El Índice de Derechos de Propiedad 2021 revela que Venezuela está en el puesto 128 de 129 países analizados, solo Haití registra un peor desempeño. Además, Venezuela perdió un peldaño, pues en 2020 se ubicó en el puesto 127, y se convirtió en el segundo país de Latinoamérica y el Caribe que menos respeta este derecho humano.
Caracas. La Alianza Internacional de Derechos de Propiedad asegura que el respeto a los derechos de propiedad privada protegen la libertad individual y por lo tanto no solo son derechos fundamentales, sino también catalizadores del crecimiento económico, el desarrollo social y sirven como defensa contra las tentaciones autoritarias. Venezuela se ubica entre los países que menos respeta los derechos de propiedad en el mundo.
El Índice de Derechos de Propiedad 2021 (IPRI, por sus siglas en inglés) revela que Venezuela está en el puesto 128 de 129 países analizados, solo Haití registra un peor desempeño. Además, Venezuela perdió un peldaño, pues en 2020 se ubicó en el puesto 127, convirtiéndose una vez más en el segundo país de Latinoamérica y el Caribe que menos respeta este derecho humano. El entorno legal y político venezolano fue el elemento peor evaluado en el estudio.
En los derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual Venezuela también resultó aplazada, al obtener menos de 5 de 10 puntos.
Por tercer año consecutivo, el puntaje de los derechos de propiedad continuó su tendencia a la baja en el índice con una disminución global del 2,2 %, para el IPRI con un puntaje promedio de 5,60. Los componentes de IPRI, incluidos el entorno legal y político, los derechos de propiedad física y los derechos de propiedad intelectual, se debilitaron con puntuaciones de 5,08, 6,48 y 5,24, respectivamente. El IPRI tuvo el mayor descenso con un 5,4 %.
La investigación señala que la pandemia por COVID-19 resultó en políticas que produjeron destrucción económica y que afectaron el derecho de propiedad. “El impacto sociopolítico se debe considerar cuidadosamente. Ya que la pandemia también puso en peligro nuestra forma de vida, incluida la visión sobre la propiedad”.
El estudio, en el que colabora Cedice Libertad junto con otras 173 organizaciones, advierte que los derechos a la propiedad retrocedieron 6,24 % respecto al año 2020.
En el estudio elaborado por los economistas Sary Levy y Hernando de Soto se destaca la importancia de crear un ecosistema de derechos de propiedad robusto, que generen incentivos para los innovadores y garanticen el reconocimiento de sus creaciones. Los economistas apuntan que debe permitirse a las sociedades desarrollar su potencial en tiempos difíciles, pero que, para ello, el ecosistema de derechos de propiedad debe incluir, entre otros aspectos, acuerdos sobre licencias, búsqueda de mejores contratos y derechos de propiedad intelectual claramente delimitados.
Entre los países con mejor desempeño se encuentran Nueva Zelanda, que encabezó el IPRI 2021, mientras que regionalmente Uruguay se ubicó como el país de América Latina con la mejor situación de derechos de propiedad, al obtener el puesto 22, seis escaños por encima de Chile, que durante años fue el Estado latinoamericano con más respeto por los derechos de propiedad.
La recuperación pospandemia será lenta. Ahora mismo los países lidian con alta inflación, cuellos de botella en la cadena de suministro, incapacidad de algunas economías y sectores para superar la crisis, inmunización mundial desigual y aumento de la inequidad, entre todo esto, para los investigadores lo más importante “es el desafío a los derechos humanos”.
En ese sentido, indican que algunas medidas para evitar la propagación de la enfermedad afectaron con frecuencia el disfrute de derechos humanos, lo que dio legitimidad a políticas populistas extraordinarias que violaron los controles y contrapesos en poderes públicos y los derechos de los ciudadanos y abrió una puerta trasera a la corrupción y la cleptocracia.
Venezuela lleva dos décadas aplicando medidas que atentan contra el derecho a la propiedad privada. Entre 2007 y 2011, por ejemplo, el gobierno del expresidente Hugo Chávez llevó a cabo una serie de confiscaciones, que han derivado en demandas internacionales y en deudas para la nación. Asimismo, el año pasado el gobierno creó la “Ley antibloqueo”, que plantea hacer negocios y alianzas amparados en principios de confidencialidad.
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