Reformar un compendio de leyes ayudaría a salvaguardar el presupuesto de Carabobo ante la depreciación de la moneda venezolana y el problema inflacionario.
Valencia. La Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023 se aprobó de forma unánime ante el Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC) y se aprobó como ley el 8 de diciembre. El gobernador de la entidad, Rafael Lacava, afirmó que el presupuesto se destinará a cubrir áreas de salud, educación, deporte, vialidad, infraestructura, iluminación y cultura.
Pero la vicepresidenta del CLEC, Betzabeth Arroyo, aseguró que busca cumplir los cinco objetivos del Plan de la Patria: expansión y defensa de la independencia nacional; continuar con la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI; transformación de Venezuela hacia un país potencia en materia social, económica y política, garantizando un estado de paz; el desarrollo de una geopolítica internacional para alcanzar la paz planetaria; y la conservación de la vida en el planeta y una gestión que salve a la especie humana.
Más allá de planes y la paz planetaria, la realidad es que el presupuesto para Carabobo no solo se queda corto, sino que la hiperinflación se lo devoró. Así lo indica Miguel Chejade, experto en presupuesto y exdirector de esta cartera durante los gobiernos de Henrique Salas Röemer, Henrique Salas Feo y Luis Felipe Acosta Carlez.
Depredador presupuestario
La ley indica que Carabobo recibirá para 2023. Bs. 697.616.717,6 los cuales, de acuerdo con Chejade se traducen en unos 75 millones de dólares, pero hoy el presupuesto ha perdido buena parte de su valor producto de la depreciación del bolívar, por lo que esos 75 millones son hoy 30 millones de dólares. “Eso continuará y es una pérdida de más del 100 %”.
Esto tendrá una repercusión directa en la ejecución de obras públicas y el desarrollo de los distintos planes gubernamentales. “Porque al momento en el que se presupuestó el plan, el dólar estaba a 8,81 y ahora está en 21, de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. Entonces las empresas que harán las obras no les va a cuadrar el dinero. Será un 40 % de lo que se habló en su origen y así para todo lo demás”.
Chejade ve esto como un problema de fondo. Para paliarlo se necesitaría anclar los precios al dólar. “El presupuesto nacional empezó en $14.000 millones. Hoy va por $8000 millones”.
Además se tendría que modificar la Ley de Administración Financiera y la Ley Orgánica de Régimen Municipal.
Aunque para algunos, $75 millones podrían significar mucho dinero la realidad es otra. Esta cantidad no irá para la construcción de nuevas obras públicas. 50 % iría a parar a los gastos de inversión; es decir: Insalud, Seguridad, Educación y Gobernación y el pago al personal, entre otros. Es el remanente de entre 15 % a 20 % el que se destinaría a obras públicas.
El presupuesto y la realidad institucional
“Esta es una oportunidad para aumentar el gasto de inversión al 70 % y lo demás en corridas, aprovechando que las nóminas están muy bajas. Porque el remanente que te quedan de corrientes, si no le estableces un control jurídico no se va a destinar a servicios ni a inversión, ni siquiera a pagos de salarios”, explica Chejade.
Dice que esos gastos se irán en papelería o vehículos que sirven para el funcionamiento de las instituciones, pero son muy dispendiosos y poco efectivos para el bienestar de los ciudadanos.
Aun así los funcionarios piden “colaboraciones” en cualquier institución pública carabobeña, bien sea en resmas de papel o cualquier otro artículo debido a la escasez, igual ocurre en los hospitales. “Si tú no les colaboras a las enfermeras o al tipo que te pone la luz ahí no quedaría nadie”.
De acuerdo a la Ley, la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular se llevará la mayoría de dinero, con Bs 383.863.123,05 y la que menos será la Secretaría para la Mujer, Equidad e Igualdad de Género con solo Bs 190.563,00. Esto sustentaría lo expresado a Crónica.Uno por dos expertas de dicha institución quienes deben autofinanciarse para tratar casos de violencia de género, en vista de la falta de recursos.
Créditos adicionales
Chejade pronostica que el presupuesto alcanzará hasta marzo por la devaluación, lo que daría paso a la petición de créditos adicionales. Todo este proceso ralentiza la ejecución de obras, porque el Ejecutivo tiene que enviar el dinero, pero los distintos órganos legislativos en la región tienen que aprobarlos y luego coordinar su uso. “Esto puede tomar tres meses”.
El gobernador Rafael Lacava ha llevado a cabo con este sistema la recuperación de plazas, buena parte de la avenida Bolívar y la pintada de calzadas, así como el desmalezamiento y tala de árboles en la ciudad.
La devaluación ha llevado al gobierno regional a desarrollar una voracidad fiscal, cuyo único fin es encontrar dinero “fácil” a costa de las empresas que siguen apostando por el país y que les ahorra tiempo por su fácil obtención en comparación con los créditos adicionales.
Reparto del pastel
Citando la ley, las alcaldías deben recibir por situado (ingresos ordinarios) un total de Bs. 3.400.000,00, equivalentes al 20 % del total presupuesto de gasto, el cual será distribuido entre los 14 municipios. Aquí se mencionan los tres municipios que recibirán más dinero:
- Valencia: Bs. 150.208,96
- Puerto Cabello: Bs. 51.553,11
- Libertador: Bs. 51.031,60
Surge la pregunta de por qué un municipio rural y de poca población como lo es Carlos Arvelo recibe más dinero que San Diego, un municipio del área metropolitana de Valencia, pero de gestión opositora.
El texto refleja que, según las directrices de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), los sectores con mayor relevancia en créditos presupuestarios en Carabobo serán Salud, con un impacto del 53,18 % del total presupuesto, versus el 13,23 % de Educación y el 13,08 % Sector Vivienda, Desarrollo Urbano y Servicios Conexos.
Con este panorama quedan las dudas de qué tan factible será solucionar la escasez y contaminación del agua en Valencia, la culminación del Metro, del túnel Valencia-San Diego y del Hospital de Bucaritos, el saneamiento del río Cabriales; y mucho menos conseguir la paz planetaria planteada por el Consejo Legislativo.
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