El Colegio de Abogados del estado Aragua contabiliza al menos 119 detenidos desde el 29 de julio, cuando comenzaron las protestas en la región. La mayoría de las aprehensiones ocurrieron en el municipio Girardot.
Maracay. Nancy* estaba en las afueras del Palacio de Justicia, en Maracay, desde las 10:00 a. m. de este martes, con la esperanza de saber información de Anthony*, su nieto de 18 años de edad detenido desde el 4 de agosto.
La mujer cuenta que el joven no salió a protestar contra la administración de Nicolás Maduro tras los resultados del 28 de julio, pero en el grupo de WhatsApp que tiene con sus amigos criticó a alguien del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
El mensaje se filtró y las horas la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) llegó a su casa, donde buscaban a la madre del muchacho, porque el chip está a su nombre.
“El chip está a nombre de la mamá. Nos fuimos para el Dgcim, la interrogaron y le preguntaron por el teléfono. Tenían todo, hasta la fecha de nacimiento de mi nieto. Tuvimos que entregar a mi nieto de manera voluntaria para la investigación”.
Afirma que su nieto está recluido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero aún no ha podido comunicarse con él. Tampoco conoce de qué se le acusa.
“Lo hemos visto de lejos, pero nada que hablamos con él. Todos los días le llevamos comida. No nos han pedido más nada. Lo que dicen es que lo van a presentar”.
Anthony* es estudiante universitario de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Su abuela, fiel católica, reza todos los días para que su nieto esté libre y así continuar con su formación profesional.
“Los del Dgcim nos dijeron que ya lo tenían vigilado. Todo fue por echar broma por un grupo de WhatsApp. Esto para nosotros es muy fuerte porque al final es un niño”.
Indignación e impotencia
Indira* tiene miedo, incertidumbre e impotencia, al no saber el estado de Marcos*, su esposo de 31 años de edad, también detenido desde el 4 de agosto por apoyar a Edmundo González y a María Corina Machado en los comicios presidenciales.
Ella, como el resto de las familias con detenidos, acude todos los días al Palacio de Justicia, en Maracay. Acompañada por una cuñada y su suegra esperan largas horas en las afueras de la sede judicial, donde el joven detenido no tiene acceso a la defensa privada.
Explica que Marcos* trabajaba en una comunidad al sur de Maracay, cuando llegó una comisión del Servicio de Investigación Penal (SIP) de la Policía Municipal. Los funcionarios le pidieron la cédula de identidad y le revisaron el celular. Luego se lo llevaron para la sede policial sin orden de detención.
“Él no salió para ningún lado a protestar, solo estuvo en una caravana en el sector el día de las elecciones. La policía dijo que solo estaban verificando unos datos y que lo iban a traer de nuevo, pero yo sentía que no me decían la verdad”.
Indira* y sus familiares informan que a su esposo lo acusan de terrorismo. La detención se la atribuyen al consejo comunal del urbanismo donde residen. Lo denunciaron por celebrar en caravana antes de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Marcos* es padre de dos niñas y un adolescente. De lunes a viernes trabaja en una empresa privada. Los fines de semana se dedica al comercio informal con Indira*, quien teme que la salud de su cónyuge se complique, por complicaciones en los riñones.
¿Te imaginas que me lo procesen? Me lo quitaron injustamente. Siento demasiada indignación e impotencia porque aquí no se puede hacer nada. Él es padre de familia y sostén de casa”.
Al menos 119 detenidos
La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Aragua indica que hay al menos 119 detenidos desde el 29 de julio.
La mayoría de los casos son del municipio Girardot. También hay aprehensiones de las localidades de Cagua, Mariño, Ocumare, San Casimiro, Las Tejerías, San Mateo y Mario Briceño Iragorry (MBI).
“Lo lamentable es que hay algunos menores de edad y deben tener un tratamiento especial, pero no se ha cumplido. Los procesan como adultos y es ilegal”, destaca Rosalino Medina, presidente de la organización gremial.
Agrega que las audiencias se realizan de manera virtual, los jueces que se encargan de los casos por terrorismo están en Caracas.
“También le aplican incitación al odio, resistencia a la autoridad y un cúmulo de delitos, que si los agrupamos hablamos más de 20 años de prisión. No nos dejan entrar a las audiencias”, enfatiza.
* Los nombres de los detenidos y los familiares, así como lugares específicos de detención, fueron omitidos por petición de los afectados y por medidas de protección a las fuentes.
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