En un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) recordaron que el Estado venezolano está obligado a respetar y garantizar los derechos de sus ciudadanos.
Caracas. El cese a “las prácticas violatorias de derechos humanos” y el inmediato restablecimiento al “orden democrático y el Estado de derecho” fueron las exigencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) al Gobierno de Nicolás Maduro.
En un comunicado de prensa difundido a través de sus redes sociales este jueves, 15 de agosto, la CIDH hizo un recuento de los acontecimientos que han tenido lugar en Venezuela en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio, a partir de las cuales se desencadenó una ola de protestas en contra de los resultados oficiales que dan como ganador a Maduro.
El Estado venezolano está obligado internacionalmente a respetar y garantizar derechos humanos. En ese marco, debe actuar en cumplimiento de sus deberes y cesar, de manera inmediata, todo patrón de represión y prácticas que buscan generar terror en su propia población”, destacó la comisión y su relatoría en el escrito.
Además, la CIDH anunció la reactivación de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela) para “fortalecer” y mantener el “monitoreo, la protección y la respuesta oportuna de sus mecanismos” en el país.
Patrones
En el escrito, la CIDH destacó algunas actuaciones del Gobierno venezolano y aseguró que, previo a las elecciones, “el régimen intensificó prácticas autoritarias para obstruir la participación política mediante un patrón de coerción destinado a desmovilizar a la oposición y a sus posibles simpatizantes”.
Destacó como medidas de este tipo el impedimento para la inscripción de candidaturas, la imposición de “barreras al voto en el extranjero” y la negativa de ingreso a la nación de misiones de observación independientes.
“Además, intensificó la persecución política, hostigamiento y las detenciones arbitrarias de dirigentes opositores, activistas y periodistas”, sentenció.
El organismo cuestionó que hasta la fecha no se hayan publicado resultados detallados de la elección y recordó que los observadores electorales calificados tildaron el proceso de poco transparente.
“Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas electorales ni proporcionó la información necesaria para refutar las serias alegaciones de fraude electoral, insistiendo en declarar a Nicolás Maduro como vencedor sin la documentación o datos estadísticos requeridos”, apuntó.
La instancia multilateral se refiere también a las protestas posteriores a los comicios y detalló que tienen cuenta de al menos 300 manifestaciones espontáneas en todo el país que han sido “duramente reprimidas” por fuerzas del Estado y grupos armados no estatales.
Destacó que la represión registrada “ha reflejado patrones ya observados por la CIDH en las protestas de 2014 y 2017” y citó entre ellas el uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositoras y personas voluntarias electorales, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.
Muertes durante protestas poselectorales
La CIDH detalló que registró denuncias, entre el 28 y 30 de julio, de “abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones”, violencia que derivó en la muerte por armas de fuego de al menos 23 personas, la mayoría hombre de entre 15 y 56 años de edad y, la mayoría, residentes de zonas populares del país.
Según información pública registrada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), 10 de las muertes serían atribuibles a fuerzas estatales: ocho a fuerzas militares y dos a la policía. Seis de las muertes serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado, e inclusive, están incorporados legalmente en el Sistema Popular de Protección para la Paz”, puntualizó.
Además, dos de los casos, según la CIDH, serían atribuibles a acciones conjuntas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales y explicó que en “cinco de los casos no se cuenta con información sobre el perfil de los presuntos responsables”.
Asimismo, la comisión dice haber recibido información sobre “un patrón de violaciones a la libertad personal”, con el registro, según organizaciones de sociedad civil entre el 28 de julio y el 13 de agosto, de al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas indígenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa.
Persecución y hostigamiento
La comisión cuestionó que los delitos imputados a las personas detenidas sean incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes.
Además, señaló que los procesos judiciales de los detenidos no han seguido garantías plenamente establecidas como el derecho a ser defendidas por su abogado de confianza o el de comunicarse con representantes cuando se trata de adolescentes.
También se refirió a la censura, restricciones a la libertad de expresión y al trabajo de periodistas y medios de comunicación y aseguró que “el régimen ha intensificado la represión en el ámbito digital, utilizando tecnología para perfilar, vigilar e intimidar a opositores y voces críticas. Se han documentado bloqueos de sitios web, redes sociales y plataformas de mensajería instantánea”.
De acuerdo a su registro, desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, “que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ‘instigación al odio’ y “terrorismo”, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”.
“La Relatoría Especial alerta que el despliegue de propaganda gubernamental y la desinformación son parte de una política estatal para criminalizar y reprimir las expresiones críticas. Esta censura afecta a toda la sociedad, desde líderes políticos hasta sectores populares que se han manifestado espontáneamente”, remarcó.
Además, la comisión manifestó su preocupación por medidas de represión contra defensores de derechos humanos y señaló que tiene información “sobre la anulación ilegal de pasaportes de al menos 36 personas defensoras, comunicadoras y sus familias”.
Estas son las peticiones puntuales:
- Restablecer de manera urgente el orden democrático y el Estado de Derecho, garantizar la independencia, el equilibrio de poderes y los derechos políticos de la población venezolana.
- Garantizar el acceso a la información pública electoral mediante la publicación de la totalidad de las actas de votación; permitir su escrutinio independiente y respetar la voluntad popular expresada en el voto, de conformidad con los estándares de derechos humanos.
- Ordenar a las fuerzas públicas a abstenerse del uso arbitrario de la fuerza.
- Garantizar que los grupos armados no estatales que actúan con su consentimiento, tolerancia o aquiescencia cesen la violencia de manera inmediata.
- Liberar, inmediatamente, a las personas detenidas de manera arbitraria.
- Prevenir, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos. Específicamente la desaparición forzada, incluso la de corta duración; así como los actos de tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluidos actos de violencia sexual.
- Respetar las garantías judiciales, incluidas medidas para asegurar el debido proceso y defensa técnica de confianza, así como garantías para niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- Cesar la criminalización, hostigamiento y persecución de personas defensoras de derechos humanos.
- Cesar de inmediato las acciones represivas dirigidas contra personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación.
- Suspender todas las estrategias de persecución digital y aquellas que emplean tecnologías para intimidar o silenciar a la población, en particular, personas defensoras de derechos humanos, disidentes, opositores políticos, testigos electorales, periodistas y medios de comunicación.
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