Durante agosto, dos personas detenidas en la sede de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta fueron reportadas como desaparecidas tras ser trasladadas a lugares desconocidos. Entre ellas, Rohyner Ramírez, cuyo paradero sigue sin explicación desde entonces. ONG alertan sobre un creciente patrón de desapariciones forzadas.
Caracas. Desde el 1° de agosto, la familia de Rohyner Javier Ramírez Martínez vive una angustia creciente: no sabe dónde está ni qué pasó con él. El joven de 23 años, detenido desde marzo de 2023 en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, fue sacado de su celda de madrugada por presuntos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Durante el abrupto procedimiento, los agentes no presentaron ninguna orden ni explicaron de dónde provenía la orden de su traslado. Hasta la fecha, ninguna autoridad ha explicado su paradero.
Ese mismo día, denunciaron su desaparición y la falta de respuestas de los custodios del centro de detención donde permanecía recluido.
“Me siento desgastada por la falta de empatía y por no saber dónde está mi hijo. ¿Cómo puede ser que nadie me dé respuesta? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Salgo cada día a buscarlos para saber de él. No es fácil para una madre esta zozobra”, dice entre lágrimas Blanca Martínez, su madre, a Crónica Uno.
Su caso se suma a una serie de denuncias recientes sobre desapariciones forzadas en centros de detención venezolanos. Esto ha despertado la alarma de organizaciones de derechos humanos y reforzado la sensación de indefensión entre los familiares de los reclusos.
Patrón inquietante
La sede de la Dgcim en Boleíta, la del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide y organismos como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario son algunos de los lugares que Martínez y otros familiares han visitado sin obtener resultados. A estos últimos les pide que atiendan el caso.
También introdujo un Habeas Corpus ante los Tribunales Penales de Caracas con el objetivo de determinar la ubicación del joven. El Habeas Corpus es recurso legal que obliga a las autoridades a presentar de inmediato ante un tribunal a una persona detenida para verificar la legalidad de su privación de libertad y protegerla contra detenciones arbitrarias.
La ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se pronunció sobre la situación en un comunicado.
En el texto recordó que la desaparición forzada no solo representa un grave riesgo para la vida e integridad del detenido, sino que además genera miedo e indefensión en sus familiares, quienes desconocen el paradero y estado de salud de la persona arrestada.
Este caso se entrelaza con una tendenciainquietante: la falta de información inmediata, las negativas en las instituciones y el silencio como única respuesta. Así, lo individual se conecta con lo colectivo: la historia de Rohyner no es aislada.
Crece la preocupación
La madre de Rohyner, quien fue funcionario de la PNB, expresó inquietud debido a que, en una audiencia reciente, un procesado de la misma causa penal de su hijo lo amenazó verbalmente.
“Le dijo: De que te hundo, te hundo. Eso fue en una audiencia previa a su actual desaparición”,
cuenta su mamá.
A Rohyner solo le falta un órgano de prueba para poder recuperar su libertad, pues las víctimas del delito por el que se le acusaba declararon a su favor. Por esta razón, él mismo se puso a disposición de las autoridades en 2023 para que se realizaran las investigaciones pertinentes.
No obstante, entre diligencias y audiencias pasaron dos años que le generaron depresión y otros problemas de salud. Entre ellos cuadros hipertensivos y una intervención quirúrgica de emergencia por hemorroides.
Más casos
El 6 de agosto pasado, el movimiento político Vente Venezuela denunció la desaparición de Manuel Edelio Mora Hernández, quien estuvo recluido durante cinco meses en la sede de la PNB en Boleíta, conocida como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana (PM).
“Nos informan que lo trasladaron a la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo y se desconoce su paradero”, señaló el Comité de Derechos Humanos de la organización opositora.
Vente Venezuela agregó que el dirigente tiene varias afecciones de salud que se agravaron durante su detención. Estas incluyen rinitis, triglicéridos elevados, colesterol, alergias en la piel, fuertes dolores estomacales y dolor constante en el pecho por la exposición a humos tóxicos.
“Manuel ha sufrido graves complicaciones de salud: hace apenas cuatro días (previas a su desaparición) perdió oxígeno en sus pulmones, donde la única atención médica que le brindaron fue sacarlo a recibir aire fresco ya que lo tienen en un sótano en las peores condiciones inhumanas”, exponen.
Así, el caso de Mora refuerza el temor de que estas desapariciones no sean hechos aislados, sino parte de un patrón que gana terreno en los centros de reclusión.
Desapariciones forzadas
En lo que va de año, Provea ha recibido cerca de 20 denuncias vinculadas a desapariciones forzadas. La mayoría de los casos involucran a personas extranjeras, activistas, políticos o defensores de derechos humanos.
En Venezuela, esta práctica constituye una violación grave al artículo 45 de la Constitución, que prohíbe a las autoridades civiles y militares ejecutarla, obligándolos a denunciarla ante las instancias competentes.
En este sentido, el artículo 180 establece que cualquier autoridad pública, sea civil o militar, o persona al servicio del Estado que prive ilegítimamente de su libertad a alguien se sancionará con una pena de 15 a 25 años de prisión. Quien actúe como cómplice recibirá entre 12 y 18 años de presidio. “El delito establecido en este artículo se considerará continuado, mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima”.
El marco legal está escrito; la promesa de justicia existe sobre el papel. Pero en la práctica, madres como Blanca Martínez se ven obligadas a recorrer oficinas y tribunales con el silencio oficial como respuesta.
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