31 expertos de la ONU expresaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela, a raíz del descontento popular por los inauditables resultados de las elecciones presidenciales. En la carta piden acciones y cooperación al Gobierno tras cinco años de denuncias sin respuesta.
Caracas. Un grupo conformado por 31 expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su “profunda preocupación” por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela en el contexto de las recientes elecciones presidenciales del 28 de julio pasado.
El comunicado se sustenta en informes de varios organismos de supervisión electoral internacionales y locales que cuestionaron la falta de transparencia y credibilidad en el proceso.
Los expertos recibieron informes sobre uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas y hostigamiento contra trabajadores de la prensa.
Además, agrega el texto, se registraron más de 1300 detenciones arbitrarias de opositores. La lista incluye niños, personas mayores y con discapacidad mujeres, personas de la población de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+).
También denunciaron al menos 21 muertes a manos, presuntamente, de grupos armados progubernamentales. La cifra oficial totaliza 25 fallecidos, incluido un militar y las ONG ha verificado 24 muertes en el contexto poselectoral.
Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, describieron en la carta publicada este miércoles, 4 de septiembre, en los medios oficiales de la ONU.
Disidencia judicializada
Del mismo modo, en el documento se alertó sobre el uso “sistemático e indebido” de la justicia penal para criminalizar la defensa de los derechos humanos, la disidencia política y las protestas.
“Encontramos un alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición”, indicaron.
En otro apartado alertaron sobre la reciente aprobación de la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines, conocida como ley anti-ONG. Al respecto, advirtieron que el Gobierno busca controlar a la sociedad civil y crear mayores restricciones a la libertad de expresión y de asociación.
Despliegue de la ONU
La carta de los expertos independientes de la ONU se suma a una reciente articulación de las agencias del organismo multilateral para evidenciar las arbitrariedades del Gobierno venezolano.
En una comparecencia ante la prensa este martes, 3 de septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DD. HH.) expresó su inquietud por la orden de arresto emitida contra Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición en las elecciones presidenciales pasadas.
En la rueda de prensa, se instó al Gobierno de Nicolás Maduro a proteger los derechos del excandidato y a resolver pacíficamente cualquier disputa electoral.
La vocera Ravina Shamdasani advirtió sobre un “clima de miedo” en el país y denunció detenciones por ejercer derechos políticos y de expresión. Asimismo, enfatizó en la necesidad de cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.
Antes, el 14 de agosto pasado, un informe del Panel de Expertos Electorales de la ONU, que se volvió público, detalló irregularidades en las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue reelecto con más del 51 % de los votos, de acuerdo con el CNE. El informe criticó que los resultados se publicaran sin las auditorías y el desglose de los datos mesa por mesa a los que obliga la Ley Orgánica de Procesos Electorales vigente.
Los expertos, invitados por el gobierno, observaron el proceso y notaron el monopolio chavista en medios. En sus observaciones enfatizaron en las restricciones a la oposición, como las dificultades que enfrentaron María Corina Machado y Corina Yoris para postularse. El cuestionamiento agregó más dudas al “triunfo” electoral oficialista.
Cinco años sin respuesta
En el escrito pidieron al Gobierno de Nicolás Maduro poner fin a las violaciones de derechos humanos. Asimismo, instaron a la liberación incondicional de los detenidos arbitrariamente y a que se impulsen investigaciones independientes sobre los hechos. Las empresas no deben permitir restringir los derechos digitales de los venezolanos, añadieron.
El grupo reveló que previo a este comunicado enviaron 22 cartas en los últimos cinco años al Gobierno. En todas denunciaron un contexto “sistemático de violaciones a los derechos humanos”. Hasta la fecha ninguna recibió respuesta, añadieron. No obstante, persisten en su llamado a respetar los compromisos internacionales de derechos humanos y cooperar con los mecanismos de la ONU.
La carta la firmaron destacados expertos internacionales. Entre estos figuran Gina Romero, relatora especial sobre libertad de reunión y Cecilia Bailliet, experta independiente en derechos humano. También suscribieron el texto Michael Fakhri, relator especial sobre alimentación; Margaret Satterthwaite, relatora sobre independencia judicial.
A éstos se adhirieron Laura Nyirinkindi, Claudia Flores y Dorothy Estrada Tanck, del Grupo de Trabajo sobre discriminación de mujeres; José Francisco Cali Tzay, relator especial sobre pueblos indígenas; Fernanda Hopenhaym, Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale y Lyra Jakulevičienė del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.
Todos estos expertos fueron nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para atender situaciones en países o sobre temas globales de forma independiente a cualquier gobierno u organismo.
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