En los últimos 10 años han tenido lugar irregularidades en torno a varios de los resultados electorales de comicios celebrados en Venezuela, bien sea por la no publicación de resultados por parte del CNE u otros hechos que han sido denunciados por fraudulentos y violatorios a la voluntad popular.
Caracas. Venezuela volvió a ser noticia en el mundo tras los resultados oficiales de un proceso electoral que tanto la oposición como varios gobiernos del mundo, y organizaciones, tildaron de fraudulento.
El anuncio y posterior proclamación de Nicolás Maduro como presidente para el período 2025-2031 puso en tela de juicio la transparencia del ente electoral venezolano, cuestionada por veedores internacionales como el Centro Carter, organización que declaró que no podía corroborar la autenticidad de los resultados, pues los comicios no cumplieron con estándares internacionales de integridad.
Resultados sin forma de comprobación
De los últimos 30 procesos electorales celebrados en Venezuela, en 27 el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo públicos los resultados de cada acta electoral, además de entregar bases de datos y permitir las auditorías en las áreas de telecomunicaciones y la correspondiente a la “verificación fase II”.
De acuerdo con datos del periodista especializado en la fuente electoral Eugenio Martínez, solo en tres no se cumplió con estos parámetros. Se trata de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, en el referendo consultivo sobre el Esequibo, celebrado en diciembre de 2023, y en las presidenciales del pasado 28 de julio.
Son procesos electorales en los que la ciudadanía no ha podido corroborar lo dicho por las autoridades electorales con los documentos que prueban los resultados emitidos, y las auditorías que confirman su transparencia.
Comicios marcados por la irregularidad
Dentro de este renglón, de acuerdo con especialistas consultados por Crónica Uno, se pueden incluir los hechos ocurridos con la elección de gobernadores de 2017 y los casos de Bolívar —donde el candidato Andrés Velázquez denunció el forjamiento de actas para negar su victoria— y Zulia, en esos mismos comicios, en los que se le impidió al opositor Juan Pablo Guanipa proclamarse como gobernador, por no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente.
El uso de la vía judicial, de acuerdo con especialistas, también ha sido una forma de “torcer” resultados electorales, como ocurrió en el caso de los legisladores de Amazonas, elegidos en las parlamentarias de 2015.
Esto deja ver que el 28 de julio no fue la primera vez, durante el gobierno de Nicolás Maduro, que son cuestionados o rechazados los resultados de unos comicios.
En este recuento te contamos algunos episodios que marcaron procesos electorales en los últimos 10 años:
Los diputados de Amazonas (Parlamentarias de 2015)
El 6 de diciembre de 2015 la oposición logró una contundente victoria sobre el chavismo al ganar, por voto popular, 112 escaños en el Parlamento Nacional.
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia en la que ordenó la suspensión del acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro parlamentarios por representación indígena que resultaron vencedores entonces en Amazonas.
Se trató de Julio Ygarza, Nirma Guarulla, Romel Guzamana (los 3 de oposición) y Miguel Rodríguez (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV), a quienes la orden judicial les impidió proclamarse para favorecer la petición de la chavista Nicia Maldonado, también candidata por esa entidad, ante el Supremo.
Al considerar que la proclamación fue un acto ejecutado previo a la sentencia, el máximo tribunal emitió una nueva instrucción pidiendo la desincorporación de los diputados electos en Amazonas, una orden con la que la Asamblea de entonces cumplió para evitar caer en desacato, figura que el Supremo igual empleó en otras sentencias desconociendo actos legislativos.
La Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio de 2017)
La elección de los constituyentes de 2017 se planteó en un proceso electoral y con motivaciones distintas a las proscritas en la Constitución de Venezuela, que establece que una Constituyente debe ser convocada previa consulta ciudadana y con el fin de crear un nuevo ordenamiento jurídico en la nación.
El proceso, ampliamente criticado por constitucionalistas y expertos en leyes, fue justificado por Nicolás Maduro como una convocatoria con los objetivos de la “preservación de la vida en el planeta”, el impulso de la “Venezuela Potencia” en materia económica, la defensa de “la soberanía e integridad de la nación” y la “constitucionalización” de las comunas, los consejos comunales y los programas sociales llamados misiones.
Un informe del Observatorio Global de Comunicación y Democracia detalla que en estos comicios se dejaron de ejecutar 12 de las 19 auditorías correspondientes a las elecciones venezolanas para certificar la transparencia del proceso y determinar el número de votantes.
El observatorio destacó que en esa ocasión, y a diferencia de los procesos anteriores, el CNE no hizo públicos los datos que “permitían conocer los resultados de forma detallada por estado, municipio, centro electoral y mesa de votación”, y solo emitió dos boletines en los que se anunció el total de participación registrado en la jornada (8.089.320 electores) y los candidatos ganadores.
En ese entonces, la empresa proveedora de la tecnología electoral, Smartmatic, denunció que los datos provistos por las autoridades electorales al término de los comicios carecían de consistencia.
El fraude denunciado en Bolívar (15 de octubre de 2017)
En las elecciones de alcaldes y gobernadores celebradas el 15 de octubre de 2017, el CNE publicó, cerca de la medianoche, los resultados de los comicios que en el estado Bolívar daban como ganador al opositor y dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, con total de 272.834 votos (49,38%) sobre el candidato del PSUV Justo Noguera, con 268.075 de los votos (48,52%) de un total de 98.1% de actas transmitidas.
No obstante, el 18 de octubre, la Junta Regional Electoral de Bolívar proclamó como gobernador al aspirante chavista con un conteo de 99,82 % de las actas escrutadas que daban a Noguera 49,09 % de los votos a favor.
Velásquez denunció los hechos ante el ente electoral y el TSJ, pero nunca recibió respuesta alguna al respecto y el candidato chavista ejerció la gobernación.
“Tras la denuncia formulada por Velásquez el 23 de octubre se evidencia como los resultados de 11 actas electorales no coinciden con los datos que originalmente fueron transmitidos siguiendo el protocolo dictado por el sistema automatizado, sino que, fueron transcritos de forma manual para alterar los resultados y favorecer al candidato oficialista”, concluye un informe del Observatorio Global de Comunicación y Democracia.
El desconocimiento a la voluntad popular en Zulia (15 de octubre de 2017)
También en esta elección tuvo lugar la victoria del opositor Juan Pablo Guanipa, declarado el ganador en el estado Zulia con 691.547 votos, el 51.06 %. sobre su principal contrincante, el chavista Francisco Arias Cárdenas que logró 631.594 votos para un total de 47.13 %.
El informe del observatorio sobre estos comicios recuerda que antes de estas elecciones, Nicolás Maduro anunció que los gobernadores electos tendrían la obligación de juramentarse y subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente establecida ese mismo año, a lo que Guanipa se negó.
Entonces, de los cinco candidatos de oposición que resultaron ganadores en en 2017, eligieron a cuatro en Táchira, Nueva Esparta, Anzoátegui y Mérida los que accedieron a juramentarse ante la constituyente y pudieron ejercer sus funciones, mientras que a Guanipa lo desconoció esta instancia y, en su lugar, designaron como gobernadora encargada a la presidenta del Consejo Legislativo, Magdely Valbuena.
Los comicios fueron repetidos en Zulia en diciembre de ese año y resultó electo el chavista Omar Prieto.
Referendo sobre la región de la Guayana Esequiba (3 de diciembre de 2023)
El 3 de diciembre de 2023 se efectuó un referendo consultivo sobre la región de la Guayana esequiba impulsó el Ejecutivo venezolano, con el objetivo de obtener apoyo popular en la disputa territorial con Guyana por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.
La organización Espacio Público emitió un reporte de este evento en el que denunció que se trató de un proceso “inmerso en la opacidad”, con una convocatoria “sin que la sociedad venezolana conociera cuál era el contenido de la solicitud, los requisitos que cumplía, ni las preguntas que se iban a someter a consulta”.
Asimismo, indicó que, a diferencia de otros procesos electorales, el CNE no publicó los resultados del primer y segundo boletín en el portal web del ente electoral al día siguiente de los comicios.
“Esta omisión se asemeja a la falta de publicación de los resultados del proceso electoral de la constituyente de 2017 en la página web del CNE”, remarcó la ONG.
Elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024
Tras cumplirse casi dos semanas de la celebración de las presidenciales del pasado 28 de julio, la página web del CNE sigue caída y el ente electoral aún no ha hecho públicos los resultados detallados que dan como ganador, según los boletines emitidos por el Poder Electoral, a Nicolás Maduro.
El CNE emitió un primer boletín en el que daba a Maduro como ganador con el 51,20 % de los votos y, cinco días después y en medio de denuncias de fraude electoral, ofreció un segundo informe con el 96,87 % de las actas escrutadas.
En este segundo boletín, el presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, afirmó que Maduro obtuvo 51,95 % de los votos, mientras que el candidato de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, alcanzó el 43,18 %.
Entretanto, la oposición publicó en una página web actas de la elección que prueban que el ganador de la contienda fue Edmundo González, con el 63 % de los votos y retó al ente comicial a publicar los resultados desglosados, petición a la que se han sumado gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.
En cambio, Nicolás Maduro introdujo un recurso ante el Supremo para que sea la Sala Electoral del Poder Judicial la que “certifique” los resultados de los que aún no hay pruebas.
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