Tanto la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) como la Fiscalía de la Corte penal Internacional (CPI) dijeron estar alertas ante la situación de Venezuela tras las elecciones presidenciales.
Caracas. La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas (ONU) y la Fiscalía de la Corte penal Internacional (CPI) manifestaron este lunes, 12 agosto, que mantienen sus ojos puestos sobre la situación que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio que derivaron en protestas en rechazo a los resultados y en hechos de represión.
En comunicados de prensa ambas instancias se pronunciaron en torno a la crisis política y las protestas en Venezuela, desencadenadas tras los comicios, y que dejaron 25 personas fallecidas y más de 2000 detenidos, según datos oficiales.
Mientras que la oficina del fiscal de la CPI, Karim Kham, aseguró que se mantienen “monitoreando activamente los acontecimientos actuales”, la Misión de ONU pidió al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país”.
En respuesta, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó la actuación del fiscal de la CPI y lo acusó de parcializarse en conflictos internacionales.
“A ese señor le paga el sueldo los Estados Unidos, por eso jamás actuará contra los Estados Unidos, por eso jamás actuará contra Israel. (…) Que vaya a ver lo que está ocurriendo en Palestina”, dijo Cabello durante la rueda de prensa del partido este lunes.
Investigación exhaustiva
La Misión de Determinación de Hechos de Venezuela de ONU dijo que lleva un registro de 23 muertes durante las semanas posteriores a las elecciones, “la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas”.
En 18 casos, prosigue el escrito, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años. Concluye que hay al menos 1260 personas detenidas desde el 28 de julio, 160 mujeres entre ellas, y denuncia que fueron calificadas “de manera indiscriminada como ‘terroristas’”.
Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, solicitó Marta Valiñas, presidenta de la Misión, quien pidió justicia para los familiares.
Atención a los menores de edad
La misión manifestó su especial preocupación por las detenciones de “más de 100 niños, niñas y adolescentes, que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas”.
La instancia aseguró que los menores de edad detenidos no cuentan con presencia de tutores, representantes o sus pares durante las actuaciones judiciales.
Al respecto Francisco Cox, experto de la Misión citado en el escrito, indicó que “la Misión reclama con firmeza la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”.
El organismo señaló que las detenciones de los niños, niñas y adolescentes y del resto de las personas tienen “elementos comunes” que las convierten en detenciones arbitrarias, en las que tiene lugar “ graves violaciones al debido proceso”.
Apunta como estos elementos “audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por los tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, aunque los hechos hubieran ocurrido en otro lugar; la imputación de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin una base probatoria que lo fundamente o aplicados de forma desproporcionada”.
Asimismo, señala patrones como la negación de información a familiares o información tardía e incompleta o los impedimentos para el nombramiento de defensa privada.
Informes a la CPI
En una declaración escrita, la oficina del fiscal de la CPI, Karim Kham, señaló que siguen la situación en Venezuela y que la fiscalía “ha recibido múltiples informes sobre casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
La oficina insistió en que evalúan los informes que recibieron, así como otras informaciones disponibles sobre las protestas en Venezuela, y que mantienen activo su portal en línea para recibir cualquier información.
La Fiscalía de la CPI mantiene activa una investigación desde noviembre de 2021 por presuntos crímenes de lesa humanidad, relacionados con torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
Al respecto, esta oficina recordó que esa investigación prosigue y que se puso en contacto con el Gobierno venezolano “para subrayar la importancia de velar por el respeto del estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de las violaciones que puedan constituir crímenes” de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Lea también:
La censura se cierne sobre familiares de detenidos en el estado Carabobo
Participa en la conversación