Carabobo es el estado con mayor cantidad de personas detenidas luego de los comicios del 28 de julio, superado por el Distrito Capital, y seguido por Anzoátegui, Miranda y Zulia.
Valencia. La represión y las detenciones arbitrarias que ha habido en el país tras la jornada electoral del 28 de julio han tocado con fuerza la entidad carabobeña. La ONG Foro Penal, capítulo Carabobo, afirmó a través de su director, Luis Armando Betancourt, que en este estado hay 197 personas a las que se les violaron sus derechos.
Entre estos destacan: derecho a la libertad, a la libre expresión, la presunción de inocencia, solo por mencionar algunos.
Betancourt dio esta información al salir de la Defensoría del Pueblo. Hay que destacar que la institución le prohibió que se tomaran fotos frente a la oficina y mucho menos dar declaraciones en las cercanías. “Es un nuevo delito”, comentó.
La cifra de 197 se desprende de un número de 1263 detenidos. Entre ellos hay 114 menores de edad, cinco de comunidades indígenas, y políticos como Williams Dávila, detenido el pasado 8 de agosto, o Freddy Superlano.
Carabobo es la entidad con mayor número de detenciones, superado por el Distrito Capital, y seguido por los estados Anzoátegui, Miranda y Zulia.
Espera en silencio
En su mayoría, dijo Betancourt, a los detenidos se les acusa de terrorismo, instigación al odio o traición a la patria. Estos crímenes han estado vinculados en su mayoría a miembros de la oposición que declaran su rechazo al gobierno.
Las detenciones son producto del descontento masivo que se generó tras la jornada comicial. El Poder Electoral dio por vencedor a Nicolás Maduro, pero la oposición, liderada por María Corina Machado, exhibió en un portal web el 80 % de las actas que dieron como ganador a Edmundo González Urrutia.
Sobre los detenidos en Carabobo los familiares han mantenido hermetismo.
Tengo mis esperanzas puestas en que lo liberarán. No puedo decirte nada porque eso perjudicaría el proceso. Ya nos lo han dicho”.
Este testimonio se repite en los familiares de presos con mayor peso político, hasta aquellos que simplemente se encontraban en el sitio incorrecto en la hora incorrecta. La censura y la autocensura es la opción que tienen ante un resquicio de esperanza y libertad.
Tejada y Scarano
Uno de los casos que mas ha llamado la atención en Carabobo es el de Kennedy Tejada, uno de los abogados del Foro Penal, quien salió de su vivienda en el municipio Montalbán, en los valles altos de la región. Se dirigía al comando rural de la Guardia Nacional Bolivariana para obtener información sobre un aprehendido. Sin embargo, nunca volvió a su casa ese 2 de agosto.
Al no haber respuestas ni atender su celular saltaron las alarmas. El equipo de defensores del Foro Penal inició sus averiguaciones y descubrieron que Tejada había sido detenido y trasladado a la sede del Dgcim, ubicada en el municipio Valencia, a 60 kilómetros de distancia de su residencia.
De acuerdo con Luis Armando Betancourt, a Tejeda lo presentaron ante tribunales con competencia en terrorismo, ubicadas en Caracas. “Estas audiencias se hacen por vía telemática”. La organización desconoce qué delitos se le imputan.
Otro detenido es Vicente Scarano, hijo del exalcalde del municipio San Diego Enzo Scarano. Vicente se desempeña como diputado del Consejo Legislativo del estado Carabobo (CLEC). A su vez, se perfila como delfín de la familia Scarano como futuro alcalde del municipio San Diego.
Según información aportada por su madre, Rosa Brandonisio, quien fue alcaldesa del municipio, la detención ocurrió en horas de la noche luego que un comando con 12 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieran en la vivienda familiar.
Al parecer el objetivo era detener a Enzo Scarano quien ya había estado preso por causas políticas. Al no encontrar al exalcalde decidieron llevarse al hijo.
La detenida que no fue
Otros han tenido un poco más de suerte como Albany Colmenares, coordinadora política de Vente en Carabobo. La dirigente pudo escapar de la detención. “estaba bajo resguardo”.
No obstante, durante la madrugada del 30 de julio funcionarios sin identificación ingresaron a la vivienda de Colmenares portando armas largas. “Eran ocho personas, siete hombres y una mujer”.
Primero golpearon la reja y al vulnerarla pasaron al porche. Lo siguiente que hicieron fue golpear la puerta de madera hasta que la tumbaron. “Eso despertó a mi familia”, afirmó Colmenares.
Asustada, la madre de la política le dijo a los funcionarios que no tumbaran la puerta. “Yo les abro”. Sin embargo, reventaron la puerta. Luego empezó la violencia.
“Tumbaron al piso a mi papá, entraron a los cuartos, no sé qué estaban buscando. A mi hermana le quitaron su teléfono, se lo llevaron; se llevaron las cámaras de seguridad de mi casa. Mi abuela estaba muy nerviosa, tiene 90 años, ella y mi mamá son pacientes con cáncer que están en tratamiento y esto, por supuesto, les genera un estrés que pone en peligro su vida.
Colmenares indicó que lleva unos dos meses siendo víctima de persecuciones y acosos en su vivienda por parte del Sebin. Ante esta oleada de violencia, responsabilizó al gobernador Rafael Lacava y a la alcaldesa de Naguanagua, Ana González de todo lo que pueda ocurrirle a ella y a su familia.
Lea también:
“Operación tun tun”: una política de Estado para sembrar terror, advierten expertos
Participa en la conversación