Este 20 de noviembre se realizó una requisa extraordinaria en el centro de detención preventiva Guaiparo 2, en San Félix. Familiares manifestaron que desde un principio les informaron que no habría traslado de detenidos a otros centros de reclusión.
Desde el domingo 19 de noviembre ya había rumores de una posible intervención en el centro de detención preventiva Guaiparo, en San Félix, estado Bolívar. Como parte de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, se hizo una requisa extraordinaria que no contempló, hasta ahora, traslado de detenidos a otros lugares de reclusión.
En Guaiparo, donde hay una población reclusa de 762 personas, hallaron 1 revólver marca Smith & Wesson, 300 gramos de presunta marihuana, 8 municiones de diferentes calibres, 36 armas blancas, 1 radio portátil, 1 soplete, 1 computadora de mesa, 1 impresora, 2 router de internet, 2 teléfonos celulares, 5 semovientes caninos y “fármacos varios de tenencia prohibida”.
De acuerdo con información de la Policía del estado Bolívar (PEB), este operativo congregó a más de 250 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), otros 250 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y una cantidad similar de la PEB. También participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y otras instituciones estatales.
Testimonios
A pesar de la preocupación de familiares de detenidos por posibles traslados, como ocurrió con el resto de centros penales se intervinieron, en el caso de Guaiparo, la información fue diferente.
“Componentes militares, policía del estado y Policía Nacional entraron desde las 5:00 de la mañana hacia el interior de la comisaría con el fin de hacerle una requisa. El general de división, el comandante de la policía del estado, prometió a los familiares que no iba a haber traslado. Hay una ambulancia, están atendiendo a los que están enfermos. Sacaron a los privados, les pusieron un uniforme. Están haciendo la requisa y después ellos se retiran. Esa es la información”, relató uno de los presentes.
Amparo Guillén, familiar de uno de los privados de libertad, narró que el rumor de una intervención en Guaiparo se dio a raíz de los operativos que se dieron en otras cárceles, incluyendo la del 6 de noviembre cuando llegaron a Vista Hermosa (Internado Judicial de Ciudad Bolívar) y trasladaron a más de mil reclusos.
“Yo soy de Upata. Me vine ayer y llegué a las 2:00 de la tarde, porque sabía lo que se venía. Desde ayer empezamos este guerrero porque no queremos que los trasladen, como a los de otros internados. Si como familiares se nos hace difícil venir hasta acá, imagínate en otro centro”, expuso Guillén.
No pagan “causa”
Relatos de cómo operaba la cárcel de Vista Hermosa con el pago de las llamadas ”causas”, señalan que familiares de detenidos pagaban 20 dólares semanales para garantizarles una especie de subsistencia dentro del penal.
En el caso del centro de reclusión preventiva de Guaiparo, familiares aseguraron que no pagaban una causa, sino “una colaboración”, para la compra de desinfectante y otros artículos para mantener el lugar.
“Nosotros no estamos pagando nada. Prestamos un apoyo, sí, que nos piden desinfectante, para la pintura, sí, porque es necesario que todo esté bonito”, dijo Urbana Peña.
La normalización de lo que ocurre en estos centros de reclusión la hacen a ella y el resto de familiares en el lugar respaldar esa dinámica en la que están los más de 700 detenidos, en un centro cuya capacidad instalada es para menos de 100 personas.
En comparación a otros centros de detención preventiva, ¿considera que este es el que mejor acondicionado está?
—El mejor acondicionado, sí, porque yo revisé los baños cuando vengo a ver a mi hijo, y hace años cayó preso un familiar mío en este centro, y esto no se compara a la cuarta parte de lo de antes. Ahora, cuando mi hijo cae, que yo entro allá y empiezan a hacer los mantenimientos, mira, yo quedé sorprendida, porque yo dije, hay casas allá afuera que no tienen el mantenimiento higiénico como aquí.
Previo a esta requisa en los calabozos de Guaiparo, la Operación Gran Cacique Guaicaipuro intervino siete centro penales en el país: Tocorón, en Aragua; el Centro Penitenciario de Carabobo (Tocuyito); la cárcel de Puente Ayala, en Anzoátegui; el Internado Judicial de Trujillo; el Internado Judicial de Monagas (La Pica); el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, conocido como cárcel de Vista Hermosa; y la cárcel de San Felipe en Yaracuy.
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