A casi tres años de la persecución en contra del comunicador, la jueza Vanerkis Márquez decretó el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, que incluían la prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso.
Caracas. A dos años y 10 meses de injusta persecución, el caso del periodista Luis Carlos Díaz pasó a archivo judicial, por lo que la investigación se suspende a menos que surjan nuevos elementos de convicción “suficientes” contra el comunicador y activista por los derechos humanos.
La jueza Vanerkis Marquez, a cargo del Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, también decretó el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, que incluían la prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso, según informó Espacio Público.
El archivo del caso es una extensión de la violación de los derechos de Díaz, una situación que representa un riesgo y una directa violación a la libertad de expresión y debido proceso en su caso pues el archivo judicial no se traduce en la declaración de inocencia, sino que el expediente se guarda y se podría iniciar nuevamente la investigación, señaló Espacio Público.
“El proceso judicial en contra de Luis Carlos estuvo inmerso en arbitrariedades, desde el momento de su detención por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), seguida por su desaparición forzada, y sumando múltiples violaciones al debido proceso y restricciones que se tradujeron en retardos procesales mientras tenía prohibido ejercer su derecho a la libertad de expresión, un obstáculo para denunciar las violaciones a sus derechos humano”..
Incluso, a causa de su detención, desaparición, incomunicación y proceso arbitrario, Luis Carlos es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le exige al Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Díaz y su núcleo familiar, así como tomar las medidas correspondientes para que pueda desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Proceso penal arbitrario
El 12 de marzo de 2019 Díaz fue sometido a un proceso penal arbitrario en que se le investigó por el delito de “Instigación Pública”, del artículo 285 del Código Penal 2. Así mismo, le impusieron tres medidas cautelares de coerción personal: prohibición de salida del país, prohibición de declarar a medios sobre su caso y régimen de presentación cada ocho días; el cual posteriormente se modificó a un plazo de 30 días.
Esta investigación es consecuencia de un video del programa #Esenserio, dirigido por Díaz y Naky Soto, en el que responden preguntas que les hacían los usuarios de Twitter. Antes de la detención, Diosdado Cabello, entonces miembro de la extinta Asamblea Nacional Constituyente, manipuló ese video y lo divulgó en el programa Zurda Konducta en el canal de televisión del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), con la intención de responsabilizarlo por los problemas eléctricos en el país, explica la organización Espacio Público.
Durante dos años y diez meses la Fiscalía no presentó el acto conclusivo de la investigación; es decir, no presentó argumentos ni encontró pruebas suficientes para iniciar un juicio en contra de Luis Carlos Díaz. Sin embargo el comunicador vivió bajo medidas cautelares violatorias de sus derechos humanos, restricciones que afectaron su vida personal y laboral mientras aún espera recuperar equipos y dinero en efectivo sustraídos de su domicilio durante el allanamiento realizado la noche de su desaparición.
La investigación se debió cerrar el 9 de diciembre de 2020, sin embargo, fue en enero de 2022 cuando se archivó, en parte por la reforma del COPP. Esta medida de prolongar la investigación más allá del 9 de diciembre de 2020, el cual es lo legalmente establecido, constituye en una arbitrariedad que violenta el debido proceso, explica Espacio Público.
Desde Espacio Público exigen “al Estado venezolano que cese la persecución en contra de Luis Carlos, se declare su inocencia y se decrete el sobreseimiento. El archivo judicial es una violación al principio de inocencia”.
Esta situación pone en riesgo su derecho a la libertad personal y debido proceso, al existir una posibilidad de exponerlo nuevamente a una investigación, bajo la discrecionalidad y arbitrio del Ministerio Público. Esta suspensión del proceso no cierra por completo la investigación ni implica la inocencia de Luis Carlos aún cuando no hay pruebas en su contra, señalan.
Por otro lado, “es obligación del Estado venezolano devolver los bienes incautados durante la detención y allanamiento practicado por los funcionarios del Sebin. Incluso, es necesario que el Estado venezolano a través de sus distintos organismos cesen las medidas de manera inmediata y que los fundamentos burocráticos no sean motivo para seguir violando sus derechos humanos”.
Por último, la defensa del comunicador exigió al Estado venezolano que investigue y haga responsables a los funcionarios involucrados en la detención, desaparición forzada y violación a los derechos al debido proceso y libertad de expresión de Luis Carlos Díaz.Lea también
*Lea la nota completa aquí: El Estado decretó archivo judicial en el caso de Luis Carlos Díaz
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