Desde hace 23 días, cuando Mayra se presenta en la Dgcim, le aseguran que su hijo, Eudi Jesús Andrade Boscán, no se encuentra allí. Sin embargo, el Cicpc afirma lo contrario, respaldándose en videos “confidenciales” que, supuestamente, confirman su paradero.
Caracas. “¿Ahora ser pobre y querer hacer una carrera de mototaxi es un delito?”, se pregunta Mayra Boscán, después de pasar casi cuatro horas en la sede del Ministerio Público, en Parque Carabobo, a la espera de una respuesta sobre el paradero de su hijo, Eudi Jesús Andrade Boscán.
Desde el pasado 29 de enero, cuando Eudi Jesús salió a realizar una carrera de mototaxi hacia Altamira para llevar a una conocida y desapareció, Mayra solo ha recibido evasivas como respuesta. En su búsqueda por saber algo de su hijo, únicamente le han dado indicaciones para que acuda a otros organismos públicos a preguntar.
“Su hijo no está muerto, está detenido”, le dijeron el pasado, 5 de febrero en la sede del Cuerpo de investigaciones Penales y Criminalisticas (Cicpc), ubicado en la avenida Urdaneta, en donde le corroboraron la información a través de un video que no le fue mostrado por tratarse de “material confidencial”.
Silencio en la Dgcim
Desde ese día, en ese mismo organismo le indicaron que Eudi, de 26 años, se encontraba en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al igual que su motocicleta.
No obstante, aunque asiste todos los días al organismo ubicado en Boleíta norte con ropa y otros artículos personales, los funcionarios le dicen que no se encuentra allí y que debe volver al Cicpc para que pida el material audiovisual y confirme qué organismo se lo llevó.
Cuando va al Cicpc le dicen que sí está en la Dgcim. Por eso, desde entonces, Mayra pasa hasta 12 horas diarias fuera de la Dgcim con la ilusión de que alguien la saque de la angustia que vive desde la desaparición de su hijo.
“Ya han pasado 23 días en los que no sabemos de él, sin saber si está vivo, si está golpeado. Lo hemos buscado por todos lados y seguimos sin saber qué ha pasado con mi hijo”, dice la madre con angustia.
Este viernes, 21 de febrero, por fin tuvo una respuesta, aunque le generó más confusión: Su hijo tiene asignado un fiscal que tomará su caso por los presuntos cargos de extorsión y secuestro.
Su familia presume que se debe a que la persona a la que llevaba al momento de hacer la carrera, es la pareja de Cristian Hernández, un exteniente vinculado a las operaciones Aurora (2019) y oro (2024).
La última vez
Cerca de las 9:30 p. m. del 29 de enero, dos horas y media después de haber sido visto por última vez, la familia de Eudi empezó a llamarlo por teléfono sin tener respuesta.
Morgues, puestos de auxilio vial, centros de detención como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, fueron algunos de los sitios en los que la familia de Eudi Andrade buscó.
Para su madre, la peor parte fue la morgue, en donde una familiar era quien revisaba los cadáveres que le señalaba, puesto a que ella no se atrevía.
El jueves, 30 de enero, el Cicpc, una de las primeras entidades en las que denunciaron la desaparición, se ubicó qué la última conexión del teléfono fue en un callejón en La Castellana, una urbanización del este de Caracas.
“El Cicpc se trasladó hasta allá, pero no encontraron ningún rastro”, afirma.
Presuntos cargos
Gracias a su oficio que ejerce desde hace siete años en una empresa en la que trabaja como tornero y lo que genera como mototaxista, Eudi Andrade ayuda a su mamá con los gastos de su hogar.
“Él me ayuda para los estudios de su hermanita de cinco años, su hermana de 17 y su sobrina, también de cinco años”, dice entre lágrimas su madre.
Durante los días de la búsqueda, sus vecinos y familiares la han ayudado con los gastos de pasaje y comida.
“Estos días las niñas no han ido a la escuela porque yo me he visto obligada a salir todos los días y las he tenido que dejar con su papá para poder moverme” , manifiesta.
Por eso, niega que su hijo, quien no tiene antecedentes penales, ni tiene vínculos con partidos políticos, sea culpable de los señalamientos que le indicaron en el Ministerio Público.
“Ellos dicen que revisaron el teléfono de mi hijo, que fueron donde trabaja y que mi hijo es inocente. Entonces, si es inocente, ¿por qué está desaparecido?”, recalca.
Víctimas de extorsión
El sábado, 1° de febrero, Mayra Boscán recibió una llamada en la que le dijeron que por una suma de dinero, le entregarían a su hijo.
“Me juraron que lo habían encontrado a orillas de carretera, desnudo, muy golpeado y que si yo pagaba 600 dólares me lo entregarían ese sábado a las 7:00 p. m. con una doctora porque él estaba vivo, pero morado y golpeado por todos lados”, recuerda Mayra.
Entre las promesas, estaba una fe de vida por video llamada, con la condición de que Mayra no llorara.
Como pudo, consiguió y transfirió el dinero y esperó por la llamada que nunca llegó. Según las personas que se comunicaron con ella, no podían hacerlo porque había “mucho despliegue policial”.
Ese mismo sábado, la familia de Eudi fue hasta el Cicpc, de la avenida Urdaneta, en donde una funcionaria les dijo que debían esperar hasta el lunes.
“También que eso de la extorsión nos había pasado porque pusimos nombres, números de teléfono, foto y demás en redes sociales”, dijo la funcionaria en respuesta a una de las medidas que tomó la familia del joven para dar con su paradero.
El lunes, 3 de febrero, cuando estaba en la fiscalía, presuntos extorsionadores volvieron a llamar y le pidieron 400 dólares más. Desde allí, los funcionarios, que presenciaron la llamada que duró varias horas, le informaron que quienes la llamaron eran del Tren de Aragua y que quizás Eudi estaba en el llano.
Posteriormente, después de chequear el número de teléfono, verificaron en su sistema que el número pertenece a un número asociado a extorsiones que se hacen desde centros penitenciarios del país.
“Quedaron en llamarme, pero ya han pasado días y no sé nada. Cuando los llamo, me contestan: Señora Mayra, si no la hemos llamado, es porque no tenemos respuesta de nada. Tiene que esperar”, lamenta quien ya no sabe a dónde más ir, ni qué hacer para saber de su hijo, a quien ve como un “secuestrado” al que se le viola sus derechos.
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