A solicitud de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional aprobó, estemartes 13 de agosto, otros 20 artículos del proyecto de ley que pretende fiscalizar las ONG. Sin embargo, se difirió la discusión de los cinco artículos restantes.
Caracas. La respuesta de la Asamblea Nacional (AN) a la petición de Nicolás Maduro de que agilizara leyes para regular las redes sociales en Venezuela, en el marco de las protestas poselectorales y el rechazo a su Gobierno, no se hizo esperar y este martes, 13 de agosto, se retomó la segunda discusión.
La segunda discusión de Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines, diferida el 21 de mayo, tras la aprobación de nueve de 39 artículos –según proyecto al que pudo tener acceso la prensa–, se retomó en medio del receso parlamentario levantado el lunes pasado por instrucción del propio presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez.
La discusión se incluye en el marco del trabajo parlamentario para la aprobación de “un paquete de leyes” para “cuidar y defender” a la población de la “difusión de ideas fascistas y de odio en las redes sociales”, dijo Rodríguez, el lunes.
La discusión
El pleno de la AN aprobó sin ninguna dilación 20 artículos de la norma, hasta que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y diputado Diosdado Cabello, uno de los impulsores de este proyecto, se quejó del contenido del artículo 30 en el que se establece la “suspensión del funcionamiento” de cualquier ONG por parte del Ministerio de Justicia por “un lapso máximo de 30 días”, si existen motivos suficientes para considerar algún incumplimiento.
El artículo establece que la organización queda sometida a un proceso judicial de disolución y que, en caso de que el órgano jurisdiccional no se pronuncie, se levanta la medida preventiva.
Cabello refutó el lapso planteado en el texto legal y propuso que este artículo contemple la suspensión por tiempo indefinido y no por los 30 días planteados.
“Debe decir ‘o hasta tanto’, porque sino van a seguir funcionando”, dijo Cabello, a lo que el presidente del Parlamento le respondió que si era correcto decir “hasta tanto, ¿o quieres que se quite?”.
Esto llevó a que fuese diferida la discusión de los artículos restantes de la ley para una nueva sesión.
Rechazo internacional
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este martes su preocupación por la posible aprobación de este proyecto de ley, así como del proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares.
“Insto a las autoridades a que no adopten estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país, en el interés de la cohesión social y el futuro del país,” afirmó Türk en un comunicado de prensa en el que manifestó su “profunda preocupación” por el creciente número de detenciones arbitrarias en el país.
También me preocupa que a algunas personas se les haya cancelado el pasaporte, lo que parece ser un acto de represalia por su trabajo legítimo en el país. Todo esto está exacerbando las tensiones y fragmentando aún más el tejido social de Venezuela“, dijo el alto comisionado.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación, Gina Romero, también se pronunció sobre la aprobación de la ley Anti-ONG y recordó que meses atrás se pronunciaron para indicar sus falencias y los riesgos que implica esta norma.
“La reanudación del estudio del proyecto de Ley, se realiza en un contexto de ‘feroz represión’ post-electoral contra activistas, periodistas, abogados/as, ONG, etc. que ha creado un ‘clima de temor generalizado’ en Venezuela”, dijo en su cuenta en X.
La cuestionada ley
El proyecto de ley que regula las ONG lo presentó el primer vicepresidente del PSUV en enero de 2023, cuando aseveró que en Venezuela al menos 62 organizaciones de este tipo eran “apéndices del imperialismo” que buscaban desestabilizar.
Esta ley la cuestiona la sociedad civil venezolana y por organismos y funcionarios internacionales como el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
El texto deja en manos del gobierno de Maduro la potestad para suspender y disolver las ONG en Venezuela, si estas no se apegan al régimen jurídico que plantean aplicar.
También obliga a las ONG a entregar mucha de su información, entre ellas quienes son sus financistas, algo que pudiera amenazar el funcionamiento de las organizaciones, sobre todo en un país donde hay precedentes de persecución.
Las prohibiciones más importantes
De acuerdo con el proyecto de ley al que tuvo acceso la prensa, se establecen las prohibiciones formales como recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos y realizar actividades políticas.
También se prohíbe promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República y “cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”.
Además, se califica como incumplimientos para las organizaciones no inscribirse en el registro, no registrar los actos, no mantener un libro de conformidad con lo que establece la ley y el incumplimiento de la obligación de coadyuvar con el Estado en las actividades de control y fiscalización.
En cualquier caso de un ilícito se aplica una multa de 50 petros (3000 dólares) y que se incrementará por cada falta cometida hasta un máximo de 200 petros (12.000 dólares).
Además, se señala que cuando la falta sea por omisión del deber de notificar las donaciones, el castigo será una multa “equivalente al doble de la cantidad percibida”.
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