¿Cuál es el mayor miedo de las organizaciones tras la aprobación de la ley anti-ONG?

Crónica Uno consultó a varias organizaciones venezolanas sobre el impacto que genera en la sociedad civil la aplicación de la ley anti-ONG, a la que solo le resta su promulgación en Gaceta Oficial para que pueda ser aplicada.

Caracas. La aprobación de la Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, mejor conocida como ley anti-ONG, ha despertado los temores de activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela que advirtieron que se trata de una norma regresiva que dificulta la libertad de asociación. 

El derecho a la asociación está consagrado en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, desde hace más de un año, cuando el Parlamento nacional emprendió la elaboración de este instrumento legal, no solo la sociedad civil venezolana se pronunció, sino que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, manifestaron la inconveniencia de aprobar esta norma.

Crónica.Uno consultó a dirigentes de organizaciones venezolanas que se desenvuelven en distintas áreas sobre los temores que genera en su labor y en los beneficiarios del trabajo de esas ONG la inminente aplicación de esta ley y estas fueron sus respuestas textuales:

¿Qué significa la aprobación de la Ley Anti-ONG?

Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia

Desde la perspectiva de Daniels, la ley anti-ONG lo que busca, así como ya ocurrió con los partidos políticos, es que haya una sociedad civil callada, mansa y cómplice.

“Lo que se busca es silenciar a las a las voces que tengan opiniones independientes, críticas y, sobre todo, las vinculadas a denuncias de derechos humanos”. 

El experto ve la sanción de la ley por parte de la mayoría chavista en el Poder Legislativo como una nueva fase  de la ola represiva que enfrenta el país. “Va a dificultar muchísimo el ejercicio de la libertad de asociación en general, no solo para las organizaciones de derechos humanos, sino para todas, en la medida en que pone una serie de obligaciones que dificultan en el ejercicio de la libertad de asociación”.

El abogado recordó que la ley, además, establece una serie de sanciones, algunas discrecionales, como el caso de la medida preventiva de suspensión que haría posible el cierre de una organización de manera indefinida. 

“Lo que busca es crear una sociedad civil a la medida, por lo que se van a legalizar solo aquellas organizaciones que no que el Gobierno no perciba como contrarias o críticas”.

Carlos Correa, director de Espacio Público

El periodista describió la ley como “profundamente regresiva que tiene una característica que es que prácticamente genera que todas las asociaciones civiles que hay en el país, de cualquier tipo y naturaleza, tengan que volver a registrarse y, después de cumplir con esos requisitos del registro, tiene que pasar por una aprobación de un ente regulador que es el Ministerio de Interior y Justicia”.

Además, la ley establece unas categorías que son muy genéricas en relación a la prohibición de algún tipo de categoría. Entonces, por ejemplo, si una organización de un grupo de personas considera que es importante promover el pensamiento liberal podría no ser registrada porque ya conforme a la ley es inaceptable que ese tipo de organizaciones existan en Venezuela.

Por otro lado, añade, somete a las organizaciones de toda la sociedad a reiniciar sus registros y tiene un impacto negativo muy fuerte en la vida asociativa del país porque, además, establece unos requisitos adicionales  que complejizan y dificultan más el trabajo de las distintas organizaciones de la sociedad civil.

Cristina Burelli, fundadora de SOS Orinoco

SOS Orinoco, desde que se fundó en el 2018, ha tomado las medidas necesarias para poder documentar y denunciar el ecocidio perpetrado por “el régimen ilegítimo y criminal de Nicolas Maduro”. Voceros de la ONG dijeron que se mantienen en alerta y muy conscientes de que este es un “régimen que no respeta ni la Constitución ni las leyes” de Venezuela. 

“Esta ley anti-ong es un abuso más de un régimen ilegítimo, para quien las leyes y los derechos de los ciudadanos no importan ni son respetados.  Es un ejemplo más de su carácter arbitrario y dictatorial”. 

Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap 

Esta ley sancionada representó una violación al derecho a la asociación que tienen todos los ciudadanos, puntualizó Trapani. 

La Constitución permite, ampara, reconoce la posibilidad que tienen los ciudadanos de asociarse con fines lícitos y esta ley representa un obstáculo importante para el ejercicio de este derecho.  Sobre todo porque no es clara, hay un alto margen de discrecionalidad y establece regulaciones con ambigüedad que reducen la seguridad jurídica y a discreción la aprobación o no, la existencia no, el alcance del funcionamiento de una organización.

Estas restricciones administrativas pueden tener un impacto muy negativo en los programas y en la capacidad de acción de las organizaciones, pueden limitar su alcance y eso, sin duda, va a repercutir en la población que se beneficia de estas actividades.

 En el caso de los niños que reciben atención psicológica, psiquiátrica, asesoría legal y acompañamiento educativo o programas especiales de formación para prevención de violencia, advirtió que “todas estas actividades se ven amenazadas, de implementarse la ley en los términos que están expuestos”.

¿Cuál es el mayor miedo de las organizaciones tras la aprobación de la Ley Anti-ONG?

Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal 

“Básicamente, que se nos impida seguir prestando apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la asistencia gratuita que nosotros les brindamos”, adelantó Himiob. 

El defensor de derechos humanos puso como ejemplo el contexto reciente de protestas tras la elección del 28 de julio pasado. “Si uno hace un perfil de las personas, por ejemplo, que han sido arrestadas desde el 29 de julio, hasta este momento en el contexto post electoral, la mayoría de estas personas, el 98% de ellas son muy humildes, de bajos recursos, no cuentan con los medios económicos para apoyarse en en defensores privados, de manera que este ataque estaría dejando desamparadas a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y a merced de los funcionarios del Gobierno”.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa

Para el periodista lo más preocupante es el estado de desprotección en el que quedarían las víctimas “en nuestro caso, los periodistas y los trabajadores de la prensa”. 

La Ley establece mecanismos dirigidos a inhabilitar a las organizaciones que promueven el ejercicio de los derechos humanos y que documentan y defienden a quienes son vulnerados en sus derechos.

Otro temor que manifestó Ruiz es la pérdida de la esperanza en la Justicia. “Sin organizaciones que representen y defiendan a las víctimas, la impunidad tenderá aún más a normalizarse”.

Finalmente, el activista también teme el aumento de la persecución y la judicialización contra las personas defensoras.

Organización por la defensa de los derechos LGBTIQ+

Como organizaciones de la sociedad civil la llamada ley antisociedad, coinciden, los deja “desprotegidos y a merced de la homofobia de Estado justificada a través de una ley inconstitucional” y en contra del derecho a la asociación y participación cívica.

“Las poblaciones LGBTIQ+ enfrentamos diversos desafíos en Venezuela: los discursos de odio por parte de los funcionarios y la ausencia de protección por parte de las instituciones, la criminalización de la comunidad, ausencia de derechos, etc. Por lo cual, el único espacio seguro que estas han tenido somos las organizaciones que luchamos por sus derechos”. 

Los activistas enfatizaron en que “la confianza de las poblaciones LGBTIQ+ están depositadas en nosotras, con su información, necesidades e incluso con sus expresiones de socorro frente a un sistema que discrimina, excluye, violenta y no da respuesta a lo que esta comunidad exige para su bienestar” .

Por eso, consideran que esta ley le da autoridad al Estado y a sus funcionarios la facultad de actuar de manera discrecional para escoger, evaluar, intervenir y desarticular a organizaciones civiles. Lo que califican como injustificable.

«Esto es una bomba de tiempo para quienes hemos estado siendo un muro de contención entre la homofobia del Estado y las personas de nuestra comunidad”.

A juicio, el daño que esta ley va a ocasionar es enorme. “No sólo estaríamos reduciendo de forma más asfixiante el espacio cívico, sino que estaríamos desprotegiendo a nuestras poblaciones y entregando su información personal y privada a quienes sabemos la utilizarían para profundizar acciones que detrimenten su dignidad”. 

Sin embargo, insisten en que seguirán en resistencia, a través de su labor, sin exponerse  pero sin abandonar a quienes les necesitan. 

Lea también:

AN aprueba ley anti-ONG con la que impondrá más trabas al activismo independiente