Desde Ciudad Bolívar, Camelia Guerrero, docente y secretaria general del Sindicato Unitario de Magisterio, lamenta que el Gobierno niegue aumento de salario a los trabajadores del país y que por el contrario, propicie una política “hambreadora y exterminadora” de los beneficios de los trabajadores.
Caracas. “Indignante y frustrante”, así califica Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el último anuncio en el que, por segundo año consecutivo, los trabajadores se quedaron a la espera de un incremento salarial.
El pasado 1° de mayo, los trabajadores de distintos sectores de la administación pública esperaban que el sueldo mínimo llegara a los $200. No obstante, este se mantuvo en 130 bolívares, monto que permanece sin cambios desde el 15 de marzo de 2022, lo que representa 3,56 dólares, según la tasa actual del Banco Central de Venezuela (BCV).
Márquez explica que la expectativa del monto se debe a los planteamientos de las centrales obreras que participan en la mesa técnica fijada desde 2023 conformada por delegados del gobierno, trabajadores de distintos sectores y empresarios que, con presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), discutían el aumento salarial.
“No hubo aumento salarial, no se movieron las tablas, no salió en Gaceta (Oficial) y todo el mundo está confundido”, afirma la docente quien lamenta que las peticiones de los trabajadores, quienes arrancaron el 2024 entre protestas y reclamos, no hayan sido escuchadas.
Entre las peticiones del gremio docente también está que se retome la discusión de la convención colectiva, en donde uno de los temas a tratar, es el sueldo que devengan los docentes por su labor.
Salario mínimo integral
En el anuncio del pasado 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, el mandatario Nicolás Maduro anunció lo que los trabajadores públicos llaman “bonificación salarial”:
- El bono de guerra económica se incrementó de $60 a $80
- El monto del bono de alimentación, o cestaticket se mantuvo en $40.
- El salario mínimo en Bs. 130.
“Todos sabemos que los bonos violan el contrato colectivo y afecta al trabajador, porque no tienen incidencia ni en vacaciones, ni prestaciones sociales. Por lo que este año los maestros van a cobrar un pírrico bono vacacional”, expone la principal vocera de la FVM.
Desde Ciudad Bolívar, Camelia Guerrero, docente y secretaria general del Sindicato Unitario de Magisterio, lamenta que el Gobierno niegue el incremento salarial a los trabajadores del país.
“Los trabajadores nos sentimos burlados por el Gobierno cuando decide desaparecer el salario mínimo de los trabajadores con el monto establecido desde marzo de 2022”, manifestó Guerrero, quien agregó que dicha decisión incide de forma negativa en las prestaciones sociales de los docentes al momento de ser jubilados.
A su juicio, el Gobierno ha propiciado una “política hambreadora y exterminadora” de los beneficios de los trabajadores.
La maestra indica que en Ciudad Bolívar, muchas familias obligadas a la situación y la falta de empleo, llevan a sus familias a las zonas mineras.
“Acá las casas están prácticamente solas porque la gente se va a las minas a buscar el sustento familiar”. Añade que la deserción escolar en el estado Bolívar por esta situación es “crítica”.
A través de un informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH UCAB), publicado en octubre de 2023, se dio a conocer que más de 1300 niños se encuentran fuera del sistema educativo debido a su migración hacia las zonas mineras (Guasipati, El Callao, Tumeremo, Las Claritas, El Dorado y el Km 88) del estado Bolívar.
Más vulnerables
“Queremos un salario que nos permita tener una mejor calidad de vida. Esperábamos que el Gobierno reconsiderara sus políticas que van dirigidas al exterminio de un sector tan grande de la población venezolana, como lo son los jubilados y pensionados”, expresó Dorkis Muñoz, pensionada del Metro de Caracas y perteneciente a la Coalición Sindical de Trabajadores.
La trabajadora critica que las peticiones de los trabajadores sean ignoradas e insiste en que las calles no pueden dejarse porque son la “vía de reclamo natural”.
Muñoz cuenta que lo que percibe mensualmente no le alcanza para sus gastos mínimos.
“Soy paciente con enfermedades crónicas. No me alcanza para cubrir gastos como condominio, gas, internet, o pasajes que han sido incrementados y que seguirán incrementándose. Tampoco zapatos, vestimenta, así que o compras ropa o el losartán”, dice.
En ese sentido, subraya que los transportistas no suelen respetar los montos que deben cancelar los adultos mayores, por lo que usualmente deben pelear por este derecho.
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