El Ministerio Público ejerció la apelación con efecto suspensivo, lo que paraliza la ejecución de la libertad de los otros imputados hasta tanto la Corte de Apelaciones no decida sobre el caso.
Ciudad Guayana. Después de más de dos años esperando justicia por el femicidio de la adolescente Ángela Aguirre, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer del Área Metropolitana de Caracas condenó este 11 de agosto a 29 años de prisión a dos de los siete imputados por este caso.
Se trata de José Cedeño, imputado por los delitos de femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad; y de José Zorrilla, acusado de omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio.
El abogado de la parte acusadora, Joel García, explicó que en los casos de Orlando Salazar, Wilmer Díaz y Glauber Zorrilla, fueron condenados por el delito de omisión al socorro, “pero como tiene penas inferiores y ya cumplidas, les dictaron libertad”.
Con respecto a Joselyn Barreto y Dayana Nicieza, el tribunal las absolvió de los cargos. El Ministerio Público ejerció la apelación con efecto suspensivo, lo que paraliza la ejecución de la libertad de los imputados, hasta tanto la Corte de Apelaciones no decida sobre el caso.
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Sentencia Culpables
José Cedeño: 29 años Femicidio agravado
José Zorrilla: 29 años Femicidio agravado pic.twitter.com/48tTmPwZfK— Fernando Tineo ?? (@fertineo) August 12, 2021
Tres días desaparecida
Ángela Aguirre, de 16 años de edad, fue vista por última vez con vida el 23 de marzo de 2019. Junto con las otras siete personas partió desde la marina del Club Ítalo en Puerto Ordaz, en la lancha La Kaki, propiedad de José Zorrilla.
Fue en horas de la madrugada cuando notificaron a sus padres su desaparición en las aguas del río Caroní y se emprendió una búsqueda que concluyó la mañana del 26 de marzo. El cuerpo de la joven lo encontraron flotando cerca de un balneario en Puerto Ordaz.
De acuerdo con la autopsia, la causa de muerte fue por asfixia mecánica por inmersión. Además, la víctima presentó lesiones en partes íntimas y hematomas en varias zonas del cuerpo.
Desde entonces el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades, según denunció la defensa de los familiares de Aguirre. Trascendió que las versiones de los imputados no coincidían entre sí, lo que conllevó su privativa de libertad. Además, días después de la audiencia de presentación -diferida cuatro veces- se filtró un audio atribuido a Ángela, acusando entre sollozos a José Cedeño de haber abusado sexualmente de ella.
Irregularidades
Entre las irregularidades que denunció la defensa también se incluyó la existencia de dos autopsias que se contradijeron entre sí. La primera confirmó el homicidio y la segunda se inclinó por una muerte accidental. Fue por ello que la abogada Yamileth Carvajal solicitó la recusación de la fiscal del caso, Emily Hernández.
“Una vez que es encontrada la menor muerta, violada y torturada, hubo evidencias de que le pegaron y dejaron fracturas en el cráneo. ¿Cómo es posible que la fiscal Emily Hernández, que tiene que llevar la investigación, le va a decir a los padres que se callen y que la niña no fue violada? La niña tuvo violación. ¿Cómo es posible que en la segunda autopsia dice que la muerte fue por asfixia?”, reclamó Carvajal en abril de 2019.
Los familiares de los imputados, por su parte, declararon que se trató de una muerte accidental. Pero también responsabilizaron a los padres de la víctima al juzgarlos por haberle permitido a su hija asistir ese día al club Ítalo, para celebrar el cumpleaños 18 de José Alberto Cedeño.
Otra de las denuncias que se hizo en relación con el incumplimiento por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para trasladar a las imputadas al sitio de reclusión asignados por el Tribunal Primero de Control en materia de Violencia contra la Mujer, en Puerto Ordaz.
En el caso de los cinco hombres, el tribunal decidió que fuesen recluidos en la cárcel de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar, pero la defensa alegó la alta peligrosidad de este recinto y se les permitió estar en los calabozos del Cicpc. Las dos mujeres debieron trasladarlas al Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno, en San Félix.
Radicación de causa
El 28 de mayo, la abogada querellante Yamileth Carvajal interpuso un escrito de acusación privada contra de los siete imputados, ya que ese día se vencía el lapso que solicitó la defensa de los imputados para la reclusión de los hombres en el Cicpc. Además, exigió acatar la orden judicial de que las dos mujeres estuvieran en la comisaría Vizcaíno.
Todas estas irregularidades llevaron a que el 4 de junio de ese año, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitiera una sentencia en la que ordenó sustraer la causa del estado Bolívar y asignarla a un Tribunal de Control con Competencia en Violencia contra la Mujer, en Caracas.
Dayana Nicieza y Joselyn Bermúdez pasaron a reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), mientras que José Alberto Cedeño, José Zorrilla, Glauber Zorrilla, Orlando Salazar y Wilmer Díaz, a la cárcel El Rodeo II. El juicio comenzó el 21 de octubre de 2019.
La presión en redes sociales fue pieza clave en la detención y posterior juicio sobre el asesinato de Ángela Aguirre. Con la etiqueta en Twitter #JusticiaParaÁngelaAguirre, sociedad civil y ONG defensoras de derechos humanos se solidarizaron con familiares en la exigencia de justicia para uno de los rostros de los femicidios que a diario ocurren en Venezuela, la mayoría de ellos impunes.
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