La primera discusión del proyecto presentado hace dos días por Nicolás Maduro quedó aprobada por la Asamblea Nacional. Desde hace dos años comerciantes e industriales alertaban que el cobro excesivo de tributos no solo afectaban la producción, sino también la sostenibilidad de las empresas. Solo en Aragua trámites de bomberos pasaron de $80 a más de $20.000 en el último año.
Caracas. Luego de dos años de denuncias recurrentes por parte de comerciantes e industriales sobre cobro excesivo de impuestos el Ejecutivo introdujo un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional (AN) para regular la situación.
Este jueves 25 de agosto la AN dio un debate de casi hora y media, donde se aprobó la primera discusión del proyecto de Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (Locat), presentado por Nicolás Maduro el 23 de agosto.
El sector privado, que ha sostenido varias reuniones en los últimos meses con la vicepresidenta y ministros, había elevado estas quejas a las autoridades, pues el pago de cada vez más tributos amenazaba a las industrias, solo en Aragua, el permiso de bomberos pasó de costar $80 a $20.290, algunas empresas incluso debían pagar más.
Para febrero de este año los industriales indicaban que esta situación no había mejorado en los municipios. Las peticiones de rebajar estos tributos no avanzaban. Hasta ese momento dijeron a Crónica.Uno que la única alcaldía en Venezuela que había hecho una disminución directa era la de Maracaibo.
El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN, Jesús Faría, dijo durante el debate que hay impuestos que son prácticamente confiscatorios y que en muchas ocasiones duplican la carga tributaria que ya está establecida.
El capítulo dos de la nueva ley señala que “no podrán cobrarse impuestos, tasas o contribuciones que no se encuentren previstos en leyes estadales u ordenanzas, respetando los límites establecidos en la Constitución”.
Ante esta situación de enorme desorden que pone en peligro la recuperación del país estamos obligados a reordenar el sistema tributario nacional de acuerdo a los principios fundamentales de la Constitución”, expresó el diputado.
Faría agregó que esta ley busca establecer una “racionalidad, armonía y coordinación” y que las entidades municipales no podrán seguir aplicando cálculos o cobros discrecionales. “Tenemos que restablecer un orden allí no para asfixiar a nadie”, apuntó.
El proyecto de ley está compuesto de 52 artículos y siete capítulos. Además, cuenta con una disposición transitoria, dos disposiciones derogatorias y una disposición final.
El diputado Ramón Lobo señaló que la ley regulará “los desmanes” que se han dado en algunos estados y municipios. “Para eso necesitamos que cada quien contribuya de acuerdo a su capacidad contributiva y esta ley orgánica da la legalidad a lo que ya existe en la Constitución, por eso es fundamental para la bancada la aprobación de este ley y poder optimizar la recaudación tributaria”.
El documento sostiene que se debe procurar la justa distribución de las cargas públicas, según la capacidad económica del contribuyente. Asimismo, el artículo 10 indica que “Los tributos estadales y municipales no podrán tener carácter confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional o convertirse en obstáculo para el desarrollo armónico de la economía”.
El proyecto de ley hace énfasis en regular la voracidad fiscal, pero además asoma el interés de mejorar aspectos relacionados a la burocracia. Por ejemplo, en el artículo 17 se lee que para trámites de declaración y pago de tributos estadales y municipales (…) las administraciones tributarias no podrán exigir requisitos adicionales a los contemplados en la normativa vigente o innecesarios por encontrarse en poder o dominio de la autoridad o las entidades públicas.
El presidente de la Comisión de Finanzas se refirió al rebote que experimenta la economía desde el año pasado y que problemas como los que la voracidad fiscal le ha traído a las empresas pone en riesgo la recuperación del país, en ese sentido, mencionó que aspiran a “fortalecer el sistema tributario a los fines de que sea viable”. “No hay justificación para que en algunos municipios y estados se establezcan este tipo de exabruptos”.
Participa en la conversación