Los familiares de los adolescentes detenidos en la Entidad de Atención de Coche, luego de las manifestaciones poselectorales, manifiestan su preocupación por la calidad de la comida que reciben. Muchos de ellos están enfermos del estómago y tienen fiebre.
Caracas. Sobre sus manos temblorosas José* carga dos envases transparentes con restos de una pasta, que llevó para compartir con su hijo Andrés*, recluido en la Entidad de Atención de Coche, en donde hay adolescentes en conflicto con la ley del sexo masculino.
Casi no puede hablar y, aunque sus ojos enrojecidos intentan contener las lágrimas, se sienta a llorar en un banco en una plaza que está afuera del lugar, mientras mira la fotografía de su hijo en una copia en blanco y negro de su cédula.
Para el padre del adolescente, de 16 años, la peor parte de la visita es cuando debe despedirse de su hijo, detenido desde el lunes, 29 de julio, mientras iba a casa de su papá. Ese día se desarrollaron protestas en Caracas, por los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro.
Ana*, madre de Andrés, manifiesta que le tranquiliza que su hijo esté en mejores condiciones que cuando estaba en la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta, conocida como la antigua zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
Sin embargo, para poder ver al adolescente durante tres horas, por dos veces a la semana, tuvo que abandonar su trabajo.
“Todas las que estamos aquí perdimos nuestro empleo. Nos dijeron que no podían esperar por nuestro proceso. No lo entendieron y llegó un momento en el que no entendieron tantas faltas”, asegura Ana, mientras observa al grupo que asiste todos los martes y viernes a ver a sus hijos.
Las madres a su alrededor dan fe de ello. Aseguran que, pese a la empatía, no les resultaba rentable. Otras, que trabajan en empleos cuyo pago es por horas, ahora ganan menos dinero.
“Nosotras como mamás preferimos quedarnos sin trabajo porque tenemos que solventar este problema de nuestros hijos. Si nosotras no nos movemos, nadie más lo hará”, sostiene.
Una renta
Bárbara* solo puso su nombre cuando llenó la documentación en la que pedían el nombre de los dos representantes que podían entrar a la visita.
Su esposo y padre de Román*, un estudiante de 16 años detenido desde el lunes, 29 de julio, también quería ir para las visitas, pero por la necesidad económica ella le dijo que no.
“Él quería venir, pero yo le dije que no. Yo ya perdí mi empleo y él no puede perder el suyo. No podemos darnos ese lujo. Esto es como una renta y uno de los dos tiene que mantener su trabajo”.
Además de comprar la vestimenta de su hijo, que consta de tres franelas con distintas tonalidades de azul, medias blancas largas, mono azul marino, short y cholas tipo crocs negras sin ningún tipo de sello; el gasto de pasajes, la preparación de comida y el agua que debe llevarle se volvió “una renta”.
En su caso, semanalmente gasta alrededor de 140 bolívares, por los gastos de pasaje y la recarga de los dos botellones de cinco litros de agua, cuyo costo es 15 bolívares, para darle a su hijo los días de visita.
“Tenemos que darles el agua porque dicen que si toman agua de ahí se pueden enfermar”, indica Bárbara.
La calidad del agua no es la única preocupación de los familiares de los detenidos en la Entidad de Atención de Coche, sino también la alimentación que sus hijos reciben. Denuncian que, presuntamente, tiene gorgojos y gusanos.
Detenidos bajo engaño
Bárbara lamenta que su hijo esté allí debido a que, a pesar de que él sí estaba en la manifestación, no estaba haciendo nada malo.
“Él se fue hasta Altamira. Cuando vio que la cosa se empezó a poner fea trató de buscar un lugar en el que estuviera a salvo. En ese momento unos guardias lo llamaron, le dijeron que él era menor de edad y lo iban a proteger. En realidad lo que estaban era engañándolo para llevárselo”, dice.
La mayoría de los detenidos han sido señalados como “guarimberos” y “terroristas”, lo que significa una vulneración a su derecho a ser considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, como lo señala el artículo 49 de la Constitución.
También fueron aislados e incomunicados al momento de su detención y durante una semana luego de los traslados.
Durante una asesoría orientada hacia familiares de detenidos en el marco de las protestas poselectorales, en rechazo de los resultados ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron a Nicolás Maduro como ganador, el Foro Penal Venezolano recordó que esto es inconstitucional debido a que en el Código Penitenciario dice que la persona recluida tiene derecho a comunicarse de forma oral o escrita con otras personas, salvo que haya razones de seguridad que lo impidan.
Comida con gusanos
Hasta tres veces por día los adolescentes detenidos en la Entidad de Atención de Coche consumen granos.
“De almuerzo comen puro arroz con granos, de desayuno arepa con mortadela o granos y en su última comida también. Mi hijo me dijo que la comida tiene bichitos (gorgojos)”, resalta una madre.
Crónica Uno consultó a seis madres quienes denunciaron que sus hijos les dijeron que la comida, presuntamente, tiene gusanos y que por eso se enferman del estómago.
“Hay un chamito que no quiere comer. Le dijimos que lo hiciera porque sino iba a ser peor. Nosotras estamos preocupadas porque ya hay seis con fiebre”, cuenta una de ellas.
En la asesoría de las organizaciones Foro Penal, Provea y Civilis, el pasado jueves, 15 de agosto en la sede la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, familiares de hombres y mujeres detenidas en centros penitenciarios como Yare y La Crisálida denunciaron que a sus familiares también les dan comida en mal estado y con gusanos.
Proceso tardío
Para algunas resulta tranquilizador que ahora sus hijos estén en Coche, en donde a diferencia de la PNB en Boleíta, tienen la oportunidad de ver la luz del día, salir a jugar básquet, por lo menos una vez al día y con celdas que tienen ventilación.
En las celdas, cuyo número no pasa de cuatro personas, comparten con adolescentes capturados por los operativos poselectorales llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad del Estado. No comparten espacios con lo que están por delincuencia común.
Sus madres y padres ven como “una injusticia” que sus hijos estén allí, ya que su único “delito” fue participar en manifestaciones pacíficas, lo que es un derecho, o enviar y tener material audiovisual relacionado con las protestas ocurridas en la semana posterior a las elecciones del 28 de julio.
Hasta ahora, la defensa privada, lo que es un derecho, no ha sido una opción para ellos y lo que iba a llevar un proceso de averiguaciones de 10 días, ya casi se convierten en un mes sin tener libertad para esos que fueron detenidos desde el lunes, 29 de julio.
Hasta el domingo, 18 de agosto, Foro Penal verificó un total de 1503 personas detenidas, de las cuales 129 son adolescentes.
(*) Se modificaron los nombres por medidas de protección a los detenidos y sus familiares.
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