Se desconoce oficialmente cuántos son, pero las personas con más de 60 años de edad se calculan en 12 % de la población venezolana. Tampoco se tiene precisión sobre cuántos de ellos padecen déficit nutricional debido a la falta de ingresos y de planes integrales.
Caracas. En 2021, María*, profesora jubilada de la Facultad de Ciencias y Estudios Sociales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de 70 años de edad, se encontraba desnutrida. El Programa de Asistencia Alimentaria Directa para Profesores de esa universidad, al cual ingresó después de responder una encuesta, fue la única salida a su precaria situación. Con siete años de retiro administrativo de una entregada dedicación, el ingreso por sus servicios no le alcanzaba para comprar alimentos.
El salario de un profesor titular es, en promedio, el equivalente a 11 dólares, más primas.
Además, en medio de la pandemia, atravesaba un fuerte proceso depresivo: su esposo y colega había fallecido por la COVID-19; su único hijo, quien había migrado a España para estudiar, quedó sin empleo; y a ella le diagnosticaron cáncer. No tenía posibilidad de trabajar.
La encuesta, que un grupo de profesoras de esa universidad diseñó y aplicó en mayo de ese año, permitió constatar la grave situación de vulnerabilidad de más de 750 docentes que aceptaron responderla —del total de 6200, en ese año—. Y también comprobar que todos los consultados tenían más de 60 años de edad.
Entre la porción afectada había químicos, biólogos y otros profesionales de las Facultades de Ciencias, dedicados a la investigación. La naturaleza de sus carreras no les permitía tener otros ingresos. También hubo un profesor, de unos 80 años y “una eminencia en su área”, quien declaró en la encuesta que consumía proteínas, pero que las frutas y vegetales las conseguía en el depósito de basura de un supermercado cercano a su vivienda, en una zona residencial.
En 2023, las necesidades alimentarias en la UCV persisten. El Programa continúa, pero con apenas 55 docentes beneficiarios. “Este año tuvimos que reducir la cantidad, porque también bajó la recolecta de alimentos”, explicó la antropóloga Nashla Báez, coordinadora del plan, quien espera que más personas puedan donar. Pero en la comunidad universitaria se sospecha que “hay muchos más”.
Adultos mayores sin cifras
El caso de los profesores universitarios es una muestra de la realidad alimentaria que viven adultos mayores en Venezuela, en medio de la prolongada crisis económica y social, acentuada por la pandemia.
Esta porción de la población, con edad superior a los 60 años, representa 12 % (3,5 millones) de los habitantes, señala la asociación civil Convite, en su informe sobre Perspectivas del Envejecimiento Poblacional, publicado en 2021, a falta de data oficial.
Es la segmentación demográfica creció más en los últimos años, debido a que la migración de jóvenes ha invertido la pirámide poblacional. Según un informe presentado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) en 2018, Venezuela se encuentra, junto con la Guayana Francesa, Costa Rica y Colombia, entre los primeros países con mayor incremento de población adulta mayor de la región, con tasas superiores a 4 %. Pero son escasos los registros, planes y políticas públicas del Estado sobre ellos.
Por ejemplo, no hay estadística oficial de porcentajes de mayores de 60 años de edad que estén en riesgo de déficit nutricional o que requieran cuidado. Tampoco, de cuántos viven solos o en estado de abandono, o están desempleados. Paradójicamente, el tema del envejecimiento en Venezuela no falta en ninguna conferencia o foro internacional.
Envejecer es un proceso empobrecedor y complicado en el crítico entorno venezolano. Aunque la existencia de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultos Mayores y la Ley del Sistema de Cuidados para la Vida, ambas de 2021, se interpreta como un avance legislativo, no hay referencias de su aplicación.
Además, el Estado sigue sin adecuar el salario mínimo real de 130 bolívares, ingreso único para pensionado. Frente a esto, en mayo pasado, se necesitaban 108 salarios mínimos (14,040 millones de bolívares) para cubrir la Canasta Alimentaria Familiar, de acuerdo con el reporte de Cendas-FVM.
Sin respuesta humanitaria
Los adultos mayores en situación de déficit nutricional enfrentan un problema adicional. Hasta el año 2022, el país tenía 19 millones de personas con necesidades humanitarias, de acuerdo con una investigación de HUM Venezuela, lo que equivale a dos tercios de la población presente en el territorio nacional, que el Fondo Poblacional de Naciones Unidas calcula en 28 millones.
Los adultos mayores no están incluidos en ninguno de los planes de respuesta, señala Marianella Herrera Cuenca, quien forma parte de la plataforma y es directora del Observatorio Venezolana de la Salud. “Cuando se analizan las acciones humanitarias, todas prácticamente están destinadas a niños menores de cinco años y a mujeres embarazadas y lactantes. Entonces, hay una gran proporción de población que queda vulnerable”.
No hay razones claras que justifiquen la no contemplación de las emergencias de los adultos en situación de vulnerabilidad, agrega. “Las razones siguen siendo muy debatidas y controversiales. De acuerdo con los manuales de emergencia humanitaria, la ayuda debe ser inclusiva, pero los recursos son finitos. Pero también corresponde al Estado venezolano asumir. No se puede pretender que vengan unas agencias internacionales a resolver un problema de un país que lleva padeciendo unos 25 años. Puede haber también una razón de más eficiencia en el costo-beneficio, porque recuperar a un niño es más fácil y rápido que a un adulto mayor”.
Frente a esto, la necesidad alimentaria de adultos mayores se acrecienta en poblaciones de Caracas.
Herrera, junto con el equipo de investigación humanitaria, constató que una comunidad asentada en una zona rural de El Hatillo, en el sureste de Caracas, “100 % de personas presentaban algún grado de desnutrición y una cantidad proporcional de 20 % de adultos mayores estaban todos desnutridos. Y se van viendo los niveles de esa malnutrición y de sus consecuencias. En los niños. La falta de alimentos y de nutrientes suficientes se combina con falta de estimulación escolar”.
Un estudio de diagnóstico comunitario hecho por HUM Venezuela, con 6459 familias en 18 estados, entre febrero y marzo de 2022, estableció que 91,1 % de estas compra sus alimentos, y más de 60 % de ellas lo hace a través del Clap. Sin embargo, la entrega es irregular y si la reciben, carece de los nutrientes necesarios, refiere el informe de la plataforma.
“La política de dádivas es la que persiste”, indica Luis Francisco Cabezas, director de Convite, en su informe de Evaluación sobre condiciones de vida y salud de las personas mayores, publicado en 2022. Esta se fundamenta, dice, en bonificaciones o estipendios que resultan insuficientes, en medio de la crisis de gasolina, donde las necesidades se incrementan y se robustece la pobreza multidimensional.
“Los adultos mayores jubilados y/o pensionados, en su mayoría, no logran disponer de otros ingresos, solo logran sostenerse aquellos que dependen del soporte familiar, de donaciones, ayudas gubernamentales o empleos informales”, agregó.
La realidad de los universitarios
Eso lo saben los profesores universitarios. Y lo comprobó la antropóloga Báez, desde el día que le llegó a su WhatsApp, por primera vez y de modo fortuito, el mensaje de un profesor, de unos 60 años de edad, que no comía. Fue, dice, el dramático comienzo de la encuesta y el programa para los universitarios
“Eso me destrozó el corazón. Después de constatar que era cierta la información me puse a buscar los productos, y cuando fui el sábado para llevárselos el profesor había fallecido. No murió de hambre, pero murió con hambre. Y en la sociedad también ocurre eso”.
2022 fue el año más fuerte del programa, por el número de casos, aunque en 2021 fallecieron tres profesores en situación de vulnerabilidad alimentaria. Las patologías que ocasionaron el fallecimiento aparecieron porque no se alimentaban bien. Luego la cantidad de casos bajó y este año 2023 comenzó a subir otra vez, “pero no tenemos capacidad para ayudarlos”.
El plan, que busca explorar la situación de seguridad alimentaria en los docentes, con la colaboración del PP, para proponer estrategias, permitió obtener otros resultados.
La crisis alimentaria afecta principalmente a profesores jubilados, cuyo único ingreso es la pensión universitaria y no cuentan con redes de apoyo. Algunos pertenecen a sectores socioeconómicos medio o medio alto, y viven en zonas residenciales, como Los Palos Grandes, Manzanares o Colinas de Bello Monte, donde no se hace labor solidaria.
58,8 % de los profesores perdió en promedio 8,7 kilos de peso, cada uno, en el último año. Un número un poco mayor al promedio nacional que es 7,3 %.
Además, 58,6 % de los profesores al menos una vez o más, en la última semana debió consumir alimentos que no le gustan o que usualmente no come. El 13 % declaró haber hecho algo riesgoso para comer. “En los estándares internacionales, el término riesgoso que adoptamos en el estudio significa comer alimentos en descomposición, de la basura, prostituirse, robar, según la escala”, explica Báez.
41,4 % de los profesores al menos una vez por semana se vio obligado a pedir alimentos o recibirlos como ayuda, de parte de familiares y/o amigos para poder comer. 44,3 % de los profesores compran la bolsa Clap, pero solamente a 0,3 % les llega mensualmente. La aplicación del programa no ha estado exenta de dificultades.
“La encuesta genera resistencia, porque los profesores nunca habían estado en situación de vulnerabilidad y les cuesta hablar de su situación. A eso se debe la escasa cantidad de respuestas. Además, no es anónima porque me interesa saber quiénes son para poder apoyarlos”, dijo Báez.
Sin embargo, la asistencia, con la ayuda de Acción Solidaria y Convite, ha sido vital y continúa con medicinas. “Apoyamos sistemáticamente a 23 profesores con insulina, casi todos mayores, y dos o tres también, que son menores de 60 años de edad”.
“Yo pido comida por las redes sociales, hacemos la colecta, y entre tres y cinco semanas, dependiendo de la cantidad que se consiga, la trabajadora social llama a los profesores para que recojan la bolsa de comida. Sé que es un paliativo ante la ausencia de salarios aceptables, pero lo ideal es que se los den”.
(*) Se modificó el nombre por medidas de protección a la fuente.
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