Comerciantes perdieron mercancía y días de trabajo por conflicto armado en la Cota 905

Los negocios no solo perdieron ventas por el cierre al que se vieron obligados, sino también alimentos y flores por la falta de electricidad. Varios sectores quedaron sin luz por más de 48 horas debido al conflicto armado que afectó a varias parroquias del suroeste de la ciudad.

Caracas. En el mercado municipal La Hormiga hay varios puestos cerrados por ser lunes. Pasaron unos ocho días desde que cesara en la Cota 905 el enfrentamiento armado entre grupos de delincuencia organizada y funcionarios policiales. Trabajadores en El Cementerio cuentan que no habían experimentado algo similar. Antes el conflicto se mantenía en los cerros, pero esta vez fue diferente: las detonaciones se escuchaban hasta la avenida y otras zonas aledañas del suroeste de Caracas, y no paraban.    

“Pensé que sería pasajero y después fue peor la cosa”, comenta una mujer que vende flores en La Hormiga. Esa semana solo pudo trabajar lunes, martes y miércoles, luego dejó de ir por seguridad. La violencia se desató el 7 de julio y se prolongó por unos tres días más. “Pude salvar casi todo porque guardamos la mercancía en cavas, pero perdimos los girasoles y mi compañera las rosas, porque son cosas perecederas”, dice. 

Los negocios no solo perdieron mercancías por el cierre al que se vieron obligados, sino también por la falta de electricidad. Varios sectores quedaron sin luz por más de 48 horas. El encargado de una carnicería ubicada en El Cementerio, que prefirió reservar su nombre, dijo que la situación le dejó “una pérdida enorme”. 

Se fue la luz. La quitaron el miércoles y la pusieron el sábado en la tarde, se nos dañó carne, cochino. Hubo muchas cosas que no se pudieron salvar. No nos había pasado algo así”. El vendedor dice que debe sacar de su bolsillo para reponer lo que perdieron.

Los efectos de la inseguridad en la economía son difíciles de calcular. Las pérdidas que sufren los comerciantes o la imposibilidad de los trabajadores de llegar a sus empleos porque deben resguardarse de las balas no van a parar a ninguna estadística. Sin embargo, el Índice de Negocios del Banco Mundial es uno de los indicadores que permite ver cómo es crear una empresa y operar en países con altos niveles de conflictividad. 

Venezuela, que lleva décadas como uno de los más violentos de la región, cerró 2020 con un estimado de 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el registro del Observatorio Venezolano de Violencia. “La epidemia de la violencia en 2020 resultó 11 veces más letal que la del coronavirus”, afirmó la organización civil en su informe anual. 

El economista Alejandro Castro, gerente de operaciones de Econométrica, explica que si en un país no hay garantías, como la seguridad a la vida y a los bienes, los incentivos para invertir son menores, ya sea por parte de una persona local o extranjera. “Quien desea invertir se lo va a pensar varias veces porque hay muchos riesgos inherentes al mismo riesgo económico, por ejemplo, que se te metan en la fábrica a robar o ser víctima de algún ataque”, dice.

“Esto desincentiva la inversión y hace más difícil que un país se recupere. La gente prefiere invertir donde haya mayor garantía”, apunta el economista.  

En el índice Doing Business del Banco Mundial, Venezuela se posiciona en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia. El estudio mide las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial. La protección a los inversores minoritarios, el acceso al comercio de fronteras o el cumplimiento de contratos, están incluidas en el indicador. Castro asegura que “directa o indirectamente todas estas variables se ven afectadas por el tema de la seguridad”. 

Esta semana los locales ubicados en El Cementerio, un amplio corredor donde la gente busca oferta de ropa y calzado, trabajaban con “más tranquilidad”, luego de una semana en la que escaló la violencia entre bandas y fuerzas de seguridad. Sin embargo, en la zona aún se mantenían desplegados operativos de seguridad. Hasta ahora las autoridades no han informado sobre los líderes de las bandas, pero sí han entregado reporte de detenidos.

Otra vendedora de flores, que tiene un puesto en el mercado, dijo que la situación les afecta y que no volvieron a trabajar sino hasta el martes de la semana siguiente. “Perdimos mercancía porque ya habíamos recibido el pedido, perdimos más de la mitad, de 50 paquetes de girasoles, perdimos 30”.

En la avenida Victoria las detonaciones también se escucharon. En una zapatería uno de los encargados contó que cerraron más temprano y que uno de los quioscos cercanos a su local había sufrido un impacto de bala. La marca se veía en el latón pintado de gris. Otros trabajadores cercanos al quiosco dijeron que el dueño estaba allí cuando entró la bala y que, por fortuna, no logró herir a nadie. 

Otros locales de la avenida Victoria trabajaban con una puerta abierta y otra cerrada, aprovechando que era semana flexible, motivado a que la siguiente sería de parada, pues el esquema 7+7 creado por las autoridades para mitigar la propagación del covid establece una semana de trabajo continua y otra se interrumpe. 

Algunos comerciantes pudieron salvar sus productos, como Adolfo, quien contaba con electricidad a pesar de estar en El Cementerio. “No trabajamos jueves y viernes. La mercancía no se perdió porque había electricidad, pero de ahí para abajo no había luz. Menos mal tenemos cavas de conservación porque la luz llegó el sábado al mediodía”.

La economía venezolana lleva siete años contraída y este 2021 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que lo haga una vez más con una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de 4 %. En un contexto en el que se pierde el valor del trabajo, el poder adquisitivo y se destruye el aparato productivo: hay mayor pobreza. “En la medida que esto aumenta hay incidencia en que las personas puedan incurrir en algún delito, en ese contexto también hay una pérdida de valores, además, la violencia en Venezuela viene escalando desde finales de los 80”, explica el economista. 

“Si Venezuela fuera un país con una tasa de homicidio más baja, probablemente aquí hubiera más inversión a la de ahora”, apunta.

Quienes ejercen alguna actividad económica en el país llevan años lidiando con la violencia. Los ferieros y los vehículos de encomienda sortean emboscadas en las vías. Hay quienes deciden contratar seguridad. Ganaderos a menudo denuncian el robo de reses o el intento de invasiones. En algunos casos también se las ven con funcionarios del Estado que les exigen dinero o comida para dejarlos pasar en las carreteras. Recientemente, el mandatario Nicolás Maduro dijo que desconocía las irregularidades que se dan en los puntos de control y pidió “eliminar las desviaciones” que pudieran existir en las alcabalas y eliminarlas “inmediatamente”.

¿Qué impacto tienen esas distorsiones en el PIB de un país? El especialista Alejandro Castro señala que es difícil de cuantificarlo porque un despacho de flores que viene de la Colonia Tovar a Caracas puede que no llegue por una balacera o también porque en el camino se quedó sin gasolina. “Eso es muy difícil de medir en términos de PIB, tanto para el organismo oficial como el privado, esto no es cuantificable”, dice. “Lo que sí queda claro es que el empresario pone dinero de su bolsillo para resguardar su empresa, cuando podría ser más dinero que vaya al fisco y que sea el Estado el que invierta en mayor seguridad para los ciudadanos”, agrega.

La inversión en seguridad, como por ejemplo, cámaras, blindar automóviles, etcétera, se vuelve un costo adicional para las empresas, lo que impacta en el precio final del bien que se produce. Pero además, el economista menciona que en un país de mucha inseguridad el consumo también se ve afectado debido a que la gente restringe aún más la movilidad y sobre todo en las noches. O también decide emigrar. 

Más de 300 organizaciones civiles e intelectuales emitieron un comunicado en el que expresaron “su profunda preocupación” por la vida y seguridad de las personas que residen en las comunidades afectadas por la violencia e instaron a las autoridades a tomar medidas de urgencia e implementar “políticas públicas integrales que desarrollen, acciones de contención dentro del marco legal, así como preventivos de más largo alcance” para resolver el conflicto, que de acuerdo con cifras oficiales entregadas el 10 de julio dejó 22 personas muertas y 28 heridas.