Ante ola de advertencias sobre riesgos de eliminar la presidencia encargada y transferir sus competencias a la AN2015, la segunda discusión de la reforma del Estatuto para la Transición podría postergarse para el 30 de diciembre, o el 2 o 3 de enero de 2023. Procuraduría Especial criticó que proponentes de la reforma no expliquen los efectos de la reforma en términos del apoyo internacional y la estrategia de defensa de activos.
Caracas. La segunda discusión y aprobación de la reforma del Estatuto para la Transición previstas para este 29 de diciembre, podría ser diferida para el 30 de diciembre o para los días 2 o 3 de enero, de acuerdo al planteamiento público, hecho este miércoles, por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electa en 2015, Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia).
“Es imperativo agotar todas las vías posibles para presentar en segunda discusión una propuesta que interprete el anhelo de cambio del pueblo venezolano. Esa propuesta debe escuchar todas las voces que se han levantado desde distintos espacios. Es necesario conversar más. Si eso pasa por diferir la sesión convocada para el 29D, hagámoslo, pero agotemos la vía del consenso”, expresó Guanipa en su cuenta Twitter.
Un llamado similar hizo también este miércoles, 28 de diciembre, la diputada por Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, de acuerdo a una nota de prensa difundida por su partido.
“Si aún no hay acuerdo, proponemos que la sesión prevista para el día de mañana #29Dic, sea pospuesta para así agotar todos los esfuerzos necesarios en aras de esa urgente unidad histórica que necesita Venezuela”, dijo la parlamentaria por el estado Miranda.
El pasado 22 de diciembre, Encuentro Ciudadano junto a Proyecto Venezuela y Nuvipa propusieron a la plenaria declararse en sesión permanente para presentar a primera discusión un proyecto de consenso, pero esa propuesta no tuvo el respaldo de la mayoría.
En entrevista con este portal, el segundo vicepresidente de la AN2015, Carlos Berrizbeitia (Proyecto Venezuela), señaló que Guaidó debió poner su cargo a la orden para facilitar estas discusiones.
¿Qué contempla la reforma del Estatuto en discusión?
La propuesta de reforma aprobada en primera discusión el 22 de diciembre e impulsada por Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y Movimiento por Venezuela, prevé la eliminación de la presidencia encargada, pero no así de los principales tres órganos que soportan al gobierno encargado:
- El Consejo de Administración del Gasto que se encarga de elaborar y distribuir el presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado y la AN2015. Este ente pasaría a llamarse Consejo de Administración y Protección de Activos, y asumiría presumiblemente las competencias de la Procuraduría Especial.
- La junta ad hoc del BCV, que regenta los fondos depositados en la Reserva Federal de EEUU de los cuales se alimenta el presupuesto del gobierno encargado y la AN2015.
- Y la junta ad hoc de PDVSA, a la cual está adscrita y responde la directiva de Citgo Petroleum Corporation, principal activo operativo de Venezuela en el exterior, que este año reportó altas ganancias.
Procurador Especial llama a la reflexión
Entretanto, el procurador especial del gobierno encargado, Enrique Sánchez Falcón, emitió la víspera un extenso comunicado en el que invita a los diputados de la AN2015 a reflexionar sobre el impacto que podría tener la aprobación definitiva del proyecto presentado por PJ, AD, UNT y MPV.
El procurador reconoce que si bien la AN2015 tiene la potestad modificar el esquema organizativo del gobierno encargado mediante la reforma del Estatuto, estas reformas deberían estar orientadas a corregir los fallos en la ejecutoria del gobierno encargado, que han impedido alcanzar los objetivos en torno al cese de la usurpación.
Sin embargo, a su juicio la propuesta de reforma de los cuatro partidos mencionados, no está orientada a corregir tales fallos porque en principio ni siquiera existe una reflexión sobre cuales fueron esos errores.
“Del proyecto aprobado se desprende que la AN considera que el cese de la usurpación se producirá si el cuerpo legislativo hace desaparecer al ejecutivo interino y asume sus competencias”, dice el procurador.
Pero advierte que los proponentes no aportan perspectiva alguna sobre los efectos que tendría la reforma en términos de: apoyo internacional y efectividad en la defensa y recuperación de activos.
Adiós a la narrativa de la defensa de la Constitución
El procurador Sánchez Falcón evalúa el proyecto de reforma desde dos puntos de vista: las implicaciones de la asunción de los poderes del Ejecutivo por parte de la AN2015 y el peligro para la defensa de los activos en una administración encabezada por el Poder Legislativo.
Sobre el primer punto, sostiene que al concentrar los poderes ejecutivos y legislativos en la AN2015, se daría al traste con la narrativa del gobierno encargado de restablecer la vigencia de la Constitución a través de la aplicación de la Constitución.
Señala la Procuraduría que esta concentración de poderes en una sola institución abandonaría definitivamente la separación de poderes establecida en la carta magna.
El procurador prevé además que esta transferencia de poderes a la AN “probablemente suscitaría una reacción negativa en los países que han reconocido al gobierno interino” generando su desconocimiento automático.
“En derecho internacional público, el reconocimiento del gobierno de un país por actores de la comunidad internacional es el reconocimiento del Poder Ejecutivo”. Al no haber Ejecutivo, cesaría el reconocimiento, alerta.
Además, la Procuraduría Especial recalca que constitucionalmente no existe la posibilidad de llenar la vacante de la presidencia de la república, tal como fue declarada por la propia AN en 2018 y 2019, por un cuerpo colegiado como lo es la Asamblea Nacional, sino que ella es llenada por una persona, en este caso, el presidente de la Asamblea Nacional.
Riesgo de perder el reconocimiento en tribunales extranjeros
Sobre el segundo elemento, la protección de los activos, Sánchez Falcón señala que si luego de la reforma, la comunidad internacional decidiera no reconocer a la AN2015 como depositaria del Poder Ejecutivo venezolano, se podría correr el riesgo de perder también el reconocimiento judicial en cortes extranjeras.
Recalca en su comunicado que los gobiernos, las cortes y los tribunales de Estados Unidos y Reino Unido han reconocido a la Procuraduría Especial nombrada por la presidencia interina con autorización de la AN, como el organismo autorizado para designar las firmas de abogados que representarán a la República en los juicios.
“Pero si en la modificación del Estatuto se suprime la Procuraduría al mismo tiempo que se elimina el Poder Ejecutivo, se revertirían las decisiones que daban al gobierno interino la representación de Venezuela y quedaría el régimen usurpador de maduro como único titular de los activos en el exterior”, advierte.
Por último, agrega Sánchez Falcón, la creación del Consejo de Administración y Protección de Activos “no puede modificar la Constitución para otorgarle a ese órgano funciones que son del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría”.
Ayer por la noche Juan Guaidó emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que instó a toda la sociedad a expresar su opinión sobre la propuesta de reforma del Estatuto para la Transición, impulsada por PJ, MPV, AD y UNT.
El 29 se dará la segunda discusión de la reforma de la Ley del Estatuto para la Transición. Defender a nuestra gente y la constitución son prioridad para nosotros.
Este es nuestro mensaje al país: pic.twitter.com/aSJNjomGD6
— Juan Guaidó (@jguaido) December 27, 2022
Juristas y académicos lanzan alertas
Además de los pronunciamientos de la Procuraduría Especial y el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, advirtiendo la inconveniencia política e incluso la inconstitucionalidad de la reforma en discusión, juristas venezolanos han manifestado opiniones particulares en la misma dirección.
El Bloque Constitucional emitió un comunicado el 24 de diciembre, instando a las fuerzas políticas de la AN2015 a dialogar y construir una reforma que no viole la constitución.
Así mismo, constitucionalistas como Allan Brewer-Carías, Román Duque Corredor, José Ignacio Hernández y Asdrúbal Aguiar, entre otros, también han refutado de manera individual la reforma en los términos planteados.
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