Las leyes del país no amparan la situación de víctimas que han sido arrolladas y tienen que afrontar gastos médicos, manutención y pago de estacionamiento si les retienen el vehículo. Un tachirense cuenta lo que le ha tocado padecer desde hace más de siete meses a él y a su familia.
San Cristóbal. A José Marcelo Medina Lumbana, de 39 años, la vida le cambió la noche del 16 de septiembre de 2023, cuando un carro que viajaba a toda velocidad lo arrolló en la Troncal 5, mientras se dirigía en su motocicleta a su hogar, en el municipio Torbes.
Medina, quien laboraba en una empresa textil en la ciudad de San Cristóbal, relató que eran cerca de las 7:30 p. m. cuando ocurrió la tragedia, que lo dejó con múltiples laceraciones y fracturas que le impiden caminar hoy día.
Él retornaba aquel sábado junto a una compañera de trabajo, a quien por costumbre le “daba la cola”; sin embargo, en el sector El Cucharo, una camioneta los embistió. La conducía el ciudadano Yilbert Ramírez bajo los efectos del alcohol.
“Esta persona pasó la alcabala sin detenerse, luego pasó al carril contrario y comenzó a manejar en zigzag. Tras esto me golpeó e intentó darse a la fuga, pero metros más adelante se estrelló contra un muro en una estación de servicio”, expresó.
La odisea de la víctima
Medina y su amiga fueron auxiliados por funcionarios de Protección Civil Táchira. Los trasladaron en una ambulancia hasta el Hospital Central de San Cristóbal, donde un equipo médico no le daba esperanza de vida por las heridas que tenía.
Mencionó que si bien estuvo consciente, tiene pocos recuerdos de las primeras 72 horas, a tal punto que sufrió algunos ataques de ira de los cuales poco recuerda. Incluso en ocasiones intentaron someterlo en la camilla, pero era difícil por la fuerza que tenía.
A un médico lo golpeé, rompí varios lazos que me pusieron, y tres yesos. No me podían anestesiar y, por ende, desconocían si tenía un órgano perforado”, dijo.
El motorizado sufrió fractura de fémur abierta y del acetábulo, también de la rodilla nivel III y de la tibia. Asimismo, cinco costillas fisuradas, fractura en radio de la muñeca y fractura en filamentos, lo que lo dejó dos meses en cama sin ningún tipo de movilidad.
Su primera cirugía fue de la cadera, y luego de pierna, esto le permitió volver a sentarse.
Pero no todo acaba allí, ya que desde que sucedió el accidente ha tenido que correr con una serie de gastos que superan los 5000 dólares. Los han podido suplir gracias a la providencia de algunos familiares y vecinos, pues el responsable del accidente no ha cumplido con ello.
A Medina le implantaron más de dos platinas en el cuerpo que costaron más de 500 dólares. Ha tenido que cubrir sus gastos médicos en cuanto a consultas o medicamentos.
Si bien es necesario realizar algunas terapias para recuperar la movilidad en piernas y manos, no las ha podido llevar a cabo debido al alto costo y el traslado. El único vehículo que poseía era la motocicleta involucrada en el accidente.
Medina es la cabeza de hogar. Tiene dos hijos, que por ahora no estudian debido a que la madre no puede llevarlos a la escuela por la atención que debe darle a su esposo.
No hay respuesta
La denuncia se realizó ante la Fiscalía Séptima del Ministerio Público. La moto de la víctima todavía está bajo la custodia de las autoridades, porque no se ha desarrollado un juicio. Al parecer por la falta de juez de control 2.
“Esto hace que se sigan sumando días en estacionamiento que si no cancelamos en dólares, no nos van a dar la moto, por lo que es injusto que nosotros siendo las víctimas, no nos den respuesta por parte del victimario Yilbert Ramírez”, expresó.
Yudith Bolaños, esposa de José Marcelo Medina, manifestó que en varias ocasiones ha acudido a la fiscalía para exigir celeridad ante el caso, pero no hay funcionario que se aboque a solucionar el problema.
“Voy a fiscalía y me mandan a tribunales, y viceversa. Solo me dicen que el caso de él está en suspensión y que hay que seguir yendo. Yo no tengo los recursos para poder trasladarme, pues debo cuidar a mi esposo, ya que no tengo quién me ayude con él”, agregó.
La sumatoria de las facturas de los insumos gastados en Medina superan los 5000 dólares. Y los que se han comprado sin factura van por más de 3000 dólares.
Negligencia en leyes
El abogado Carlos Duque señaló que en Venezuela la responsabilidad de los conductores en un accidente de tránsito es, por lo general, clasificada de negligencia. Y en el extremo más radical de involuntaria. Nunca se aduce que el conductor cometió dolo en el momento en que se generó la incidencia.
El dolo, que sería la voluntad intencional de cometer un delito, en la mayoría de los casos no es una indicación por la cual se denuncia en un accidente de tránsito, pese a que los testigos hayan constatado exceso de velocidad, imprudencia y conducción bajo los efectos del alcohol.
La mayoría de los casos que llegan a los tribunales se consideran siempre y cuando se agilicen los procesos a través de juristas privados. Tal como ocurre con los homicidios culposos, cuando la pérdida de vidas es una realidad. Sin embargo, en el caso de los heridos de gravedad con afectaciones de salud son simplemente retrasados hasta ser olvidados.
Destacó que no quiere decir que la justicia no accione de manera oportuna, sino que en el ordenamiento jurídico no hay una normativa que exija, señale y responsabilice los accidentes de tránsito de manera que los afectados pueden ser resarcidos en atenciones médicas. O pagos económicos para su manutención vitalicia, en casos en los que los daños condenan a la víctima a una silla de ruedas o la postran a una cama de por vida.
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