La Coalición por los Derechos Humanos denunció una persecución contra los abogados Alonso Medina Roa, Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano. El procedimiento se ordenó, presuntamente, por un informe publicado por esta organización el pasado mes de junio en el que se documentan casos de tortura en Venezuela.
Caracas. La persecución gubernamental en contra de integrantes de la Coalición por los Derechos Humanos entró en una nueva fase. Según la denuncia de los abogados Ana Leonor Acosta, Kelvi Zambrano y Alonso Medina Roa, miembros de la plataforma que reúne a defensores de derechos fundamentales, las arbitrariedades en su contra se han vuelto más frecuentes en las últimas semanas.
El procedimiento más reciente ocurrió el miércoles, 24 de agosto, en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) le notificaron a Medina Roa acerca de una prohibición de salida del país.
En entrevista con Crónica.Uno, el defensor de derechos humanos Kelvi Zambrano denunció que estas acciones del Gobierno constituyen un “patrón de persecución”. En el caso de Medina Rosa, la arremetida oficial comenzó desde las 4:00 a.m. del miércoles, 24 agosto, cuando lo retuvieron previo a iniciar el chequeo de su equipaje. Posteriormente, lo remitieron a la división antiterrorista del Cicpc.
“Lo que sabemos (de la retención) es que (fue) a raíz de una investigación (que) abrieron contra el abogado Alonso Medina, Leonor Acosta y yo. Fue por la rueda de prensa que dimos el 27 de junio en la que denunciamos varios hechos relacionados con casos de torturas en el país”, dijo.
El pasado 27 de junio, voceros de la Coalición por los Derechos Humanos ofreció una rueda de prensa en la que expusieron los resultados de una investigación en la que se documentaron irregularidades en centros clandestinos de detención en Caracas. De acuerdo con los investigadores, en esos sitios un grupo de médicos practicaron exámenes a víctimas y ocultaron los signos de tortura en informes finales. En 100 % de los casos de tortura los médicos forenses no reportan el estado real de las víctimas, sostuvo en esa ocasión la abogada Ana Leonor Acosta.
Investigación a petición
La ONG también informó a los medios de comunicación que la Fiscalía inició la investigación de 124 casos de tortura por una solicitud de la Corte Penal Internacional. Pero Acosta consideró que “falta mucho camino y que no hay un comité de Comisión Nacional Contra la Tortura”. Según la abogada, la instancia se aparentemente se creó, pero se desconoce quiénes son los integrantes.
Zambrano destacó que tras la retención de Medina Rosa dieron aviso integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante lo que consideran como un “patrón de persecución”. Del mismo modo, resaltó que aunque en su caso no ha sido perseguido por cuerpos policiales, si “está en una condición de investigado por este proceso”, por lo que presume próximamente tanto a él como a Ana Leonor Acosta les puedan abrir un expediente judicial.
Crónica.Uno intentó sin éxito comunicarse con el abogado Alonso Medina Roa. Sin embargo, se pudo verificar que el pasado miércoles el activista rindió declaración en la sede de división antiterrorista del Cicpc. Luego de cumplir con la formalidad, una comisión de ese organismo de seguridad lo trasladó hasta su casa.
Sin respuesta
En el segundo informe que presentó la Coaliación el pasado mes de junio, también mostraron evidencias que sustentan las denuncias de tortura. Asimismo, alertaron sobre la dilación de las averiguaciones y la falta de sanciones en los casos que la ONG ha acompañado.
“Pareciera que los casos de torturas se quedan en un limbo. No hacen ningún tipo de acción cuando en realidad deberían existir investigaciones respecto a las denuncias que se hacen. Mientras no haya investigación para determinar la responsabilidad de estos casos de torturas, estamos prácticamente en cero y continuará la impunidad en el país”, argumentó la abogada Acosta durante la presentación del segundo informe de las torturas en Venezuela.
El informe de la Misión Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas, publicado el 16 de septiembre de 2020, confirmó la existencia de seis casas clandestinas de tortura en Caracas y el estado Miranda. En ellas documentaron 24 casos de torturas, tratos crueles o inhumanos.
El informe de la ONU reveló que las casas clandestinas de tortura están ubicadas en:
- San Bernardino, cerca de Crema Paraíso.
- Una vivienda en la zona de Bello Monte.
- Una casa en la urbanización San José de Fuerte Tiuna, o muy cerca.
- Una en el Fuerte Tiuna, donde tienen sede el Ministerio de Defensa y el Comando del Ejército.
- Un sitio conocido como Sorocaima o La Mariposa, en la zona militar de San Antonio de los Altos (estado Miranda).
- Una residencia en una zona montañosa del municipio El Hatillo.
#Denuncia
Según información que obtuvo nuestra ONG, al menos dos medicaturas forenses clandestinas existen en Caracas, en las cuales médicos practicarían exámenes a víctimas y ocultarian las torturas en informes finales. pic.twitter.com/7SAv2UGKg5— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 28, 2022
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