Recomiendan investigar presunta responsabilidad de Maduro, Cabello, los vicepresidentes y 11 funcionarios o exfuncionarios del Sebin y la Dgcim por crímenes contra los DD.HH.

La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela recomienda a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra “el presidente y los altos funcionarios del Estado que lo secundaban por su posible responsabilidad en relación con los crímenes y violaciones cometidos a través de funcionarios de la Dgcim y del Sebin” por lo menos desde 2014.

Caracas. La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que hay motivos razonables para pensar que Nicolás Maduro junto a un cercano círculo de colaboradores, podrían tener responsabilidad en la comisión de crímenes y violaciones de Derechos Humanos (torturas, violaciones sexuales, aislamiento, entre otros) cometidos contra personas detenidas, a través de funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Por primera vez desde el inicio de su mandato en 2019 y basados en fuentes testimoniales, así como en un cúmulo de documentos oficiales (actas policiales, minutas oficiales, sentencias, y otros) la Misión identifica con nombre y apellido a directivos, funcionarios y exfuncionarios de la Dgcim y el Sebin, así como a altos funcionarios del gobierno venezolano como parte de las cadenas de mando que presuntamente cometieron los delitos.

Estos funcionarios son:

• El presidente Nicolás Maduro
• Los vicepresidentes ejecutivos desde 2014 en adelante
• El diputado Diosdado Cabello
• De la Dgcim: su director general Iván Hernández Dala; el exdirector del Deipc, Rafael Antonio Franco Quintero; el exdirector del Deipc, Hannover Esteban Guerrero Mijares; el exdirector del DAE y jefe de Ayudantía General Alexander Granko Arteaga; y otros dos funcionarios de la Dgcim identificados por medidas de seguridad en el informe como D01 y D02.
• Del Sebin; su director general Gustavo González López; Ronny González Montesinos comisario de la DIE entre 2014 y 2019 y excoordinador de Investigaciones de Campo; Carlos Alberto Calderón Chirinos, exdirector de Investigaciones Estratégicas y exdirector del Helicoide; y otros dos funcionarios del Sebin identificados por medidas de seguridad en el informe como S01 y S02.

En sus recomendaciones finales, la Misión recomienda a la comunidad internacional “considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y los delitos identificados, de acuerdo con su legislación nacional y los principios internacionales aplicables”.

Además recomiendan a la Corte Penal Internacional “analizar si (en Venezuela) se están llevando a cabo procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad”.

La Misión habló desde Ginebra

Los integrantes de la Misión presentaron públicamente este martes en Ginebra, Suiza, el contenido de tres informes, que juntos conforman el tercer reporte de sus investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela ocurridas desde 2014.

El primero de los tres documentos constituye un resumen general de 22 páginas sobre los responsables de violaciones a los derechos humanos en el Sebin, la Dgcim y el Arco Minero del Orinoco. El segundo de los informes dados a conocer hoy, de 124 páginas recoge el relato pormenorizado de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Sebin y la Dgcim, en El Helicoide y Boleíta respectivamente con las respectivas cadenas de mando. Y el tercero de los documentos se refiere a los atropellos contra la población en el Arco Minero.

El documento de la Misión identificado como Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno, contiene un extenso y detallado relato de hechos y testimonios de víctimas, defensores de las víctimas, familiares, fiscales, exfuncionarios del Sebin y exfuncionarios de la Dgcim sobre las violaciones cometidas por estos dos cuerpos de inteligencia.

La presunta responsabilidad de Maduro

De acuerdo al informe, la responsabilidad de Nicolás Maduro, los crímenes y violaciones a los derechos humanos que la Misión pudo constatar, tiene dos vertientes: primero, como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la FANB, es responsable del nombramiento, evaluación de desempeño y remoción de los directores de la Dgcim y el Sebin.

Y segundo, porque de acuerdo a los testimonios recabados, Maduro habría dado órdenes directas a los directores de estos cuerpos de seguridad que implicaban la comisión de delitos, o sabiendo que había comisión de delitos no los impedía.

“Las pruebas recabadas permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el Presidente tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al Director General y a los Directores de otras unidades del Sebin. En relación con las violaciones cometidas en la Dgcim, la Misión encontró motivos razonables para creer que el Presidente ordenó o instigó la comisión de ciertos actos delictivos y que, sabiendo que se estaban cometiendo violaciones, no tomó las medidas necesarias para prevenir que estos actos se produjeran ni para reprimirlos”, dice el informe.

Los delitos y los presuntos responsables en el alto gobierno

La Misión determinó que debe investigarse la presunta responsabilidad de los vicepresidentes ejecutivos a partir de 2014 por su autoridad sobre el Sebin: “La Misión constató que el o la Vicepresidente conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el Sebin. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió”, dice el informe.

Sobre el diputado Diosdado Cabello, el informe señala: “La Misión constató que ejercía una influencia significativa dentro del Sebin, a pesar de que no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”. Esa influencia es relatada con detalle por varias víctimas a lo largo del documento. Unas víctimas señalan que su detención se produjo luego de ser mencionados en el programa de televisión del dirigente. Mientras que exfuncionarios del Sebin hablaron a la Misión sobre la “estrecha relación” de Cabello con González López.

“Numerosas fuentes, incluidos exagentes del Sebin dijeron que Diosdado Cabello daba órdenes directamente al Director General, González López, y que el Director le rendía cuentas extraoficialmente.  Las órdenes incluyen a qué personas detener, liberar y/o torturar, pasando por encima de la Vicepresidencia”, dice el informe.

El informe también señala que Maduro tiene “tiene un círculo íntimo de asesores de confianza, entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el ministro del Interior, a quienes consulta para impartir esas órdenes.  Las decisiones se comunican luego a la cadena de mando, lo que da lugar a la comisión de violaciones y delitos”.

La Misión de Determinación de Hechos también señala que en 102 de las 183 detenciones de opositoras documentados entre 2014 y 2021, funcionarios de alto nivel del Gobierno hicieron declaraciones públicas sobre el caso, antes o a las pocas horas o días de una detención llevada a cabo por las fuerzas de seguridad o inteligencia.

“Entre los representantes del Gobierno que a menudo hicieron declaraciones públicas se encuentran el presidente Maduro; Diosdado Cabello; el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Gómez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior, Néstor Reverol; Tarek El Aissami; y el fiscal jefe Tarek William Saab”, dicen los integrantes de la Misión.

Los delitos y los presuntos responsables en la Dgcim

Sobre los hechos presuntamente cometidos por los funcionarios de la Dgcim, desde 2014 hasta 2022, la Misión investigó casos que incluyen 122 oficiales y exoficiales de la FANB y civiles vinculados con ellos.

Estas personas fueron “arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad”, dice el informe. De ese grupo, 85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la Dgcim en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta.

• Sobre el funcionario de este cuerpo de inteligencia, identificado por la Misión como D01, “varios testigos, incluso víctimas (le implicaron) en actos de tortura, incluyendo violencia sexual, directa o indirectamente, actuando solo o conjuntamente con otros funcionarios. D01 también ordenó a sus subordinados que cometieran actos de tortura”, dice el informe.
• Con respecto al funcionario de la Dgcim identificado como D02, la Misión dice haber recibido información de recibía órdenes de directores de Deipc y la DAE, a la vez que daba órdenes a sus subordinados: “La Misión ha recogido 10 declaraciones de detenidos en Boleíta que identifican a D02 y se refieren a su participación directa en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tres personas han reconocido a D02 como partícipe directo en detenciones arbitrarias”, recomienda la Misión.
• Sobre el exdirector del Deipc-Dgcim, Rafael Antonio Franco Quintero, actualmente Director de Seguridad del Aeropuerto de Maiquetía, este fue señalado por un exempleado del Dgcim, entrevistado por la Misión, como la persona que “instituyó la tortura obligatoria contra todos cuando llegó en 2017”. La Misión dice haber recibido testimonios según los cuales Franco Quintero “realizaba directamente actos de tortura o estaba presente mientras las personas detenidas eran torturadas”, “ordenaba realizar actos de tortura u otras formas de maltrato” y “ha estado implicado en la violencia sexual contra detenidos, incluso como autor directo o a través de sus subordinados”. También es señalado de amenazar a al menos un abogado defensor, participar en la detención arbitraria de al menos tres personas, ordenar allanamientos a propiedades de los detenidos y confiscar sus bienes, y extorsionar a los detenidos para liberarlos.
• Otro de los exdirectores de la Deipc-Dgcim, y exdirector general de la Dgcim-Caracas, Hannover Esteban Guerrero Mijares, fue señalado por cinco personas como responsable de “la comisión y participación directa en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual”. También es señalado de amenazas de muerte a un detenido, amenazas de tortura, amenazas de envenenamiento y amenazas de quitar las medicinas a un detenido con una enfermedad. Además es identificado como uno de los torturadores del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo en junio de 2019. “Un exdetenido le indicó a la Misión que cuando fue trasladado a Boleíta, Alexander Granko Arteaga, Franco Quintero, D01 y D02 lo torturaron durante todo un día mientras Hannover Guerrero estaba presente”, señala el informe.
• Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Ayudantía General del Dgcim y jefe del DAE, desde 2017 hasta el presente, “ordenó, supervisó y participó directamente en arrestos, detenciones arbitrarias (incluyendo una realizada en territorio colombiano en febrero de 2021), desapariciones forzadas de corta duración, torturas (incluyendo el caso de Acosta Arévalo), violencia sexual, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Granko Arteaga dirigió la operación contra Oscar Pérez en enero de 2018. También es señalado de ordenar a subordinados cometer torturas y otros delitos. “Según testigos, Arteaga es cercano al presidente Nicolás Maduro y hay alegaciones de que ha reportado directamente al Presidente”, dice el informe. Además estaría “implicado en el tráfico de armas y en la extracción ilegal de minerales en el estado de Bolívar”, así como en la extorsión de empresarios detenidos por la Dgcim y el allanamiento de propiedades.
• El director general del Dgcim desde 2014, Iván Rafael Hernández Dala, es también jefe de la Casa Militar, encargada de la protección de Nicolás Maduro. “Según múltiples fuentes, Hernández Dala estuvo presente durante las detenciones de al menos tres detenidos” de los documentados por la Misión. Además, el informe dice que éste “estaba al tanto de que los prisioneros eran torturados o maltratados dentro de la Dgcim” y citan el caso de un detenido a quien Hernández Dala en persona le llevó una orden de traslado al tribunal, mientras estaba en una celda de tortura llamada el “cuarto de los locos”. El informe dice que “Hernández Dala rara vez participó directamente en los interrogatorios de los detenidos o en otras operaciones” pero “los actos de detención arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Boleíta fueron cometidos por funcionarios bajo su autoridad, desde 2014 hasta el momento de redactar este informe”.

Los delitos y los presuntos responsables en el Sebin

Con respecto a los casos documentados en el Sebin, los investigadores reportaron 93 casos desde 2014 a la actualidad en los que “el Sebin arrestó, detuvo y sometió a personas a tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos y delitos”. De este grupo, 51 personas fueron objeto de torturas y 7 de violencia sexual.

Entre 2014 y marzo de 2022, de los casos investigados por la Misión, un total de 40 opositores reales o percibidos del Gobierno (29 hombres, 13 mujeres – 40 civiles y 2 militares) fueron detenidos en El Helicoide.

• El funcionario del Sebin identificado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos como S01 ha trabajado para el SEBIN durante varios años, incluso en diversas funciones en El Helicoide. Los exdetenidos, dice el informe, lo describieron como cruel, rudo y agresivo, así como misógino y especialmente cruel con las mujeres. “Varias personas, testigos y/o víctimas, aportaron declaraciones consistentes en cuanto a que S01 cometió actos de tortura (asfixia mecánica, descargas eléctricas, golpes) y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra las personas detenida”. S01 también ordenaba a sus subordinados que torturaran a los detenidos. “En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que S01 puede detentar responsabilidad penal por los hechos mencionados, y, por lo tanto, debe ser investigado”, concluyen.
• El funcionario del Sebin identificado en el informe como S02 ha trabajado para la inteligencia civil venezolana durante varios años, dicen los investigadores nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, y llegó a ser subordinado de Calderón Chirinos, el Director de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia. El informe dice que S02 realizaba interrogatorios formales e informales; participó en operaciones fuera de El Helicoide; participó en al menos un allanamiento; contribuyó a atraer a personas a El Helicoide para que fueran entrevistadas y, una vez que estaban en el recinto, les impedía salir; participó directamente en actos de tortura (golpes y asfixia), ejerció varias formas de violencia psicológica sobre los detenidos; amenazó o intimidó a detenidos en huelga de hambre. “En el caso de un detenido que se suicidó en su celda después de haber sido sometido a una fuerte presión psicológica, un exfuncionario judicial identificó a S02 como uno de los funcionarios que ejerció violencia psicológica sobre el detenido”. También extorsionaba a los detenidos a cambio de mejorar sus condiciones de reclusión, ordenó a sus subordinados cometer torturas y contribuyó en detenciones arbitrarias, dice el informe. “En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que S02 puede detentar responsabilidad penal en los hechos mencionados, y, por lo tanto, debe ser investigado”, indican.
• Ronny González Montesinos, comisario de la DIE entre 2014 y 2019 y excoordinador de Investigaciones de Campo, fue el número dos del centro de detención de El Helicoide, bajo la dirección de Carlos Calderón Chirinos. Su trabajo de acuerdo a la información recabada por la Misión consistía en identificar a los objetivos afiliados a la oposición política para su vigilancia y detención. “La Misión dispone de copias de informes de inteligencia ordenados por González Montesinos contra personas y organizaciones sospechosas de estar afiliadas a la oposición política y realizados sin orden judicial.  Los individuos de estas organizaciones fueron posteriormente detenidos de forma arbitraria, sin orden de arresto.  Al menos uno de los detenidos fue torturado, incluso con violencia sexual”. También es señalado de participar en detenciones arbitrarias y allanamientos de viviendas “y estaba al tanto de las órdenes de tortura dadas por sus superiores”. Además, dice el informe, este funcionario estaba al tanto del incumplimiento de las órdenes de traslado y liberación de detenidos y “no solo no tomó ninguna medida visible para remediar estos abusos, sino que contribuyó directamente a su comisión”. Fue señalado por tres personas de haber participado directamente en actos de tortura u otras formas de maltrato, o de ordernárselo a sus subordinados. “En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que González Montesinos puede detentar responsabilidad penal en los hechos antes mencionados, y, por lo tanto, debe ser investigado”.
• Con relación a Carlos Alberto Calderón Chirinos, exdirector de Investigaciones Estratégicas y exdirector del Helicoide el informe dice que éste entraba con frecuencia en la zona de celdas del Sebin, donde se encontraban los detenidos y hablaba con ellos, además “estaba presente regularmente cerca de los lugares de El Helicoide donde se realizaban actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. “Un exfuncionario del Sebin le indicó a la Misión que Calderón Chirinos dio órdenes explícitas a sus subordinados de torturar a los detenidos” para extraer información. Durante las protestas de febrero de 2014, Calderón Chirinos seleccionaba a los manifestantes que serían detenidos, ordenaba su detención y los enviaba a El Helicoide “para ser interrogados y torturados” incluso con participación del propio Calderón, dijo un exfuncionario del Sebin a la Misión. Es señalado de ignorar las órdenes de traslado y liberación de detenidos, ocasionando retrasos en los juicios y denegación de acceso a la justicia. El exsubdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, le dijo a la Misión que Calderón Chirinos también fue señalado de extorsión a los detenidos. “En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que Calderón Chirinos puede detentar responsabilidad penal en los hechos mencionados y, por lo tanto, debe ser investigado”, apunta el informe.
• Con relación al director general del Sebin, Gustavo González López, la Misión ha investigado 55 detenciones arbitrarias durante su gestión, de las cuales 19 incluyeron actos de tortura y/o violencia sexual. “González López habló abiertamente de Diosdado Cabello a un exdetenido, quien describió la relación entre ambos como una «relación de mando y cooperación”, dice el informe. Dos fuentes dijeron a la Misión que Diosdado Cabello podía solicitar a González López que llevara a cabo detenciones y, en esos casos, la liberación de los detenidos dependería de la autorización del dirigente político. “González López ordenaba directamente la intervención de conversaciones telefónicas, la recopilación de información sobre personas concretas, la ejecución de detenciones sin órdenes judiciales”. Durante su gestión también se ha documentado la detención de menores de edad en las instalaciones del Sebin. “Un exfuncionario del SEBIN con conocimiento directo de los hechos le refirió a la Misión que Calderón Chirinos y González López ordenaron a sus subordinados que torturaran a los detenidos para extraerles información”. Como director general del Sebin estuvo “directamente implicado” en casos políticos de alto nivel, en la mayoría de los cuales se cometieron “graves violaciones de derechos humanos y delitos, como detenciones arbitrarias y actos de tortura, incluida la violencia sexual, y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante”. Un detenido contó que durante una sesión interrogatorio, golpes y amenazas le pasaron “una llamada  telefónica de González López, quien le hizo una serie de preguntas de índole político, homofóbico y estigmatizante: “La llamada duró aproximadamente quince minutos durante los que los funcionarios también golpearon al detenido”. En un caso de un detenido en el Sebin que se suicidó, González López solicitó que se investigada la familia del detenido por incitación al suicidio y no a los custodios. También habría interrogado a detenidos en la sede de Plaza Venezuela, en la celda conocida como “la tumba” luego de meses de tortura blanca. “La Misión recibió información de fuentes privilegiadas de que Gustavo González López ordenó a funcionarios cometer actos de tortura o tratos crueles e inhumanos. Los testigos también indicaron que desempeñó un papel en varias detenciones arbitrarias, incluso por no ejecutar las órdenes de liberación. En consecuencia, la Misión encuentra motivos razonables para creer que Gustavo González López puede detentar tener responsabilidad penal en los hechos antes mencionados y, por lo tanto, debe ser investigado”.