Jeison fue excarcelado en diciembre de 2024. Sin embargo, su madre relata a Crónica Uno que ambos siguen sufriendo consecuencias que van desde la extorsión, hasta la pérdida de trabajo y beneficios como la bolsa de los CLAP.
Caracas. “Si me hubiese dicho la verdad desde un principio sobre que su hijo fue un preso político, no lo hubiese atendido”, le dice la médico internista a Yenifer*.
La especialista se negó a hacer el informe porque debía escribir que Jeison tiene lesiones en su hígado y páncreas a raíz de la mala alimentación y golpes que recibió durante los cuatro meses que estuvo en la cárcel de Yare III. Teme por las consecuencias de escribir algo así y estampar su firma.
El joven de 22 años de edad, quien ya tiene los ojos amarillos por el daño interno en sus órganos, tampoco recibió un récipe médico con los medicamentos que necesita, por lo que él y su madre graban en su memoria las indicaciones de la doctora. “Si no mejora, lo remito con otro médico”, responde para confirmar que no lo volverá a atender.
Al salir de la consulta en un hospital del estado Zulia Jeison se lamenta y le dice a su mamá que lo mejor era “no decir nada”. Ella, por su parte, opina que su hijo “salió de la cárcel, pero seis meses después, parece que sigue preso”.
El abogado Joel García explica que la negativa de la doctora constituye una violación flagrante del derecho a la salud, consagrado en el artículo 83 de la Constitución venezolana, que establece que la salud es un derecho social fundamental que forma parte de la responsabilidad del Estado.
Persecución
Yenifer insiste en que está “cansada de callar”. Aunque su hijo fue excarcelado hace siete meses aún sufre las consecuencias, principalmente porque tras la detención les quitaron el derecho de entrar a su hogar y ahora se trasladan de casa en casa de familiares.
Su casa la saquearon mientras pernoctó en las adyacencias del penal de Yare III, porque viajar constantemente desde el Zulia para visitar a su hijo le era imposible económicamente. Al volver, integrantes del consejo comunal le dijeron que la casa no le pertenecía porque no estaba a su nombre.
“El consejo comunal no nos vende la bolsa del CLAP porque mi hijo es terrorista, no gozamos de ningún beneficio porque mi hijo es terrorista”,
relata sobre los calificativos con los que señalan a su hijo, cuyo único delito es “pensar distinto”.
La última amenaza fue en casa de la madre de Yenifer, donde una representante de un cargo público llegó hasta el lugar en compañía de un funcionario: “Yo le pedí que nos dejara en paz, ya que mi hijo había pagado cárcel. Ella me respondió: No ha pagado lo que tiene que pagar. Yo soy quien tiene el poder y tiene que estar con nosotros”.
Jeison recibió una medida cautelar el 16 de noviembre de 2024, como parte de las primeras revisiones de casos dadas a conocer por el fiscal general ‒designado en la extinta Asamblea Nacional Constituyente‒.
En una nota anterior de Crónica Uno, publicada en marzo de 2025, una familiar contó que tuvo que dejar su hogar por el hostigamiento de cuerpos de seguridad gubernamentales que se estacionaban en las afueras de su casa y, en una oportunidad, la visitaron.
Los excarcelados políticos
“El drama para los presos políticos al ser excarcelados no termina, pasa a otra fase porque a muchos les condiciona la vida el régimen de presentación impuesto que además, en la mayoría de los casos, es en ciudades muy remotas a sus lugares de residencia”, explica Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, quien falleció bajo custodia del Estado, y hermana de Josnars Baduel, preso en el Rodeo I.
Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), insiste en que esto significa un gasto exponencial según el tiempo de las presentaciones que pueden variar de 15 días a un mes.
“Hemos tenido testimonios de familias que viven en zozobra constantemente porque no tienen cómo cubrir esos traslados, por lo que deben hacer colectas entre familiares o pedir colas. Es todo otra dimensión de horror”.
Recalca que el drama no termina con la excarcelación, por eso exige que la libertad sea plena y sin condiciones, mientras se cierran los procesos “injustos” y que las presentaciones sean en sus lugares de residencia.
Hasta el 21 de julio pasado el Foro Penal registró a 853 presos políticos, entre ellos cuatro adolescentes.
Una vulneración tras otra
Antes de la detención de su hijo, Yenifer ejercía su profesión como administradora en un hospital ubicado en el estado Zulia. Tras la excarcelación trató de volver a su empleo pero no se lo permitieron. Tampoco le entregaron su liquidación por más de 10 años de servicio prestados.
“Me dijeron que me olvidara de eso, que no me lo entregarían por la situación de mi hijo. También que si lo hacían corrían riesgo de que tomaran acciones contra ellos”, sostiene. “He tratado de encontrar en otros sitios, casas de familia, pero no he tenido suerte. La cosa está dura en Maracaibo y quienes podrían darme trabajo, prefieren no hacerlo por el miedo”, añade.
Joel García, especialista en derecho penal, explica que el despido por represalias políticas está prohibido en la Ley Orgánica del Trabajo y el convenio con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Todo ello constituye violaciones graves a los derechos humanos. Este tipo de represalias refuerza el patrón de persecución política donde no solo el sujeto es castigado, sino que se extiende a su entorno afectivo cercano, que incluye amistades”.
Estas acciones podrían ser denunciadas ante organismos como la Defensoría del Pueblo y órganos de investigación penal. Sin embargo, Jeison prefiere no hacerlo porque teme que por denunciar “lo regresen a la cárcel”.
Agonía que no termina
Los policías que capturaron a Jeison los primeros días de agosto de 2024 por orden de una mujer con cargo público en el estado Zulia, lo visitan en múltiples ocasiones y le piden entre $30 y $50. La última vez el jefe del joven le dijo que si las visitas de los uniformados seguían iba a despedirlo.
Desde su excarcelación Jeison vive en un estrés constante que agrava su salud mental y le impide conciliar el sueño con tranquilidad. “Si duerme tiene que estar con alguien al lado de confianza. La ansiedad que tiene es fatal”, cuenta su madre.
Para tratar la situación, acude a consulta psiquiátrica. El único lugar en el que se atreve a hablar de lo que vivió en la cárcel de Yare III, es con la especialista. Con su mamá no ha podido hacerlo porque “no se siente preparado”. Yenifer solo quiere que la pesadilla se termine y que su vida pueda continuar en paz.