidos en Tocorón, Tocuyito, La Crisálida, Yare III y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) protestaron frente al Ministerio Público para exigir la libertad de sus parientes.
Caracas. “Mami, quiero plata para que me entreguen a mi papá”, es el regalo que le pide Abel*, de tres años de edad, al Niño Jesús en esta Navidad.
Abel es hijo de Luis Armando Quiñones, un enfermero instrumentista quirúrgico, detenido en un operativo policial llevado a cabo tras las protestas contra la falta de transparencia en las elecciones del 28 de julio.
El niño tuvo que iniciar terapia psicológica por sugerencia de los docentes de su institución educativa, quienes lo veían con su ánimo muy bajo.
Aunque su familia le dijo que su padre estaba “de viaje”, presenciar la detención hizo que se diera cuenta de lo que ocurría.
“Odia a la policía y le dan crisis cuando ve a un uniformado”, cuenta Martha Cardona, abuela del niño y madre de Luis, quien fue detenido en Cabudare, estado Lara, luego de la denuncia de un exjefe que conocía a un funcionario policial del estado.
La madre del hombre, de 31 años de edad, cuenta que alrededor de 15 efectivos pertenecientes a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (DAET) fueron hasta el sitio en el que Luis tenía un emprendimiento de una escuela, para quienes quisieran aprender a manejar bicicleta.
Lo torturaron con electricidad en sus testículos, recibió golpes en distintas partes del cuerpo, lo asfixiaron con gases tóxicos y lo ahogaron en recipientes con agua.
Pedir justicia
Martha no entiende por qué su hijo, detenido en la cárcel de Tocuyito, pasa por esa situación. Tampoco por qué su nuera y su nieto tuvieron que irse tres meses de su casa para huir de las amenazas telefónicas de funcionarios policiales.
Este jueves, 21 de noviembre, la madre asistió a una protesta en la plaza de Parque Carabobo, ubicada frente al Ministerio Público, donde familiares de recluidos en penales como Tocorón, Tocuyito, Yare III, La Crisálida y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) acudieron para exigir la libertad de los suyos.
En su mayoría asistieron después de dormir durante varios días en los alrededores de los distintos centros de reclusión, a la espera de una señal que mostrara que sus parientes serían los próximos excarcelados.
Frente a las puertas del Ministerio Público, las madres lloraron, se arrodillaron y suplicaron al fiscal general Tarek William Saab que las escuche y saque a sus hijos e hijas de las cárceles en las que están.
En ese mismo organismo entregaron un documento en el que piden la revisión de los casos de los detenidos. También hacen solicitudes individuales con los nombres de cada uno. Según la respuesta de la recepcionista en un lapso de 15 días habrá una respuesta. Si no, tendrán que ir nuevamente.
De acuerdo con el Ministerio Público, 225 personas fueron excarceladas con medidas cautelares. No obstante, el Foro Penal Venezolano verificó 131.
Los 103
Con solo escuchar el nombre de su hijo Gabriel Blanco, Ana Gamboa empieza a llorar. Recuerda que 16 de noviembre, día en que hubo varias excarcelaciones en distintos centros de detención, su hijo menor, de 12 años, estaba muy feliz porque su hermano iba a salir en libertad.
Pero, por más que esperaron una señal, en las que las puertas del penal de Tocuyito se abrieran y el joven de 19 años saliera, no ocurrió.
Mientras señala la fotografía del joven, de 19 años, que está junto con decenas de caras impresas de las mujeres y hombres detenidos, dice que su a hijo lo apresaron de forma injusta y arbitraria.
Su caso forma parte de “los 103 de Los Guayos”, un grupo de personas detenidas en Valencia, estado Carabobo, durante una noche. Según la policía estatal estos iban a saquear una empresa de alimentos.
Ana insiste en que en Los Guayos no existe el lugar que indican. Pero no ha sido escuchada.
“Van a montar un juicio que no tiene razón, ni sentido. No tienen pruebas”, sostiene la madre, quien acota que su hijo fue golpeado de forma salvaje, y le rompieron una costilla y quedó con moretones.
Mientras tanto, hace lo que puede para reunir y comprar las galletas, caramelos y chocolates que puede entregar cada 15 días en el penal situado en Valencia y que solo puede entregar en una bolsa que no exceda un kilo de peso.
“No sabría decir cuánto gasto. Cada vez que tengo, compro. Lo que sí puedo decir es que no lo dejaré solo. Él es un niño con un futuro. Al día siguiente que lo metieron preso iba a ser ascendido a tornero en la empresa en la que trabajaba. Ahí desempeñaba otros tres cargos. Es muy trabajador y responsable”, cuenta.
Protestar por el futuro
Enmanuel Padilla, de 24 años, participó en protestas en Los Teques. A pesar de que ahora está detenido en Yare III por ello, el joven no cometió ningún delito, debido a que la protesta pacífica es un derecho humano.
Su madre, Belkis Padilla, relata que desde que Enmanuel está allí, su situación económica se ha visto afectada. Cuenta con la ayuda de sus hermanas, quienes le dan para gastos como el pasaje y lo que tiene que comprar para llevar en cada visita.
“Mis otros hijos no pueden ayudarme porque ganan sueldo mínimo y eso apenas y les alcanza para comer”, manifiesta.
Su mayor miedo es que su hijo atente contra su vida, porque en la última visita le dijo que, de ser condenado, se iba a matar, pues no soportaría pagar por un delito que no cometió.
Belkis, al igual que otras madres de Yare III, denuncian que desde hace dos días a los detenidos no les dan comida. Varias han tenido que hacerles transferencias para que compren comida dentro del penal, a los presos sociales. La explicación que dan es que “no hay gas” para preparar los alimentos.
“Yo tuve que pasarle Bs. 450, que es lo que cuestan dos empanadas y un jugo en Yare III”, dice otra madre.
Desde las excarcelaciones que ocurrieron entre el 15 y 16 de noviembre los recluidos en Yare III han sido torturados psicológicamente.
“El otro día los levantaron a las 2:00 a. m. y les dijeron que venía la libertad. A las 5:00 a. m., después de tenerlos esperando tres horas, les dijeron que eso era echando broma y que ellos, seguirían ahí”, expresa entre lágrimas otra madre.
(*) Algunos nombres fueron cambiados como medida de protección.
Lea también:
Presión internacional e incertidumbre aumentan las tensiones a 50 días del 10 de enero