La investigadora del centro de DD. HH. de la UCAB explicó que la medida de no recibir a los deportados desde Estados Unidos podría dejar en un limbo jurídico a los venezolanos en Norteamérica y que se trata de una violación de derechos como ciudadanos.
Caracas. La confirmación del chavismo de que Venezuela suspende “todo” acuerdo reciente con Estados Unidos, tras la cancelación de la licencia operativa de Chevron por parte del gobierno de Donald Trump, deja en un “limbo jurídico” a los deportados venezolanos que Washington enviará a Caracas.
Con 366 repatriados parece que cerró el acuerdo migratorio firmado a finales de enero con el enviado estadounidense a Caracas, Richard Grenell, luego de que Nicolás Maduro decidiera frenar el recibimiento de connacionales.
A juicio de la socióloga Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y responsable del área de Derechos de Migrantes y Refugiados, la decisión es cuestionable pues expone el uso de ciudadanos como mecanismos de presión.
“Es inaceptable utilizar a un ser humano como parte de una presión de carácter diplomático entre dos países y lamentablemente esto está pasando”, dijo a Crónica Uno.

La inconstitucionalidad
La especialista en migración recordó que, por mandato constitucional, los venezolanos tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional, así como a salir y entrar de él cuando lo consideren.
Bolívar explicó que si bien la deportación es un procedimiento que obliga a ciudadanos a regresar a su nación, esta no puede prohibirles el ingreso.
“Ciertamente ellos no están viniendo por su propia voluntad. Pero, en todo caso, Venezuela no puede impedirle a un ciudadano suyo el ingreso al país, aunque venga contra su voluntad, deportado, pues sería inconstitucional en el sentido de que se le estaría irrespetando ese derecho que consagra la Constitución”, expuso.
En total repatriaron 366 venezolanos desde Estados Unidos en tres vuelos, efectuados en febrero.
Sin contar que el 24 de febrero pasado llegó a Caracas otro vuelo con 242 repatriados procedente de México, con mujeres y niños.
En el limbo
Estos planes migratorios detenidos dejan, como lo explicó Bolívar, en el limbo a otros venezolanos en la lista de deportaciones pautadas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump al poder.
“Los venezolanos que queden atrapados estarían en una especie de limbo jurídico, porque no son recibidos en el país en el que se encuentran y tampoco son aceptados en su país de origen (…) Ambos países tendrían cierta responsabilidad, pero sobre todo Venezuela porque son sus ciudadanos”
señaló la investigadora y defensora de DD.HH. Ligia Bolívar
Aunque la Constitución debe ser suficiente para obligar al Estado venezolano a recibir a sus ciudadanos, la especialista remarcó que lo descrito en la carta magna no se respeta por la administración de Maduro, por lo que duda que se tome en cuenta algún otro mecanismo legal internacional que los obligue a aceptar nuevos deportados.
El artículo 50 de la Constitución establece que “los venezolanos pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”.

Al respecto, Bolívar recordó que contrariar la ley e impedir el ingreso de personas que obligan a regresar a su territorio los pone en una situación de fragilidad e indefensión, al no tener un estatus jurídico en el país que ordenó su salida.
Antecedentes
Durante el primer mandato de Trump, en 2017, al menos 23 países rechazaron recibir a connacionales enviados desde Estados Unidos en calidad de deportados.
Naciones como China, India, Cuba, Haití y Afganistán rehusaron el ingreso de sus ciudadanos bajo alegatos que iban desde que debían comprobar las nacionalidades, hasta el retraso por temas de documentación.

Abogados estadounidenses explicaron a medios como BBC, en aquella ocasión, que quienes no son recibidos en sus naciones regresaban a EE. UU., donde podían circular, pero no tenían ningún estatus migratorio y menos la posibilidad de obtener la ciudadanía, lo que complicaba su situación.
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), conformada por más de 200 organizaciones que incluyen agencias de ONU, dan cuenta de que existen 7.8 millones de venezolanos en condición de refugiados y migrantes en todo el mundo.
Estados Unidos sería el cuarto país con mayor cantidad de venezolanos, con unos 542.000 migrantes en su territorio, según datos de R4V.
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