Efecto Cocuyo y Crónica Uno exploraron las necesidades y expectativas de 15 estados del país, con el propósito de identificar las tendencias y desafíos para las elecciones presidenciales de 2024.
Caracas. En 15 estados del país, 10 del llamado corredor electoral –por la alta población de votantes que concentran–, y cinco considerados desiertos informativos, los equipos de Efecto Cocuyo y Crónica Uno exploraron las necesidades y expectativas, así como las razones y pasiones del electorado venezolano para este especial que denominamos Mirador Electoral. El propósito es identificar tendencias y desafíos para los comicios presidenciales de 2024.
Así encontramos que en Barrancas del Orinoco, capital del municipio Sotillo del estado Monagas, el grupo criminal conocido como El Sindicato influyó en las elecciones con el uso de distintos mecanismos de coacción. Habitantes denuncian que su dominio incidió en las victorias del chavismo en los últimos 10 años.
Ahora es la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la que tiene presencia en esta zona de la región nororiental del país con repercusiones políticas aún por definir.
La guerrilla también marca la pauta electoral en Táchira, mediante el hostigamiento a líderes políticos y sociales del estado andino. Un exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuenta cómo los amenazaban con atentados con bombas y utilizaban el acceso a alimentos y gas para manipular a los electores en 2021.
En El Cantón, un pueblo de Barinas que queda más cerca de Cúcuta que de la capital del estado, los episodios de terror que protagonizaron los integrantes del Frente Bolivariano de Liberación (FBL) persisten en la memoria de sus habitantes. Los llamados “boliches” actuaron como grupos de choque para reprimir brutalmente a todo aquel que se manifestara en contra del oficialismo, lo cual incluye el voto opositor.
Gobernanza criminal en la capital
Los cuerpos de seguridad del Estado intimidan a líderes del barrio José Félix Ribas de Petare no alineados con el Gobierno, para entorpecer sus actividades políticas, especialmente en épocas electorales. El hostigamiento es tal que algunos abandonan el activismo para evitar represalias en esta zona del Distrito Capital.
El chavismo coacciona a los vecinos para que voten a favor de la revolución, de lo contrario amenazan con quitarle las cajas de alimentos subsidiados, el acceso al gas doméstico y a otros derechos.
Por si fuera poco, la población está bajo la gobernanza criminal de Wilexis Acevedo, cabecilla de la banda que domina la zona ante la ausencia estatal.
La exclusión determina el modo de vida de comunidades indígenas de Zulia, Bolívar y Amazonas. Las personas de la etnia wayúu en la parroquia San Isidro de Maracaibo ponen en duda la eficacia del voto para lograr bienestar colectivo. Allí, la pobreza extrema afecta más severamente a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad: 400 niños y niñas sufren desnutrición y hay adultas mayores que mueren de hambre, según dirigentes comunitarios.
En San Miguel de Betania (Bolívar), los pemones y los arawakos ni siquiera son dueños de la tierra que ancestralmente ocupan, aun cuando es un derecho consagrado en la Constitución.
En la capital del municipio Autana (Amazonas), militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela mantienen una estricta política de persecución contra todo aquel que exprese descontento o milite en organizaciones de la oposición. Pese a las amenazas, el voto opositor se impone desde hace una década.
Sin miedo
En el estado Sucre, 11 directores de planteles fueron destituidos de sus cargos por no haber promovido el simulacro de referéndum sobre el Esequibo que se llevó a cabo el 19 de noviembre.
A pesar de las represalias contra quienes no demuestren fidelidad absoluta al Gobierno, en el barrio Brasil de Cumaná 8,29 % del padrón electoral votó en la elección primaria de la oposición.
En Bobare, municipio Iribarren del estado Lara, tres de los cinco centros de votación en las primarias del 22 de octubre se instalaron en casas de familia. Desde el caserío El Cartero, Carmen Carucí, una de las que abrió las puertas de su vivienda para legitimar el liderazgo opositor con miras a los comicios presidenciales de 2024, cuenta por qué no tiene miedo.
Por su parte, una empleada pública y vecina de la comunidad de El Recreo, en el municipio San Fernando del estado Apure, decreta: “En las elecciones presidenciales no habrá voto castigo, sino, más bien, un voto reflexivo”.
Para referirse a la discrecionalidad con que se dan y quitan alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), controlados por el chavismo, la mujer usa una imagen cruel que pudiera comprender cualquiera que viva en una zona rural de Venezuela: “Es como cuando le sacas las plumas a una gallina y le duele. Si le tiras un granito de maíz se entretiene y no siente tanto el dolor”.
Con la consulta sobre el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana, el oficialismo pretende copar la escena electoral y borrar de la memoria la elección de María Corina Machado como candidata presidencial de la oposición.
Así ha ocurrido en el estado Miranda, donde destacan las estrategias diseñadas y aplicadas por el oficialismo para captar el voto de las mujeres, mediante los llamados Consejos Feministas y un plan de discusión política entre las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) denominado Agenda Comunitaria, impulsado por el gobernador Héctor Rodríguez.
La juventud de Aragua se articula para incentivar al voto y la inscripción en el registro electoral. Sin embargo, la sede del CNE, en Maracay, queda muy lejos de los municipios ubicados al sur del estado, lo que constituye un obstáculo para los nuevos votantes que quieren inscribirse ante la imposibilidad de movilizarse por la escasez de transporte público y el difícil acceso a la gasolina.
El daño ambiental se castiga con votos en Río Seco. El mar, que es la principal fuente de ingreso de más de 6.000 habitantes de este pueblo pesquero del estado Falcón, está contaminado por los derrames de hidrocarburos que provocó la estatal Pdvsa.
Las mujeres chavistas quedan reducidas a cargos logísticos y se sienten desplazadas al momento de elegir cargos de poder, a pesar de que tienen una trayectoria social importante en las comunidades del estado Anzoátegui.
El descontento con el chavismo gobernante crece en el municipio Carlos Arvelo de Carabobo. La desilusión ha calado en la población que respaldó fielmente al chavismo en las presidenciales durante la última década.
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Este es un trabajo colaborativo entre Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
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