La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, tiene una fractura en el hombro desde hace seis meses que solo tratan con analgesicos. Su abogado, Juan González Taguaruco, espera que se permita la juramentación de la defensa privada y que se apruebe una medida cautelar para la activista.
Caracas. El 11 de febrero está prevista la apertura del juicio oral y público en contra de la activista y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien el 9 de febrero cumplió un año tras las rejas acusada de terrorismo, traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir.
Desde su detención, en 2024, la directora de la ONG Control Ciudadano está recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, sometida a múltiples irregularidades y vicios en su proceso judicial, explicó a Crónica Uno Juan González Taguaruco, abogado de San Miguel.
Las peticiones del abogado son precisas. Esperan que se permita la juramentación de la defensa privada y además que se apruebe una medida cautelar para la activista, que le permita atender por médicos de su confianza la fractura en el hombro que tiene desde hace seis meses.
“Las expectativas que tenemos es que se cumpla lo que nos han manifestado en el sentido de que no va a haber obstáculos para que ella designe a sus abogados de confianza. El punto dos es insistir en la necesidad de que sea acordada una medida cautelar por razones humanitarias a la doctora a los fines que pueda ser intervenida quirúrgicamente por médicos de su confianza”, dijo el abogado.
Falta de atención
Varias organizaciones alzaron su voz para pedir una medida humanitaria para la activista, quien hace seis meses sufrió una fractura en su hombro derecho y, de acuerdo con denuncias de las ONG, requiere urgente atención médica y una cirugía.
En X (antes Twitter) varias ONG promovieron la etiqueta #MedidaHumanitariaParaRocío, para exponer la petición de este beneficio para la activista.
Exigimos libertad para Rocío San Miguel, defensora de DDHH que fue víctima de desaparición forzada y tiene 360 días de injusta detención en El Helicoide, Venezuela.
— PROVEA (@_Provea) February 3, 2025
Rocío tiene una fractura en el hombro derecho y requiere una operación en libertad. #MedidaHumanitariaParaRocío… pic.twitter.com/DQhc7PBBXV
“Solicitamos al Gobierno que otorgue una medida humanitaria y libertad a Rocío que le permita atención por médicos de su confianza y la operen en libertad. Además del respeto al debido proceso”, fue la exigencia expuesta por la ONG Provea recientemente.
Al respecto, el abogado de San Miguel recordó que la doctora se fracturó por una caída y “no fue atendida debidamente, al extremo que fue diagnosticada cerca de cuatro meses después”.
Aclaró que en este momento la fractura tiene una “consolidación viciosa” que solo se trata con analgésicos y por la que presenta constante dolor, incluso para cumplir con su aseo personal o quehaceres diarios.
“Ella ha presentado dolor desde el momento de su caída. Ha sido tratada solamente con analgésicos. Ya tras la publicación en medios de comunicación de su imagen sosteniendo un cartel, además de una radiografía donde se constata la existencia de la fractura, que se sospechaba que la tenía por el dolor que acusaba desde hace muchísimo tiempo, al día de hoy, ya cerca de un mes y medio, no ha sido intervenida quirúrgicamente ni ha recibido los cuidados que demanda una patología de esta naturaleza”, aseveró.
Sin garantías
El equipo de defensa de San Miguel explicó que solo a su hija se le permite visitarla una o dos veces por semana en El Helicoide.
“Solamente se le permite que la visite su hija Miranda Díaz San Miguel. Se le permite la visita dura entre una hora y tres horas”,
aclaró el abogado.
La causa de San Miguel se enmarca como una de las más representativas detenciones de una ola desatada contra activistas y defensores de derechos fundamentales antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que dieron como ganador a Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude electoral.
El abogado insistió en que hasta el momento no hay garantías de defensa para la activista, pues sigue sin defensa privada y acceso a su expediente. El caso de San Miguel se encuentra asignado al Juzgado Especial Tercero en casos de terrorismo, a cargo de Alejandra Romero.
Aclaró que ante el defensor público que se mantiene a cargo de la defensa se ha promovido la solicitud de una medida menos gravosa que permita a la detenida atender su situación de salud.
“Que sea puesta en libertad, de manera que ella pueda estar conforme a la ley de la constitución y ser evaluada y atendida por un médico de su confianza, intervenida quirúrgicamente, que pueda recibir adecuados cuidados posoperatorios y además hacer la rehabilitación que demanda una operación de este tipo”.
González recordó que no hay garantías de salud para San Miguel, pues que el padecimiento que la aqueja en el brazo derecho lo atendieron cuatro meses después.
En palabras del abogado “no hay garantía alguna que una administración penitenciaria que tardó cuatro meses en diagnosticar una fractura vaya a hacer algo diferente, adecuado y congruente con lo que demanda la salud de la doctora en esas condiciones de reclusión tan precarias en las que se encuentra”.
Antecedentes
La defensa de San Miguel insiste en que sus requerimientos de salud son complejos y, bajo las circunstancias actuales de reclusión, podrían agravarse.
Desde su detención, cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en La Guaira, tuvieron lugar hechos que preocuparon a la sociedad civil y a organismos internacionales, entre ellos la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, como su desaparición forzada por más de 24 horas.
No fue sino hasta el 11 de febrero en la tarde cuando el fiscal general, designado por la extinta ANC, Tarek William Saab, informó oficialmente de su detención “por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ´brazalete blanco´, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del jefe de Estado Nicolás Maduro”.
La desaparición forzada de la abogada la denunciaron más de 600 organizaciones de la sociedad civil en un comunicado en el que recordaron que “las prácticas de desaparición constituyen una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales gravísimas, considerándose tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Sobre su caso, calificado como una “detención arbitraria”, también se pronunciaron el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y Amnistía Internacional.
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