La ONG Acceso a la Justicia presentó su informe anual, en el que concluyó que en el “2023 e profundizó el cerco al espacio cívico en Venezuela” con el uso de “técnicas más selectivas” de persecución que apuntaron a líderes sociales y sindicales.
Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro empleó durante el año 2023 “técnicas más selectivas de persecución” al extender estas acciones, más allá de organizaciones y activistas políticos, a otros segmentos de la sociedad como organizaciones sindicales, civiles y campesinas, afirmó la ONG Acceso a la Justicia en su informe anual en el que sostiene que el año pasado “se profundizó el cerco cívico”.
El documento, presentado en línea por la directiva de la organización, coincide con lo concluido en el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de Naciones Unidas, en el que se asegura que el año pasado se mantuvo la persecución contra la disidencia.
“El espacio cívico pasó de restringido a considerarse cerrado, según la metodología de la ONG Civicus”, aseguró Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia.
“En Venezuela, a medida que aumenta la conflictividad social y laboral también lo hace la represión gubernamental contra los trabajadores y sus representantes. Así, en 2023, se registraron 6956 protestas, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS). 6 de cada 10 acciones de calle que se produjeron en el país en 2023 tuvieron como propósito demandar mejoras salariales o el cumplimiento de los contratos colectivos, apuntó la organización, cifra que representa un aumento de 59 % con respecto a 2022”, reseñó Acceso a la Justicia.
Cerco a la sociedad civil
Acceso a la Justicia manifestó su preocupación por el “cerco al espacio cívico” que, considera, se instauró en Venezuela con énfasis desde el 2023 a través de acciones como la presentación y aprobación, en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN), del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, también conocida como “Ley Antisociedad”.
“En la Ley Antisociedad se impone como obligación del Estado el “seguimiento y control” de las organizaciones pero no así su defensa. Nada dice sobre los problemas actuales de las organizaciones”, explicó Daniels.
En este #Hilo resumimos las ponencias de nuestros directores, @lauralouzas y @alijdaniels en la presentación del #InformeAnualAJ2023, «En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano» pic.twitter.com/hGb26FDVMi
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) July 11, 2024
El abogado recalcó que en esta propuesta de ley, que aún está en discusión, se menosprecia la figura de asociaciones y se violenta la autonomía de las organizaciones, en tanto se establecen medidas que incluyen hasta la anulación de las organizaciones, sin requerimientos claros o lapsos de incumplimiento establecidos con claridad.
A juicio de la ONG, este tipo de acciones legales y la “represión selectiva” intentan sostener una función aleccionadora del Gobierno contra segmentos específicos de la sociedad, a partir de que se manifiesten públicamente en contra de las políticas del Estado.
Ejemplo de ello, según Acceso a la Justicia, es la condena contra líderes sindicales o el apresamiento de campesinos, como los dos recluidos en junio de 2023, luego de que protestaron a través de sus redes sociales por la escasez de combustible que los afectaba en la distribución de sus cosechas.
“El 1 de agosto el país se conmocionó al conocer que los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín fueron sentenciados a pasar 16 años tras las rejas. La condena impuesta se fundó en el testimonio de un denunciante que no compareció al juicio y por supuestos elementos incriminatorios en unas capturas de pantalla en conversaciones de WhatsApp”, recordó la ONG.
Ataques a las libertades
En su informe anual, Acceso a la Justicia confirmó que a los ataques a la libertad de asociación se unieron a los que acontecieron durante 2023 contra la libertad de expresión y los hostigamientos contra líderes de distinta índole y defensores de derechos humanos.
“Se verificaron más ataques contra la libertad de expresión, en especial contra los medios de comunicación, tras el cierre de 12 emisoras de radio, algunas avaladas por medio de decisión del Tribunal Supremo de Justicia, así como el bloqueo de páginas web”, detalló el escrito.
Se destacó, además, que durante 2023 el TSJ también violó la libertad de asociación a través de sentencias que concretan la intervención de partidos políticos, organizaciones sindicales y civiles.
En este contexto, Acceso a la Justicia criticó también que muchas de las decisiones emitidas por el máximo tribunal del país no sean conocidas o publicadas ampliamente, salvo las fichas de presentación que se exponen en el portal web del TSJ.
“Elecciones a medida”
Además, el informe se refiere al contexto preelectoral que marcó los acontecimientos del año pasado y aseguró que “la represión judicial durante el año 2023 se enfiló en adelantar escenarios favorables al partido de Gobierno para las elecciones presidenciales de 2024”.
La organización cita, en este contexto, el uso de inhabilitaciones políticas que tilda de “inconstitucionales”, la intervención de partidos políticos y lo que considera una “alineación” del Poder Judicial “a las directrices político partidistas que han minado la integridad electoral durante años”.
Destacó la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral en ejercicio, quienes, a juicio de esta ONG, fueron seleccionados en un proceso que careció de transparencia.
“En ningún momento se informó sobre los criterios, la metodología o el baremo utilizados para calificar a los aspirantes. Tampoco fueron publicadas a tiempo las distintas listas de candidatos”, dijo la ONG.
A esto, prosigue el escrito, se añade que, en una etapa preelectoral, el Gobierno haya iniciado campañas de estigmatización y hostigamiento contra personas sexodiversas “con el objetivo de ganar simpatías en grupos conservadores afectos al chavismo”.
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