De acuerdo con un informe de Provea, durante la década de Nicolás Maduro en el poder se registraron 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal y se llegó a 45 % de los hogares con inseguridad alimentaria.
Caracas. Con “más de 45 % de los hogares” con inseguridad alimentaria, un salario mínimo estancado y el registro de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), aseguró que en la última década en Venezuela, gobernada por Nicolás Maduro, la pobreza y la impunidad representan las mayores violaciones a las garantías fundamentales.
Provea presentó este martes, 30 de abril, en su informe anual un compendio especial con datos recabados entre los años 2013 y 2023. A partir de la información recopilada denunció que el actual Gobierno generó un “esquema perverso de colapso de la sociedad” venezolana en el que se generó un “paquete absolutamente restrictivo que restringe la libertad de actuación de los ciudadanos”, dijo el director de Provea, Óscar Murillo.
Según el estudio, la gestión de Maduro, que califican de pésima, “condujo al país por primera vez en su historia a un escenario de hiperinflación que pulverizó el salario y las prestaciones sociales, acabó con el ahorro y las aspiraciones de movilidad social de cientos de familias, colapsó el consumo y demolió la moneda nacional”.
Además, Provea consideró que en la última década se han empleado recursos del Estado para “aplastar los reclamos e imponer el terror”.
Las cifras de la década
Murillo explicó que en los últimos 10 años han sido detenidos más de 120 sindicalistas y amenazados, al menos, 3479 trabajadores, lo que consideró como una “sistemática persecución a las ideas” de la ciudadanía que recibe como respuesta a sus reclamos “represión, persecución, abuso y arbitrariedad”.
En este período, Provea documentó 408.708 denuncias por vulneraciones a la salud, además de un afianzamiento del modelo extractivo que afecta el ambiente y a los pueblos originarios.
En cuanto a la alimentación, la organización refirió que durante la gestión de Maduro aumentó la prevalencia de la subalimentación en 20 % por la falta de poder adquisitivo e independencia económica lo que, consideró, generó “un severo daño sobre el estado nutricional de la población”.
La ONG resaltó que las políticas de Maduro han profundizado una crisis económica que mantiene a la población en pobreza extrema, con más del 45% de los hogares enfrentando inseguridad alimentaria y un salario mínimo estancado en Bs. 130 (4 dólares al mes).
Murillo indicó que, desde 2010, la ONG documentó el asesinato de 47 indígenas de pueblos Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayúu en manos de fuerza pública y actores no estatales, como miembros de guerrivas que hacen vida en zonas venezolanas.
Impunidad estructural
Provea registró entre 2013 y 2023 un total de 43.003 víctimas de violaciones a la integridad personal, de los cuales 1.652 fueron casos de tortura y 7.309 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes.
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“Dentro de la integridad personal, entre 2013 y 2023 se registraron 1.652 víctimas de torturas”, señaló la coordinadora de investigación de la ONG, Lissette González.
En la presentación del informe, aclaró que estas cifras podrían estar atadas a un subregistro por la opacidad en datos oficiales y las dificultades para el monitoreo asociadas a “disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos”.
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