Espacio Público documentó al menos 18 casos de pasaportes anulados hasta la fecha, pero podrían ser más. La CIDH tiene información sobre la anulación ilegal de pasaportes de al menos 36 personas, entre ellos, defensores, comunicadores y sus familias.
Caracas. Durante los gobiernos de Nicolás Maduro la práctica de anular pasaportes comenzó a partir del año 2017. Esta ha sido una forma de represalia contra figuras del ámbito político y personalidades de los medios de comunicación.
En principio, se consideró una acción puntual. Ahora, en 2024, después de la elección presidencial, se volvió frecuente y se sumaron más perfiles a las víctimas.
Los primeros casos registrados son los del dirigente político, Henrique Capriles Radonski y del escritor y periodista, César Miguel Rondón, los cuales se remontan a 2017. Mientras que el del periodista, Nelson Bocaranda, ocurrió en 2018.
Para Lexys Rendón, activista de derechos humanos y coordinadora del Laboratorio de Paz, el hecho de que la anulación de estos primeros pasaportes, haya sido algo “puntual”, no lo hacía “menos preocupante”.
Esto afecta el derecho a la identidad, a la nacionalidad y el libre tránsito. A partir de este año, comenzamos a identificar personas defensoras y comunicadores a quienes se les imposibilita acceder a su cuenta en el SAIME y luego conocieron de la suspensión del mismo”, añadió Rendon.
Denuncias recientes
Las denuncias de pasaportes anulados, mucho antes de su fecha de vencimiento, comenzaron a comienzos del mes de agosto, días después de la elección presidencial del 28 de julio.
Horas después del resultado que dio el Consejo Nacional Electoral, los focos de protestas comenzaron a surgir en gran parte del territorio nacional. Por estos hechos hay más de 2000 personas detenidas, según cifras oficiales.
“Se están registrando un mayor número de casos en menos tiempo, lo que lo hace mucho más visible”, describió Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, sobre la anulación de pasaportes, práctica que forma parte del patrón represivo actual en Venezuela.
La represión también incluye detenciones arbitrarias, persecución de opositores, bloqueo de redes sociales, entre otras prácticas.
Cuántos casos van
Hasta la fecha, Espacio Público ha documentado al menos 18 casos de pasaportes anulados, pero podrían ser más. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información sobre la anulación ilegal de pasaportes de al menos 36 personas, entre ellos, defensores, comunicadores y sus familias.
Los perfiles que mayoritariamente hemos identificado son defensores de derechos humanos, personas que tienen mucha visibilidad, personas que vinieron a votar y personas que están fuera del país. En el caso de periodistas, nosotros habíamos documentado casos previos. Es la primera vez que tenemos tantos casos de defensores con pasaportes anulados”, añadió Correa.
Qué dijo la CIDH
La CIDH a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se refirió a este tipo de acciones como “prácticas de violencia institucional” en el contexto postelectoral y dijo estar “preocupada” por las detenciones arbitrarias, hostigamientos, limitaciones a la libertad de locomoción y restricciones ilegítimas a la libertad de asociación en Venezuela.
En su informe, también mencionó el caso del defensor de derechos humanos de las personas LGBTI, Yendri Velásquez, quien fue detenido arbitrariamente y cuyo pasaporte fue anulado cuando se disponía a realizar un viaje para participar ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
“Mecanismos blandos”
En 2023, la La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de la ONU determinó que el Estado venezolano utiliza mecanismo “blandos y duros” para silenciar.
En conjunto, estos dos tipos de mecanismos, ‘duros’ y ‘blandos’, conforman un aparato represivo del Estado usado con distintos niveles de intensidad, dependiendo de la naturaleza y la fortaleza de la disidencia social (…) esto muestra la capacidad y adaptación del Estado para sofocar la crítica”, afirmó Francisco Cox Vidal, experto de la misión, en el momento de la presentación.
Para Rendón el patrón es que, a la fecha, no hay denuncias de personas vinculadas al oficialismo que hayan denunciado este hecho. “Creemos que responde a la política represiva expresada por la Misión de Determinación de Hechos Sobre Venezuela, de mecanismos blandos. Que son violaciones a los derechos humanos que crean un estado de control, vigilancia y miedo permanente”, añadió.
Queremos alertar a las personas, que en el ejercicio de sus derechos, tomen todas las precauciones para minimizar la posibilidad de retenciones ilegales y arbitrarias. Lamentablemente el Estado está aplicando prácticas muy preocupantes que deben cesar, ser revertidas y corregidas en lo inmediato. La anulación de pasaportes, como medida de represalia contra disidencias políticas y sociales, ha sido una práctica en espacios cívicos cerrados como Nicaragua. Lamentablemente hoy en Venezuela”, expresó Rendón.
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