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De 72 trasplantados que fallecieron entre los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia del coronavirus, 46 corresponden a personas contagiadas de COVID-19, según datos publicados por Codevida y ATV.

Caracas. La muerte de 111 personas trasplantadas en Venezuela, entre los años 2016 y 2021, se pudo haber evitado. Estos pacientes no recibieron la atención y el tratamiento adecuado para preservar los trasplantes de órganos de forma saludable. Este 2021 fue el año que acumuló más víctimas, con 37 fallecidos del total de muertes reportadas recientemente por las organizaciones no gubernamentales Codevida y Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV).

Además, de 72 trasplantados que fallecieron entre los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia del coronavirus, 46 corresponden a personas contagiadas de COVID-19, según datos publicados por Codevida y ATV.

Reymer Villamizar, director y fundador de ATV, explicó que muchas de estas personas residían en el interior del país y debido a la falta de efectivo, el costo de los pasajes, la escasez tanto de combustible como de unidades de transporte y las medidas restrictivas de movilidad debido a la pandemia que dificultó su traslado hacia a Caracas, donde, a pesar de la migración y la renuncia del personal de salud, aún la oferta de especialistas médicos es mayor que en el resto del territorio nacional.

“Muchas de esas personas no pudieron ser atendidas a tiempo. Una persona trasplantada debe estar bajo ciertas condiciones, más cuando está contagiada de COVID-19. Muchas perdieron su órgano debido a la falta de medicamentos inmunosupresores. Motivado a la COVID-19, muchos no pudieron viajar a Caracas para ser atendidos por especialistas, ya que en la capital hay mayor capacidad de atención” enfatizó Villamizar.

Las consultas en los hospitales estuvieron suspendidas durante los meses de confinamiento, denunció Villamizar, por lo que muchos de los pacientes debieron costear consultas privadas en un país donde uno de los rubros que mayor alza de costos ha registrado en los últimos meses es la salud, con 753,6 % de inflación acumulada hasta septiembre.

Las consultas están suspendidas en los hospitales. Tienen que acudir a los pocos médicos especialistas que quedan dentro de la salud privada. Tampoco contaron con medicamentos antirrechazo.

En el informe sobre la privación de los derechos a la salud y la vida de personas con enfermedad renal crónica en Venezuela, en el contexto de la COVID-19 (publicado en julio de 2021), publicado por Codevida y ATV, estiman que entre el año 2017 y parte de 2021 fallecieron un total de 40 niños, niñas y adolescentes con enfermedad renal crónica.

Muertes evitables si hubiesen contado con su tratamiento regular y completo, además de la realización del trasplante renal que les hubiese permitido tener calidad de vida”, describe el texto.

Desde 2017 el Ministerio de Salud suspendió el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (PNDT) y el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT), al justificar la medida en la falta de medicamentos inmunosupresores en el país, necesarios para impedir que el cuerpo rechace el órgano trasplantado.

Desde el momento de la suspensión, “esta medida dejó en lista de espera a 6000 personas que requerían trasplantes y a más de 3000 esperando un trasplante de riñón, condenándolos a estar conectadas a una máquina de diálisis o a la muerte”, denunció el informe.

Para el año 2012, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) disponía de, al menos, 2500 máquinas de riñón artificial distribuidas en 21 estados del país. Para el momento también habían al menos 145 unidades de diálisis operativas en el país. Codevida y ATV denunciaron que desde 2016 muchas máquinas de riñón artificial —y sus plantas de ósmosis— dejaron de operar, lo que ocasionó de forma progresiva el cierre de varias unidades de diálisis.

En 2019, según ATV, había apenas 128 máquinas operativas, lo que representa 5,1 % de la disponibilidad en 2012. No se sabe cuántas unidades de diálisis continúan operativas en el país debido a que el IVSS no ha publicado datos al respecto.

En 2017 se cambió abruptamente el proveedor de materiales e insumos para la diálisis peritoneal afectando a 1500 personas, mientras que, en hemodiálisis, las personas estaban sometidas a una permanente escasez de medicamentos e insumos médicos”, es parte de lo que dice el informe.

A partir de este 2021 también se empezaron a reportar fallas en disponibilidad de materiales, insumos y medicamentos para el tratamiento sustitutivo renal, como soluciones, dializadores, concentrados de bicarbonato y sustancias anticoagulantes.

Villamizar consideró que “hace falta voluntad política de todos los entes encargados”, específicamente de Fundavene, ente rector del PNDT y del SPOT, y del Ministerio de Salud.

“Es lamentable la cantidad de personas que están a la espera de un trasplante (se estima que son al menos 1500 personas), y que están condenados a quedarse recibiendo diálisis, que, además, los está matando porque no son efectivas”, añadió.

En junio pasado un grupo de organizaciones no gubernamentales del país (incluidas Codevida, ATV y Cecodap) solicitaron la reactivación del PNDT y SPOT. La administración de Maduro alega desde 2017 que la suspensión se debe a las sanciones internacionales impuestas a su gestión.

Sin embargo, en el comunicado, las ONG recordaron que la paralización también fue provocada por “el suministro irregular de medicamentos inmunosupresores de mantenimiento, las fallas del tratamiento previo al trasplante, las deficiencias en la red hospitalaria, el deterioro de los servicios y la migración del personal calificado”.

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