Prissila Solórzano, activista trans, afirmó que Venezuela está rezagada en materia de derechos humanos para la población LGBTIQ+ por las inacciones del Estado frente a los actos de violencias ocurridos en el país.
Caracas. En Venezuela se registraron 461 casos de violencia y discriminación contra la población de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersex y queer (LGBTIQ+) durante el 2023.
De este número, más de la mitad fueron discursos discriminatorios, es decir, 235 casos documentados por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ (OVV LGBTIQ+).
Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, una fecha promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2004. A propósito de esta fecha, el OVV LGBTIQ+ dio a conocer su informe anual sobre los hechos de violencia y discriminación hacia personas LGBTIQ+.
Durante 2023, hubo al menos 573 agresores. El estudio corroboró que 46 % de los promotores de discursos de odio contra las personas LGBTIQ+ eran personas de influencia o en situación de poder dentro del Estado.
“El poder de algunas personas facilita que se materialicen distintas formas de violencia y discriminación. Eso se ve reflejado en los casos de discursos discriminatorios que fueron realizados por personas antiderechos”, afirmó, Yendri Velásquez, activista por los derechos de las personas LGBTIQ+.
Velásquez enfatizó en que el aumento de los discursos discriminatorios, basados en prejuicios, se da en el contexto de una alianza con grupos evangélicos, enmarcados en el momento electoral en el que está el país. “Debido a esa alianza, creemos que los discursos aumenten su intensidad y nivel de agresividad en contra de las personas LGBTIQ+”.
Asimismo, detalló que 12,80 % de los funcionarios del Estado también han realizado actos discriminatorios y revictimizan a las personas LGBTIQ+ al momento que se acercan a las instituciones a denunciar, lo que ha generado que la población sienta miedo.
“Para que se puedan realizar denuncias efectivas, los funcionarios del Estado deben detener sus narrativas discriminatorias en contra de las personas LGBTIQ+”, sostuvo Velásquez.
Impunidad y discriminación
Prissila Solórzano, activista trans, denunció que Venezuela se mantiene rezagada en América en materia de derechos humanos para la población LGBTIQ+, debido a la inacción del Estado frente al contexto de impunidad, violencia y discriminación que viven las personas de este segmento de la población.
“Las organizaciones civiles han intentado promover la creación de políticas públicas y leyes, pero estas iniciativas han sido frenadas por grupos antiderechos dentro del Estado. Por ejemplo, durante 2023 se discutió un proyecto de ley contra todo tipo de discriminación en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el proceso no avanzó luego de la etapa de discusión pública”, destacó Solórzano.
La activista detalló que la ausencia de iniciativas y políticas públicas ha traído como consecuencia más discriminación y estigmatización, lo que ha dado como resultado violencia verbal y física. “Hemos visto cómo personas en situación de influencia de poder han venido emitiendo discursos discriminatorios a través de las redes sociales y otros espacios”.
Solórzano aseveró que las personas trans, de género no binario e intersex venezolanas se mantienen como las más vulnerables e invisibilizadas.
“Es una de las demostraciones más claras de la política de transfobia del Estado que se ejecuta en Venezuela, una política que se ejecuta a través de la acción y la omisión”.
Más vulneraciones
Velásquez indicó que las personas LGBTIQ+ en Venezuela son víctimas de actos violentos, discriminatorios y discursos de odio, sin cambios en el último año. Esto impide que las personas LGBTIQ+ vivan de manera digna y en condiciones de igualdad.
Agregó que los hechos de violencia y discriminación son los principales obstáculos que viven las personas LGBTIQ+. Esto ha hecho que la mayoría no pueda acceder de manera plena a sus derechos, gozarlos y disfrutarlos.
“El hecho de vivir sin un Estado de derecho, con ausencia de democracia y en medio de una emergencia humanitaria compleja, genera que las personas LGBTIQ profundicen aún más sus obstáculos y no rompan los ciclos de pobreza”, puntualizó.
El rol del Estado
El activista señaló que ante los discursos discriminatorios y actos de violencia, el Estado debe asumir un rol integral porque ellos son los responsables de prevenir que los hechos discriminatorios sucedan.
“También de generar medidas que puedan garantizar justicia y reparación a quienes ya han sido víctimas de estas violencias y de estas discriminaciones. Al final es un rol de garantía de derechos humanos en su generalidad”.
Velásquez recordó que el Estado venezolano ha firmado pactos internacionales que promueven la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas en general, incluyendo a las personas LGBTIQ+.
Asimismo, detalló que el Estado debe dejar de ser promotores de discursos antiderechos y producir revictimización en las personas LGBTIQ+.“También debe crear campañas de concientización y que hagan un llamado a la inclusión y respeto hacia las personas LGBTIQ+ a través de los distintos canales de difusión como lo son radio, televisión y medios comunitarios”.
Recomendaciones
Para la activista Solórzano, los distintos sectores de la sociedad son una parte importante para prevenir y atender los casos de violencia y discriminación. Pero, sobre todo, son claves para lograr cambios estructurales y lograr la igualdad de derechos.
“Para ella deben realizarse campañas informativas, formaciones en comunidades, capacitaciones en donde se eduque a la población sobre la diversidad y la empatía”, aseguro.
Ambos hicieron un llamado a los medios de comunicación a formarse y educarse en materias de derechos LGBTIQ+ para que la información que reciban las audiencias no llegue sesgada y tampoco se reproduzca desinformación sobre esta parte de la población.
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